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La aportación del Gobierno a la recuperación de La Palma asciende a 1.237,5 millones de euros

El ministro Ángel Víctor Torres detalla en el Congreso el impacto económico y las nuevas medidas para reforzar la reconstrucción tras la erupción volcánica

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, compareció este jueves en el Congreso de los Diputados para actualizar el balance económico del Estado en la recuperación de La Palma desde la erupción volcánica de 2021. Según los datos oficiales del Comisionado para la Reconstrucción y los servicios de Intervención General, la aportación total asciende a 1.237,5 millones de euros, lo que supone casi el 72% de los fondos públicos movilizados para la isla.

Un esfuerzo económico que supera los 1.200 millones de euros

Durante su intervención, Torres subrayó que las ayudas estatales han permitido avanzar en la recuperación material, social y económica del territorio, aunque reconoció que “muchos sueños de los palmeros y palmeras no se van a recuperar”. Entre las partidas más significativas figuran los 53,7 millones destinados a infraestructuras municipales, 135 millones para planes de empleo específicos, 56,2 millones en actuaciones de Transportes y 108,9 millones vinculados al Ministerio de Transición Ecológica.

A ello se suman 240,7 millones en ayudas a empresas o indemnizaciones del Consorcio de Seguros, así como 478,5 millones en medidas fiscales y transferencias directas del Ministerio de Hacienda.

El Congreso estudia la convalidación del Real Decreto-ley 13/2025

La comparecencia del ministro se enmarcó en el debate sobre la convalidación del Real Decreto-ley 13/2025, que reúne nuevas medidas complementarias para seguir reforzando la recuperación de La Palma. Torres defendió que este instrumento legislativo da cumplimiento a los compromisos de la Agenda Canaria pactados para la presente legislatura.

Este marco normativo incorpora aspectos específicos que requerían aprobación legislativa, centrados en facilitar el acceso a ayudas, reforzar la protección social y acelerar proyectos estratégicos para los municipios afectados.

Las principales medidas: IRPF, agricultura, obras estratégicas y uso del superávit

Torres detalló las cuatro medidas centrales del real decreto-ley:

Bonificación del 60% del IRPF

Con un impacto estimado de 111 millones, permitirá que las familias de la isla dispongan de más renta disponible durante 2026.

Moratoria de pagos para agricultores

La norma incluye una moratoria del principal y de los intereses de préstamos y créditos -con y sin garantía hipotecaria- para agricultores de El Paso, Los Llanos de Aridane y Tazacorte.

Prórroga de proyectos vinculados a Transición Ecológica

Se extienden los plazos para ejecutar iniciativas aprobadas tras la erupción, como los viveros de Puntallana, la construcción del edificio del PLOCAN en Tazacorte y el Hotel Escuela Monterrey en El Paso.

Autorización para usar 100 millones del superávit

De forma excepcional, se permite emplear este superávit autonómico para compensar daños en fincas agrarias, pérdidas de renta y afectaciones por expropiaciones o por infraestructuras vinculadas a las coladas.

Colaboración institucional desde 2021

El ministro destacó la “colaboración interadministrativa ejemplar” que ha marcado la gestión de la emergencia, desde la evacuación y prevención inicial -que evitó víctimas mortales directas- hasta la ejecución de obras y programas de recuperación. Reinició su compromiso de mantener un marco de cooperación estable con el Gobierno de Canarias, el Cabildo y los ayuntamientos afectados.

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