NC se adhiere al cambio de la ley turística que promueve el Cabildo de Gran Canaria
El presidente de Nueva Canarias (NC), Román Rodríguez, ha confirmado la participación de su grupo en el Cabildo de Gran Canaria para modificar la Ley de Renovación y Modernización Turística ante la “cerrazón” de los parlamentarios que sustentan al Gobierno de CC y el PSOE a cambiar esta norma. En su condición de consejero en la corporación insular, Rodríguez prevé que, en las próximas semanas, se pueda aprobar la propuesta legislativa del Cabildo.
Los diputados de NC intentaron, en el pleno de la Cámara del pasado jueves, que nacionalistas y socialistas “reconocieran”, según Román Rodríguez, los errores cometidos en la nueva ley turística a través de una enmienda a una proposición no de ley (PNL) del grupo nacionalista.
Con la propuesta alternativa defendida por el también diputado regional Román Rodríguez, que fue rechazada con los votos mayoritarios del pacto de gobernabilidad, tal y como recordó el portavoz parlamentario, NC insistía en la necesidad de modificar la nueva norma para establecer límites cualitativos y cuantitativos al establecimientos de nuevas plazas alojativas, como mínimo de cuatro estrellas, y en función de las determinaciones establecidas en los planes insulares.
La enmienda de NC volvía a insistir, como durante el debate parlamentario para la aprobación de la ley en vigor, en la obligación de buscar y promover créditos a la inversión y en desarrollar un plan de modernización de los espacios públicos obsoletos.
Román Rodríguez declaró que, ante la “cerrazón” de CC y el PSOE, Nueva Canarias participará en la proposición de ley que promoverá el Cabildo de Gran Canaria para cambiar esta ley. La redacción de esta propuesta legislativa, tal y como recordó, es bastante sencilla, con lo que se prevé que, en las próximas semanas, pueda estar terminada. Previamente se convocarán sendos encuentros de trabajo con los sectores económicos y sociales afectados.
Con posterioridad, el Cabildo de Gran Canaria remitirá su texto al Parlamento de Canarias, donde se deberá decidir si se permite su tramitación. Un procedimiento que dependerá de la opinión expresada por el Ejecutivo presidido por Paulino Rivero.
