La Fiscalía archiva la investigación por supuestos maltratos en el CADI de Las Longueras al no apreciar ilegalidad
- El ministerio público abrió diligencias informativas en octubre tras tener conocimiento de las denuncias de familiares de usuarios en un medio de comunicación, denuncias que no se han corroborado
Gran Canaria, 26 de enero de 2024. La Fiscalía Provincial de Las Palmas de Gran Canaria ha archivado al no apreciar ninguna ilegalidad, las diligencias informativas civiles abiertas a raíz de una información publicada en octubre pasado por un medio de comunicación sobre los supuestos malos tratos a varios usuarios del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) de San José de Las Longueras, en Telde, que gestiona la Consejería de Política Social y Accesibilidad, Igualdad y Diversidad, que dirige Isabel Mena.
La Fiscalía inició estas diligencias preprocesales el 18 de octubre de 2023 al tener conocimiento de la publicación en un medio de comunicación local de las declaraciones de varias personas que denunciaban un trato inadecuado sobre sus familiares y usuarios de este CADI por parte del personal del centro, asegurando que los mismos presentaban moretones y golpes. Tras conocer estas declaraciones hechas públicas a través de los medios de comunicación, la propia Consejería de Política Social puso en marcha todos los mecanismos de control y fiscalización establecidos para conocer la realidad de los hechos denunciados y establecer, en caso necesario, las medidas correctoras necesarias.
El ministerio público, con el fin de aclarar la realidad de los hechos denunciados, acordó recabar varios informes del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria (IAS) del Cabildo, y del Servicio de Inspección y Registro de Centros dependiente de la Viceconsejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias. Con los informes y documentación aportada por ambas instituciones la Fiscalía concluye que no se ha producido ningún ilícito criminal en el trato de los trabajadores del CADI de Las Longueras a ninguno de sus usuarios, por lo que procede al archivo de las diligencias.
La Fiscalía, en su decreto de archivo, reconoce que de la información y documentos recibidos tanto por parte del IAS como del Servicio de Inspección regional, “se observa el análisis detallado que de cada uno de los hechos denunciados se ha llevado a cabo tanto por el Cabildo de Gran Canaria como por el Gobierno de Canarias, sin que de las referencias dadas quepa estimar que los hechos que se hicieron públicos en el citado medio de comunicación puedan revestir los caracteres de ilícito criminal”.
La consejera Isabel Mena afirma que este archivo es un respaldo a la labor de los trabajadores de los centros de atención a las personas con discapacidad. “Queremos mostrar desde el Cabildo todo nuestro apoyo a esos trabajadores que, como ha quedado demostrado, prestan sus servicios con absoluta profesionalidad, atendiendo a las necesidades de los usuarios de esos centros, protegiéndolos y garantizándole los cuidados que ellos necesitan”, indicó la consejera Mena, “para el cabildo es una gran noticia que se hayan aclarado los hechos y esperamos que no se vuelva a generar una alarma social como esta, que afecta al trabajo diario de muchas personas y también a las garantías de seguridad que tienen muchas familias que tienen en estos centros a sus familiares”.
Desde el IAS se realizan controles periódicos sobre todos los centros de atención a personas mayores y con discapacidad que gestiona el Cabildo con inspecciones regulares que certifican que se cumplen todos los controles y protocolos de actuación con los usuarios por parte de las empresas concesionarias de estos servicios.
