Izquierda Unida Canaria apuesta por la gestión pública del agua en Canarias
Este 22 de marzo el mundo conmemora el elemento más importante en la vida diaria de los seres vivos, ya que sin el agua sería imposible concebirla tal como la conocemos. Sin embargo, de su necesidad han nacido los mercados.
Se ha normalizado desde las instituciones la privatización de este bien natural alegando una mejor gestión, servicio y calidad. Tanto es así, que en Canarias gran parte de los municipios cuentan con empresas que gestionan este recurso como un bien de consumo más, poniendo por delante intereses mercantiles de grandes multinacionales que no han sentido ningún pudor a la hora de contaminar determinados lugares estratégicos para fomentar la venta de “su” producto.
Izquierda Unida Canaria (IUC) ve en este Día Mundial del Agua una jornada de reivindicación frente a la celebración. Tal como expone Ramón Trujillo, coordinador nacional de IUC, “hay que enfatizar la necesidad de que la gestión del agua sea pública para evitar los sobrecostes que ocasiona la privatización y, sobre todo, la corrupción que genera en las capitales canarias. Importantes ciudades europeas están remunicipalizando la gestión del agua a la luz de lo negativas que han sido las experiencias privatizadoras, o sin ir más lejos, en La Palma solamente 4 de los 14 municipios tienen el servicio privatizado”.
La formación de izquierdas, por otra parte, hace hincapié en el aprovechamiento del agua como elemento primordial para nuestra industria, agricultura, ganadería y sector servicios. Ejemplos como el de Gran Canaria o Lanzarote, que cuentan con una red importante de depuradoras, deben marcar la senda a seguir en el archipiélago en los próximos años. En este sentido, tampoco hay que desdeñar otro tipo de fuentes, como puede ser el uso de desaladoras.
Cabe destacar además que en los últimos tiempos han surgido varios proyectos relacionados con el agua para generar energía en las islas, como el planteado en Las Caletillas (Tenerife), hacen indispensable que desde el sector público se proteja y se valore el agua como recurso natural básico e imprescindible para el desarrollo de nuestra tierra.
