La nueva Ley de Vivienda Vacacional provoca sanciones a residentes y abre un debate sobre su impacto real en Mogán

El caso de Antonia, vecina de Mogán sancionada por residir en su vivienda familiar, reaviva el debate sobre los efectos de la Ley de Vivienda Vacacional aprobada por el Gobierno de Canarias. El PSOE Mogán acusa a la normativa de castigar a residentes y beneficiar a grandes tenedores, mientras critica la postura actual de la alcaldesa Onalia Bueno.

Contexto: una ley que divide posiciones políticas y vecinales

La intervención reciente del diputado Gustavo Santana en el Parlamento de Canarias ha intensificado el debate en torno a la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de Viviendas, aprobada por el Gobierno autonómico. Santana sostuvo que la normativa está diseñada para proteger a los grandes tenedores de viviendas, dejando en situación de vulnerabilidad a residentes que utilizan sus hogares como vivienda habitual.

Este posicionamiento ha generado una respuesta pública por parte de la alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, quien ha criticado abiertamente los efectos de la normativa sobre los vecinos. Sin embargo, desde diversas fuerzas políticas se recuerda que Bueno fue parte activa de la estructura interna de Coalición Canaria, partido que impulsó la aprobación de la ley.

El caso de Antonia: una sanción que simboliza el conflicto jurídico

Uno de los ejemplos que ha trascendido públicamente es el de Antonia, vecina de Mogán que reside desde hace dos décadas en la vivienda familiar junto a su hija. Según denuncia la Plataforma de Afectados, Antonia ha recibido una sanción vinculada a la aplicación de la nueva Ley de Vivienda Vacacional, a pesar de no estar explotando su vivienda con fines turísticos.

Esta situación ha sido interpretada como un efecto directo de una norma que, según sus detractores, no aborda de forma adecuada la singularidad del uso residencial y puede generar inseguridad jurídica en hogares que no desarrollan actividad turística. El caso de Antonia ha sido tomado como referencia para ejemplificar las limitaciones de la normativa y las dificultades para su aplicación homogénea.

Reacciones políticas: críticas a la alcaldesa y defensa de un modelo alternativo

Desde el PSOE Mogán se ha señalado la contradicción entre la crítica actual de la alcaldesa y su respaldo previo a la organización política que promovió la ley. El partido sostiene que la normativa no ha resuelto el problema de fondo y está afectando negativamente a familias residentes en el municipio.

El PSOE Mogán ha reiterado su defensa de un modelo que priorice la convivencia, el derecho a la vivienda y la protección del uso residencial legítimo. Aseguran que la norma vigente genera efectos indeseados en hogares que no destinan sus viviendas al alquiler vacacional, y piden una revisión que garantice seguridad jurídica y equilibrio entre los diferentes usos del territorio.

Un debate abierto sobre el futuro de la vivienda en Canarias

El conflicto generado en Mogán refleja un debate autonómico más amplio sobre la regulación del uso turístico de viviendas y su impacto en el acceso a la vivienda residencial. La polémica en torno a la Ley de Vivienda Vacacional continúa, especialmente en los municipios turísticos donde la convivencia entre actividad turística y uso residencial es más intensa.

Mientras tanto, colectivos ciudadanos, administraciones locales y grupos políticos mantienen posturas divergentes sobre la aplicación de la norma y sobre las medidas que deben adoptarse para garantizar la protección de los residentes sin comprometer la actividad económica del sector turístico.