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Nos lo quieren quitar todo

Primero fue con nuestros derechos laborales, una reforma en 2010 y otra en 2012, reformas que han dejado a los trabajadores con los derechos bajo mínimos. En algunas materias hemos retrocedido a tiempos preconstitucionales y con la excusa de incentivar la contratación para lo único que han servido es para que España se haya convertido en uno de los países con más precariedad laboral y con mayores niveles de paro de toda la Unión Europea.

Posteriormente vinieron a por nuestros derechos sociales y de libertades sindicales llevando a cabo 6 reformas laborales durante 5 años y como consecuencia de ello dejando los derechos sociales, en este país, en una precariedad absoluta, cuestión ésta condenada y criticada por diferentes organismos internacionales. Me explico, las diferentes reformas han dejado:

a) Un sistema de educación politizado, con menos recursos, con un recorte en la platilla pública que supera el 18%, y en algunas comunidades autónomas hasta el 24%. Cada día que pasa, la educación, en este país, se está convirtiendo en un instrumento de batallas políticas, de injerencias religiosas, o lo que es más grave aún, en objeto de presión de grandes lobbies, con el único objetivo de convertir nuestra educación pública en privada.

b) Un sistema de sanidad público que se está llevando la peor parte de esta crisis, ya que no sólo se ha recortado en presupuesto y plantilla de una forma totalmente desorbitada, repercutiendo ya no solo en la sanidad de este país, sino que además está afectando a cientos de miles de personas en listas de esperas interminables. Se está atendiendo en algunos hospitales que dejan ‘mucho que desear’ por falta de medios, cientos de cierres de ambulatorios en pueblos y barrios… Sirva como ejemplo lo que ha ocurrido, en estos días, en Fuerteventura; la única oncóloga que había ha presentado su dimisión, dejando a todo una isla sin poder atender a miles de personas en esta especialidad tan sensible, delicada y sumamente importante.

c) Una Ley de Seguridad Ciudadana y un nuevo Código Penal que ya no sólo recortan libertades y derechos sino que encima a las víctimas de esta crisis las tratan como delincuentes (familias que se ponen en la puerta de su casa para evitar desahucios, sindicalistas que están en piquetes de huelga para defender a sus compañeros, concentraciones en las vías públicas, etc.).

Ahora, por si fuera poco lo que nos han quitado estos señores políticos, vienen a por nuestras pensiones. En estos últimos años han vaciado nuestro Fondo de Reservas de las pensiones para así maquillar sus cuentas y hacernos creer que todo va mejor. Es decir, ha pasado de 68.815 millones a 24.604 millones y por si fuera poco el Gobierno en funciones en España ya está anunciando que, para los próximos presupuestos del 2017 el Ministerio de Empleo, sacará otros 8.700 millones más.

Esto que en realidad se maquilla como una necesidad de cubrir gastos o cuadrar cuentas en los presupuestos, en realidad solo tiene una única y sola intención de algunos políticos, privatizar nuestro sistema de pensiones y ¿qué mejor excusa para hacerlo que llevar el sistema a la banca rota?

En conclusión, este país está en un ‘bucle’ donde las consecuencias se están agravando cada día más, algunos todavía se atreven a decir que ven brotes verdes o que estamos al final del ‘túnel’. Las familias y trabajadores lo único que están viendo es como se ‘entierra’ cada día más su vida y mientras tanto tenemos unos gobierno nacional y autonómico que parece que están gobernando más para los grandes lobbies económicos y empresariales que para los ciudadanos. Estos políticos saben que serán recompensados al final de su gestión por lo que su objetivo es buscar exclusivamente una silla o un ‘puestito’ en un Consejo de administración, por decir algo leve. Sabemos que persiguen el convertirse o arrimarse a estos grandes lobbies bancarios empresariales o instituciones nacionales e internacionales que satisfagan sus imperiosas necesidades de poder. La gente sencilla y humilde, la que está sufriendo las calamidades de las consecuencias de la crisis no les importa en absoluto.

Antonio Rodríguez Suárez, secretario general del Sitca

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