La alcaldesa de Mogán rechaza informar sobre la viabilidad del aparcamiento de pago de Arguineguín
La oposición en el Ayuntamiento de Mogán, conformada por los grupos políticos de Nueva Canarias (NC) y el Partido Popular (PP), presentaron un escrito en el Ayuntamiento solicitando al secretario de la Corporación su pronunciamiento “sobre la legalidad urbanística del aparcamiento subterráneo que proyecta construir Onalia Bueno (Ciuca), con el apoyo del PSOE, en Arguineguín”.
Para ambas formaciones políticas es fundamental que el secretario se pronuncie sobre la situación urbanística de esta macro obra, y aclare si urbanísticamente se puede construir, ante el contenido de un informe suscrito en el 2010 por el actual viceconsejero de Política Territorial del Gobierno de Canarias, Jesus Romero Espeja, en el que advierte de la nulidad del planeamiento que afecta a la zona, dado que “la normativa de las Normas Subsidiarias de planeamiento del municipio de Mogán de 1988 fueron publicadas en el BOP de las Palmas el 19 de diciembre de 2008, en aplicación del art. 70.2 de la Ley reguladora de las bases del régimen local, aquellas entraron en vigor, a los quince días de su publicación, esto es en enero de 2009, debe concluirse que todo el planeamiento de desarrollo aprobado antes de su entrada en vigor es nulo de pleno derecho”.
Para sorpresa de los grupos de la oposición, la alcaldesa de Mogán Onalia Bueno dictó un decreto el pasado día 30 de agosto, en el que escudándose en un informe del secretario de la Corporación, rechaza la petición de informe formulada por la oposición. Dicho decreto, acuerda que “no procede la emisión de informe debido a que el secretario solo puede pronunciarse de forma previa y sobre materias que vayan a ser sometidas a consideración plenaria, por lo que como dicho expediente ya finalizó toda su tramitación no procede, por tanto, emitir el informe”. En opinión de ambos portavoces, Isabel Santiago (NC) y Maicol Santana (PP), “el decreto muestra la falta de transparencia de la alcaldesa de Mogán, y el poco respecto que el secretario muestra hacia los concejales de la oposición”.
Según expresaron, “el secretario utiliza la misma legislación para rechazar la petición del informe requerido por la oposición, que cuando justifica la emisión de informes a requerimiento de la alcaldesa”. Así lo recordaron los concejales de la oposición, en relación a dos decretos dictados por la alcaldesa en marzo de 2017, en cuyo encabezado se puede leer que el secretario informa como consecuencia de una petición verbal que le formuló la alcaldesa, contradiciendo por completo, la argumentación que ahora esgrime para rechazar la petición del informe requerido por la oposición. En dichos decretos, el secretario informa sobre dos recursos de reposición, que nada tenían que ver ni con el pleno, ni con los asuntos que se iban a debatir en el mismo. Así, insistieron en que “el secretario de la corporación, ha obviado sus obligaciones legales para con la oposición, en relación a otras peticiones de informes, y es que el 29 de marzo de 2017, presentaron una petición de informe sobre el concurso para la recogida de residuos sólidos, asunto que iba a ser sometido a consideración plenaria, que nunca tuvo respuesta, por parte del titular de la Secretaría”.
Los portavoces de NC y PP, Isabel Santiago y Maicol santana, respectivamente, han manifestado que no se oponen a la construcción de más zonas de aparcamientos en Arguineguín, pero rechazan el lugar escogido por Onalia Bueno (Ciuca) y Pino González (PSOE), por el grave perjuicio que van a suponer las obras para los usuarios del centro de Salud, del IES de Arguineguín, Servicios Sociales y de las viviendas aledañas. “Además -afirman los portavoces-, esta inversión va a convertir los aparcamientos que hoy son gratis, en aparcamientos de pago, y los vecinos pagarán tres veces esta inversión: por construirlo, por mantenerlo y por usarlo”. También recordaron que se tardará 50 años en amortizarlo y que el coste anual de mantenimiento es de 180.000 euros, lo que eleva el coste real a los 18 millones de euros.
Ante estos datos, objetivamente contrastables Santiago y Santana afirman que, “tanto la alcaldesa, Onalia Bueno, como el secretario de la corporación, están actuando de una forma absolutamente temeraria, pues hay fundamentos jurídicos muy sólidos e incontestables que hacen pensar que la construcción del aparcamiento es ilegal, pudiendo estar incurriendo en un claro delito contra la ordenación del territorio, en el caso en el que prosigan con la ejecución de la obra”.
La oposición no entiende el motivo por el que la alcaldesa de Mogán no quiere que se revise un expediente a la luz de estos hechos, pues de seguir adelante con la construcción, y acreditarse que no puede construirse el aparcamiento de pago, las indemnizaciones a las que tendría que hacer frente el Ayuntamiento de Mogán, junto con la devolución de la subvención, lo podrían situar al borde de la banca rota, sentenciaron.
