José Carlos Álamo, el concejal ausente: un año sin avanzar el proceso de 32 policías y una gestión de seguridad en ruinas
Marco Aurelio y Marichal utilizan las oposiciones del policía local con intereses electorales, copiando políticas de hace más de 30 años.
Samuel Henríquez presentará en los próximos días formalizará una queja ante el Diputado del Común de Canarias, solicitando su intervención inmediata para esclarecer las responsabilidades administrativas derivadas de esta paralización

San Bartolomé de Tirajana sufre una crisis de seguridad cada vez más evidente. Y mientras tanto, el concejal de Seguridad, José Carlos Álamo, se parapeta en declaraciones grandilocuentes, pero con promesas vacías. Ayer mismo afirmó que el proceso de selección de 32 plazas de Policía Local “se está desarrollando con todo el rigor administrativo”. Pero esa afirmación no solo es falsa: es una falta de respeto a los cientos de aspirantes a policía sino también a toda la ciudadanía. Nada más lejos de la realidad: el proceso está paralizado desde hace casi un año y viciado presuntamente de nulidad administrativa y su nulidad jurídica es evidente por incumplimiento flagrante de las bases que lo regulan.

La realidad es que el procedimiento lleva paralizado casi un año, incumpliendo flagrantemente las propias bases reguladoras de la convocatoria, aprobadas mediante Decreto 2406/2023, de 18 de mayo, y modificadas por el Decreto 4452/2023, de 23 de agosto. Dichas bases, publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Las Palmas, establecen expresamente en su base 7.4 que no pueden transcurrir más de 45 días naturales entre una prueba y la siguiente. Las pruebas físicas se celebraron entre los días 17 y 21 de junio de 2024. Desde entonces han pasado más de once meses sin que se haya publicado resultado alguno ni convocado la siguiente fase del proceso. Este incumplimiento podría suponer la nulidad de pleno derecho del procedimiento y una vulneración grave del principio de celeridad recogido en el artículo 14 del Real Decreto 364/1995.
En estas condiciones, el procedimiento podría encontrarse viciado de nulidad de pleno derecho, conforme al artículo 47.1 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al haberse incumplido las propias reglas esenciales del proceso establecidas en las bases de la convocatoria y ello podría llevar a la posible pérdida también de estas 32 plazas de policía tan necesarias, como sucedió el pasado año con otras 12 plazas, si no se actúa con celeridad administrativa.
Mientras esto sucede, el concejal presume en medios de “rigor administrativo”, ni siquiera ha sido capaz de solicitar un informe técnico o jurídico que avale la paralización del proceso. La contradicción entre lo que dice públicamente y lo que hace institucionalmente es total: se proyecta como gestor, pero actúa como espectador. Es difícil encontrar un ejemplo más flagrante de irresponsabilidad política, señala Henríquez.
Ante esta situación, el concejal del Ayuntamiento y portavoz de Municipalistas Primero Canarias, Samuel Henríquez, ha presentado formalmente una denuncia ante el Alcalde de San Bartolomé de Tirajana en la que se expone no solo la infracción de las propias bases, sino también la afectación directa a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (art. 23 CE), así como al artículo 55 del TREBEP. La denuncia recuerda que el Tribunal Calificador no ha ofrecido justificación técnica o jurídica alguna que avale esta paralización, lo que podría abrir la puerta a exigir responsabilidades, conforme a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, por dilaciones injustificadas en procesos selectivos.
Esta situación supone también una clara vulneración del derecho de los cientos de aspirantes a policía local a un proceso transparente y conforme a derecho, tal y como reconocen el artículo 23 de la Constitución Española y el artículo 55 del Real Decreto Legislativo 5/2015 (TREBEP). La falta de información y la paralización sin justificación afectan gravemente los principios básicos de transparencia y buen gobierno.
Esta parálisis genera incertidumbre, frustración y desamparo entre los aspirantes, muchos de ellos jóvenes que han invertido muchísimo tiempo preparándose, dinero y esfuerzo familiar en una convocatoria que hoy podría estar ya jurídicamente muerta. Mientras tanto, José Carlos Álamo sigue sin ofrecer una explicación pública, sin adoptar ninguna medida correctora y sin asumir su responsabilidad política. Lo único que ha hecho ha sido acudir a actos institucionales para sacarse fotos, ignorando durante meses los reiterados requerimientos para que reactivase el expediente.
Resulta escandaloso que el mismo concejal que presume de “rigor administrativo” ante los medios sea quien ha permitido que un proceso selectivo clave para reforzar la plantilla policial pueda estar jurídicamente muerto por incumplimiento flagrante de las propias bases. Ni ha actuado, ni ha respondido, ni ha mostrado la más mínima empatía con los cientos de aspirantes, a quienes se ha condenado a una incertidumbre insoportable. La pregunta que muchos se hacen ya no es si va a actuar, sino si tiene intención real de asumir su responsabilidad política ante semejante fracaso.
Los aspirantes y sus familias merecen respeto, certidumbre y una administración que esté a la altura de su sacrificio. Lo que hoy tienen es silencio, desprecio y propaganda, denuncia Samuel Henríquez, concejal del Ayuntamiento y portavoz de Municipalitas Primero Canarias en San Bartolomé de Tirajana.
Esta situación, más allá de afectar a los opositores, está deteriorando gravemente la credibilidad institucional del Ayuntamiento. Cuando un procedimiento selectivo queda bloqueado durante casi un año sin explicación ni amparo jurídico, lo que se erosiona no es solo la imagen de un concejal, sino la confianza de la ciudadanía en toda la administración pública. La falta de gestión ha pasado de ser un problema interno a convertirse en un problema democrático.
Por todo ello, Samuel Henríquez ha anunciado que en los próximos días formalizará una queja ante el Diputado del Común de Canarias, solicitando su intervención inmediata para esclarecer las responsabilidades administrativas derivadas de esta paralización. Dicha queja incluirá la exigencia de apertura de expediente, la destitución del actual tribunal calificador por inoperante y la reactivación urgente del proceso selectivo si jurídicamente fuera posible. Y si el procedimiento ha quedado viciado de nulidad, como todo parece indicar, se deberá iniciar una nueva convocatoria de manera inmediata, sin más demoras ni maniobras políticas para no perder también estas 32 plazas de policía local tan necesarias para el municipio. San Bartolomé de Tirajana necesita más policías ya, no en vísperas de unas elecciones.
San Bartolomé de Tirajana necesita más policías ya, no como una moneda electoral ni como parte de un calendario político. Si el concejal José Carlos Álamo y el alcalde Marcos Aurelio Pérez no están dispuestos a actuar con responsabilidad y urgencia, deben dar un paso al lado y dejar paso a quienes sí estén capacitados para gestionar con seriedad y respeto hacia la ciudadanía.
Samuel Henríquez Quintana
Concejal del Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana
Portavoz de Municipalistas Primero Canarias


