El gas en San Bartolomé de Tirajana: ¿utilidad pública o privada?
No a la entrada del gas en nuestro municipio
Vecinas y vecinos de San Bartolomé de Tirajana estamos presentando alegaciones para parar la entrada de gas en nuestro municipio.
No es que los actuales responsables públicos nos hayan informado. No. De pronto nos enteramos por la prensa de que hay un expediente, el RGC-2017/0002, en exposición pública desde el pasado 14 de marzo y que va a estar durante 30 días naturales por si alguien quiere decir algo al respecto.
¿Qué pretenden?
La empresa Nedgia Cataluña SA (antigua Gas Natural Distribución) solicita autorización administrativa para poner dos plantas (una en El Tablero y otra en Meloneras) para almacenar y distribuir gas a través de 164.000 metros de tubos en: Maspalomas, Meloneras, Campo Internacional, Playa del Inglés, Sonneland, El Tablero, San Fernando, Alborada, San Agustín y Playa del Águila. Para ello pretenden invertir 7.562.171, 77 euros. Es decir, pretende:
Ponernos en el municipio dos plantas de almacenamiento de gas
Abrir en canal una parte muy importante de nuestro territorio para meter las tuberías que transportarán el gas junto a múltiples poblaciones y miles de personas y familias.
Hacerlo en silencio, es decir, sin informar a la población de una manera clara y eficaz, como la gravedad del asunto requiere. Tal como lo fueron a hacer con el Plan General de Ordenación, que finalmente la propia población afectada logramos parar con más de 16.000 alegaciones.
Beneficiar a una empresa privada haciéndonos creer que es un beneficio para todos nosotros. Y la ciudadanía organizada demostró en Granadilla (Tenerife) que aquel proyecto de regasificadora era enormemente perjudicial y contrario a la legislación autonómica, estatal y europea. Y, por eso, no se ha instalado. Y, como decimos en las alegaciones que ya estamos presentando, beneficia sólo a unos pocos y nos perjudica a la gran mayoría de la población actual y a la futura.
Además, muchos nos estamos preguntando por qué se ha solicitado que el Gobierno de Canarias declare este proyecto de interés general. Y por qué el consejero del área no hace más que justificar públicamente, cada vez que el tema sale a colación, esta solicitud de autorización administrativa.
¿Prevaricación si no la admite a trámite? Que se pregunte el señor consejero por qué no la rechaza de plano fundamentándose en la legislación canaria, en la estatal y en la europea, que nos obliga (a él también) a velar a corto, medio y largo plazo, por nuestra seguridad, por la mejora de nuestra vida personal y colectiva y por el interés general y no el beneficio de unos pocos.
Y lo más grave, indignante y rechazable de todo esto es que pretenden introducir un combustible contaminante aprovechándose de la desinformación de la mayoría de la población sobre este grave asunto y, además, sin dar, con tiempo y con datos reales, la información y la formación adecuadas acerca de sus negativas consecuencias. Porque exponer a información pública en las dependencias municipales un proyecto de esta envergadura durante 30 días naturales y sin ninguna otra información, proceso de debate, etc., es, simplemente, una tomadura de pelo en toda regla.
Llamamos, una vez más, a toda la población a que, como ya hicimos entonces con el Plan General de Ordenación de San Bartolomé de Tirajana, nos levantemos y presentemos miles de alegaciones para parar, con la fuerza de nuestra unión de nuestra inteligencia, este nuevo ataque que, con la complicidad de algunas instituciones públicas y privadas, quieren imponernos, de momento, en San Bartolomé de Tirajana.