El XV Congreso Canario de Derecho Urbanístico reclama un pacto urbano que combine vivienda asequible y turismo responsable
Expertos piden afrontar la emergencia habitacional en Canarias y regular la vivienda vacacional para recuperar el equilibrio entre habitar y desarrollar
El XV Congreso Canario de Derecho Urbanístico, organizado por la Asociación Canaria de Derecho Urbanístico (Acadur), concluyó en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria con una clara reivindicación: alcanzar un pacto urbano que combine vivienda asequible, sostenibilidad, turismo responsable y seguridad jurídica. El encuentro, que reunió a juristas, economistas, arquitectos y representantes públicos, puso sobre la mesa la urgencia de afrontar la emergencia habitacional y regular el uso de la vivienda vacacional para garantizar el derecho a habitar las islas.
Un foro para redefinir el modelo urbano de Canarias
Bajo el lema “Ciudades del siglo XXI”, el congreso se desarrolló durante tres jornadas en el Paraninfo de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, convirtiéndose en un espacio de análisis sobre el futuro urbano del Archipiélago.
En la inauguración, la alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias, y representantes insulares y autonómicos coincidieron en que “la vivienda es el nuevo eje del derecho a la ciudad”. Los ponentes abordaron temas clave como la presión del turismo sobre el suelo residencial, la crisis de acceso a la vivienda, y el solapamiento normativo que afecta al planeamiento urbano.
Déficit de vivienda pública y necesidad de planificación
La primera jornada destacó la insuficiencia del parque público de vivienda en España, que apenas alcanza el 2,5% frente al 20% de ciudades como Viena. Los especialistas reclamaron una estrategia sostenida para ampliar la oferta de vivienda asequible y fortalecer la planificación urbana como herramienta de cohesión social.
El abogado Enrique Bueso advirtió que “destinar un tercio de los ingresos familiares al pago de la vivienda sitúa a muchas familias al borde de la exclusión”. La jurista Dolors Clavell añadió que la declaración de zonas tensionadas “no puede ser la única solución”, mientras que el arquitecto Gerardo Roger Fernández calificó de “desastrosa” la política de vivienda de las últimas décadas.
El investigador austríaco Alexis Mundt presentó el modelo de Viena como referente europeo por su mezcla social y planificación a largo plazo, una estrategia que “evita guetos y garantiza el acceso igualitario a la vivienda”.
Turismo y vivienda vacacional: un equilibrio necesario
La segunda jornada se centró en la relación entre turismo y vivienda, uno de los principales desafíos del urbanismo canario. Los expertos coincidieron en que la expansión del alquiler vacacional y la falta de suelo residencial han tensionado el mercado hasta niveles inasumibles.
El economista Antonio Garzón describió la situación como “un cóctel letal” entre la falta de suelo, la Ley de Vivienda de 2023 y el uso intensivo de viviendas con fines turísticos. La abogada María José Estrada reclamó “una ordenación clara del suelo residencial frente al turístico”, mientras que el viceconsejero de Turismo, José Manuel Sanabria, reconoció que “encontrar una vivienda por menos de mil euros es casi imposible en algunas zonas del Archipiélago”.
Desde el ámbito municipal, la alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la AMTC, Onalia Bueno, defendió la necesidad de una “vivienda vacacional controlada, registrada y de calidad”, y propuso aplicar una tasa turística finalista que contribuya a financiar nuevas promociones de vivienda pública.
Juristas y expertos piden seguridad jurídica y especialización
La jornada de clausura reunió a magistrados del Tribunal Supremo y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que abordaron las últimas sentencias sobre vivienda vacacional y ordenación del territorio.
El magistrado Evaristo González cuestionó si “existe realmente un derecho fundamental a explotar viviendas vacacionales”, recordando que “no cumplen una función social y agravan la crisis habitacional”. Su homólogo, Wenceslao Olea Godoy, subrayó la necesidad de reforzar la seguridad jurídica en la aplicación de los convenios urbanísticos para evitar errores del pasado.
La catedrática Marta Lora-Tamayo alertó del “solapamiento normativo” entre administraciones, que “genera una enorme inseguridad jurídica”, mientras que el catedrático Manuel Jesús Sarmiento insistió en que la emergencia habitacional debe definirse jurídicamente para poder abordarla con eficacia y plazos concretos.
El fundador de Acadur, Juan José Santana Rodríguez, cerró el bloque recordando que “no sirve de nada tener leyes si no se saben aplicar”, apelando a una mayor formación y especialización en urbanismo.
Canarias, ante el reto de un nuevo pacto urbano
El vicepresidente de Acadur, Ángel Lobo, y el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez, clausuraron el encuentro destacando que “el urbanismo no es un fin en sí mismo, sino una herramienta para mejorar la vida de las personas”.
Rodríguez anunció la construcción de más de dos mil viviendas públicas como parte de una estrategia del Gobierno autonómico para responder a la emergencia habitacional y avanzar hacia un modelo urbano equilibrado.
El congreso concluyó con un homenaje a Eduardo Cáceres Morales, Federico García Barba y Fernando Senante Mascareño, figuras destacadas del urbanismo y la ordenación territorial en Canarias. Con una participación récord y el respaldo académico de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, el encuentro se consolidó como foro de consenso para impulsar un modelo urbano sostenible, inclusivo y adaptado al siglo XXI.
