¡Hasta en la guerra hay normas!
Carlos Álamo Cabrera
Secretario General del PSOE en San Bartolomé de Tirajana.
Escribo estas líneas sorprendido y preocupado por una forma de proceder por parte de un compañero de actividad que entiendo ha superado las líneas rojas en el ejercicio ético y moral de lo que debe ser la práctica política y que no podemos permitir que ocurra o al menos quede sin consecuencias.
Asistimos atónitos como el insulto y el menosprecio, la mala praxis así como su normalización, se han convertido en rutina diaria en el Congreso de los Diputados. Preocupa y mucho la degradación del debate a la que someten, algunos políticos, a una actividad que, recordemos, es de compromiso ante la sociedad y de responsabilidad pública. Sabemos que el juego político tiene su propio proceder y sus intereses, ante la necesidad de algunos por ocupar un cargo a toda costa, pero sinceramente nunca había presenciado, en el ámbito regional, un episodio tan grave y denigrante como el que hemos visto, que ya conocíamos pero que ha quedado meridianamente claro estos últimos días en torno al caso del Congreso de Administración local y funcionarios con habilitación San Bartolomé de Tirajana – Santa Lucía. Por eso, permítanme una reflexión.
Soy consciente, como digo, que para algunos todo vale en política: el fin justifica los medios y el engaño al electorado es parte de su proceder diario. No debería ser así pero por desgracia, los malos políticos lo tienen estandarizado y de ahí el rechazo justificado de una parte importante de la sociedad a la que representamos. No lo es para mí. En absoluto. Y con estas líneas soy consciente de que me impongo un listón ético y moral que acepto sin reservas, puesto que ya lo tenía, como es mi obligación, como Secretario General de los Socialistas de San Bartolomé de Tirajana, especialmente a la hora de denunciar lo que entendemos como un episodio de maltrato a una compañera, como ha sucedido en torno a la figura de Concepción Narváez. Pero también escribo desde una certeza, fundamentada en dos décadas de ejercicio político, y que defenderé siempre, al ser consciente de que la inmensa mayoría de los compañeros de vocación, el 99%, ya sean de mi partido o antagónicos en ideas o programas, son en esencia buenas personas y realizan su labor de manera responsable con el objetivo común de mejorar las vidas de nuestras vecinas y vecinos. Para eso estamos aquí.
El año pasado, durante el mes de febrero, no había dudas. Sólo verdades contundentes. Salió en todos los medios, con algún viaje incluido a Madrid para sentarse ante las cámaras de canales nacionales y denunciar todo tipo de argucias, tejemanejes y corrupción en el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana. Entonces no hubo ningún problema en señalar una y otra vez a la alcaldesa Concepción Narváez, incluso interponer una denuncia penal. Ha sido un año y medio de presión desmedida, a la que se ha sometido a la entonces alcaldesa. Un tema que no sólo ha tenido que soportar ella, también su entorno… hijos menores incluidos. Entonces había unas elecciones en el horizonte y había que eliminar a todo costa a un rival político.
Ahora, casi un año después, nos hemos enterado de que los que antes vendían verdades ahora se desdicen de todo mediante un escrito presentado ante el Tribunal de Cuentas. Ahora, sin distinción entre interventora y alcaldesa, ya que en el escrito presentado no se habla de personas sino de hechos, dicen que todo se tramitó correctamente y reconocen que no se incurrió en ninguna de las irregularidades presentadas anteriormente, cuando tocaba hundir a una compañera. Es el todo vale y el peor de los populismos para engañar y alterar un proceso electoral, engañando también a los medios de comunicación que se hicieron eco de estas verdades efímeras. ¿Todo vale? En mi opinión, no.
En el escrito presentado al Tribunal de Cuentas se aclara que no se cometió irregularidad alguna, especialmente con relación a la contratación de las actuaciones musicales, como en el propio contrato del congreso y se admite que no se ha efectuado pago alguno derivado o con relación a los hechos denunciados. Es decir, primero ataco, sin importar el daño que causo, que no sólo es político, y luego, con el proceso electoral terminado y con la justicia haciendo horas, recojo velas no vaya a ser que me toque pagar a mí y de paso, a lo mejor, mejoro mi relación con la funcionaria que hace poco más de un año puse a los pies de los caballos. Para más vergüenza, el texto solicita al Tribunal apartar al representante de Coalición Canaria del proceso. El colmo.
Sus palabras están ahí, en la prensa, negro sobre blanco, para quien las quiera repasar. Entre otras ‘bondades’, dijeron que los denunciados eran conscientes del dispendio del dinero realizado, que era innecesario, caprichoso y no reportaba un bien a la colectividad; que lo hicieronen beneficio propio, para un grupo reducido de personas, siendo este torcido e injustificado. Pues ahora dice que no. Todo lo contrario. Que todo fue correcto. ¿Ahora…?
En mi humilde opinión esto no puede quedar sin una profunda reflexión, en un ejercicio de responsabilidad de la manera correcta de ejercer la labor política y los efectos que tiene en la sociedad, especialmente con relación al desapego que siente una parte de la ciudadanía hacia la política que implica, en mi opinión y con el ejemplo de una mayoría inmensa de compañeros, una responsabilidad superior.
En 20 años no me había encontrado con un caso tan bochornoso. Lo cierto es que en este episodio se han saltado todas las líneas rojas y me hace pensar que esta catadura moral, la falta de principios éticos y de empatía de representantes que no tienen ningún rubor a la hora de atacar a un rival político, sólo esgrimiendo vaguedades y utilizando la justicia como arma en un duelo político.
“Hasta en la guerra hay normas…”, decía mi abuela. En mi opinión, estas personas no están capacitadas y no deben seguir representando a un municipio y a una ciudadanía como la de San Bartolomé de Tirajana. Mientras tanto, el daño ya está hecho y no hablo del daño a la propuesta del PSOE en San Bartolomé de Tirajana. Lo que queda más deteriorado es, una vez más, la vocación de servicio público que debe ser una cualidad inherente a la de buena persona y que debe tener, sí o sí, cualquiera que aspire a ser buen político.
Desde el PSOE de San Bartolomé de Tirajana expresamos nuestro profundo malestar. Desde aquí, además, exigimos responsabilidades. Esto no se puede permitir. En nuestra mano está el que nuestra actividad, LA POLÍTICA, sea de nuevo respetada y entendida por la ciudadanía.
