La gestión pública de San Bartolomé de Tirajana: una ruina para los vecinos
El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana hace público que presiona a propietarios y precinta locales y no sólo no pasa nada, es que encima le saca rédito político.
La crisis nos enseñó a todos que si alguien te exige algo, que sabe de facto que no puedes cumplir, es porque lo único que persigue es quitarte todo lo que tienes.
Al caso.
Resulta que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana, después de décadas de dejación de funciones en disciplina urbanística, ha decidido ponerse manos a la obra. Hasta la fecha, esta herramienta de gestión y los funcionarios públicos que la ejecutan, han sido utilizados por unos y otros gobiernos como instrumento para beneficiar a amigotes o para arruinar “al otro”, mientras los pequeños permanecían en el inmovilismo para pasar desapercibidos. Esta forma económica de persecución política donde la pena, en lugar de la cárcel es la ruina y donde lo que se protege no es lo público sino determinados intereses privados, ha sido una realidad constante de este municipio, pero en estas últimas semanas está resultando sangrante.
La policía local ha precintado más de una decena de locales en la zona de ocio nocturno Plaza, Metro, Kasbah. Para que todos podamos entender lo que realmente está ocurriendo, es importante que recordemos que el precinto debe utilizarse como una medida disuasoria para conseguir lo que realmente se pretende (o se debe pretender), a saber, el cumplimiento de las distintas ordenanzas municipales y otras cuestiones administrativas y/o legales. Con un aviso emitido hace poco más de un mes se procede al precinto directo, sin mediación o diálogo con los propietarios (que pudieran estar atravesando problemas económicos que les impidan adaptarse a la nueva normativa o a la vieja no aplicada de forma generalizada). Se precinta y punto y si usted este mes no puede comer, ya sabe, cierre el quiosco y búsquese la vida, como todo el mundo. Para esto no necesitamos políticos ni policía ni toda esta lacra de administradores de lo público que asignan al ciudadano la incógnita problemática de todas las ecuaciones de la gestión pública, esta lacra para la que el ciudadano no es más que un estorbo para la implementación de pelotazos y suculentos negocios.
Son nuestros vecinos, llevan años sin coger vacaciones (si alguna vez las cogieron), trabajan más horas que el reloj y ahora, la misma administración que los ha convertido en ciudadanos de segunda en un municipio sin oferta cultural y escasez de servicios endémica, les dice que tampoco pueden ganarse el pan trabajando de sol a sol.
Basta ya de criminalizar a los ciudadanos que se encuentran en medio de los trapiches. Exigimos al Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana que colabore con los propietarios para asesorarles y ayudarles a atravesar colectivamente por la legalización que se pretenda, poniendo todos los medios a su alcance, económicos y humanos para llevarlo a término. No vamos a tolerar la gestión pública de la criminalización y las sanciones con el agravante de que se están produciendo además, en una zona donde la presión que se está ejerciendo sobre el suelo y las propiedades es ya conocida por todas las vecinas y vecinos de este municipio.
Davinia Arbelo, concejala electa por San Bartolomé También Puede
