Prensa, monopolios y poder
El poder de ATI se refuerza. Y eso no es bueno para Canarias. Tras más de veinticinco años de ejercicio ininterrumpido del poder con una etapa inicial ilusionante -los primeros años de CC- en la que se produjeron cambios y esperanzas, en el último periodo el proceso ha sido inverso. Canarias avanzó respecto al Estado en empleo, en renta media de su población y en calidad de vida, en el sustancial desarrollo y reconocimiento social de sus servicios públicos, sin embargo el resultado en los últimos años ha sido de deterioro. La incapacidad de CC-ATI para dar respuesta a los problemas de Canarias y de sus hombres y mujeres es manifiesta.
Hace ya mucho que CC-ATI renunció a un proyecto global para Canarias. Su estrategia para mantenerse en el poder ha sido recurrir a un neoinsularismo rancio, sustentado en un clientelismo financiado con recursos de la Comunidad, y tejer un sistema de control estructural sobre los órganos del Gobierno Autónomo, algunas organizaciones empresariales y una acorazada mediática muy bien retribuida a su servicio. Es desde aquí desde donde se diseñan todas las maniobras posibles para frenar el progreso de Gran Canaria, cuestionar y atacar a las instituciones de esta isla (especialmente al Cabildo) e impedir el avance de organizaciones sociales, empresariales o políticas que contravengan esa estrategia.
Dispone así en Gran Canaria de un sector empresarial (minoritario pero situado estratégicamente) que juega a hacer política a favor de CC-ATI, a colocar consejeros en el Gobierno de Canarias y a diseñar actuaciones para el beneficio de unos pocos y no del conjunto del empresariado. Ojo con la Ley de Cámaras que pretenden y que no anuncia sino la búsqueda del control de esta entidad. Cuenta también con unos partidos políticos acostumbrados a hacer de muletilla cuando les conviene (es el caso en muchas ocasiones del PP y del PSOE) y de otros como Unidos por GC, que no dudan en entregarse en cuerpo y alma a los que antaño acusaban de dañar a esta isla. Y saben de la complicidad de algunos grupos mediáticos –muy bien pagados- a los que les importa muy poco la verdad y mucho el negocio.
A este último apartado quiero dedicar preferentemente este texto. Al peligro del monopolio de la información que pretenden y que se atisba. Los monopolios, como lo fueron Iberia o Trasmediterránea en su momento en los ámbitos, respectivamente, del transporte de pasajeros aéreo y marítimo, significaron un enorme lastre para Canarias. Desde su posición dominante y sin competencia imponían las frecuencias y horarios de los viajes y, asimismo, unos más que abusivos precios. Los perjudicados eran los ciudadanos y las ciudadanas, que se desplazaban por razones laborales, de estudio o de ocio, así como las administraciones y empresas del Archipiélago. Y, consecuentemente, la movilidad y las comunicaciones entre las Islas o entre éstas y el resto del Estado español que, posteriormente, hemos conseguido mejorar de forma notable.
Otro tanto sucede en el mundo de los medios de comunicación. Hubo momentos en la transición y en los primeros años de la democracia en que la prensa corría el riesgo de ser un monopolio en Gran Canaria y en el conjunto de las islas orientales. Se corrigió, afortunadamente, a partir de 1982. La existencia de dos periódicos sólidos benefició a los profesionales, pero especialmente a los lectores y a las lectoras. Se ganó en competencia, en pluralidad, en modernidad.
La situación es ahora mucho más compleja. La aparición de los periódicos digitales ha mermado de manera significativa las ventas de la prensa impresa en todo el mundo. También en España y en Canarias. Muchas cabeceras han atravesado profundas crisis. No todas la han resuelto. Además, cada vez es menor el peso de las empresas de capital canario en el sector. La gratuidad de los digitales ha terminado por imponerse; y habrá que reflexionar y actuar para entender y hacer entender que ni los medios ni sus profesionales se sostienen sin ingresos, que vale la pena pagar por una información de calidad.
Las redes sociales tienen hoy un enorme protagonismo. Por ellas circula mucha información, no siempre veraz, como observamos con la difusión permanente de numerosos bulos en el ámbito de la política, pero también en el de la salud o el de la seguridad. El periodismo sigue siendo fundamental para contar e interpretar la realidad.
Son preocupantes, en ese sentido, los movimientos de concentración mediática. Es lo que ha sucedido recientemente con el periódico tinerfeño El Día, un medio tradicionalmente vinculado al insularismo más radical, que en su momento atacaba un día sí y otro también a Gran Canaria y a su ciudadanía. Resulta curioso que ese insularismo plenamente vigente haya sido incapaz de dar solución a sus problemas económicos, y que esta solución haya pasado por la absorción por parte de un grupo mediático (Editorial Prensa Ibérica) con cabecera en Gran Canaria y, fundamentalmente, en Cataluña, cuya línea editorial está lisa y llanamente al servicio de CC-ATI. Y paradójico resulta también que, lejos de suponer un avance hacia el entendimiento de una Canarias global y unida, a la superación de insularismos egoístas e insolidarios, el medio siga despreciando a Gran Canaria -a la que sigue denominando Las Palmas como ha sucedido el sábado 9 de febrero con su primer Editorial (El Día, bandera de los tinerfeños)- tras su adquisición por Editorial Prensa Ibérica, propietaria de La Provincia. Es un ejercicio muy interesante el comparar las portadas de distintos periódicos en las mismas fechas. Comprobando el diferente tratamiento del mismo hecho noticioso en función de la línea editorial. Y cómo algunos medios intentan mantener un proceder autónomo frente a los poderes económicos y políticos, mientras que otros no disimulan en modo alguno su seguidismo o incluso su posicionamiento destacado en defensa de intereses tan poderosos como minoritarios.
El periódico La Provincia (aunque la acorazada mediática es más amplia) no ha hecho otra cosa en este mandato que montar campañas organizadas contra el Presidente y el Gobierno del Cabildo de Gran Canaria. Y las ha intentado amparar en la libertad de expresión cuando realmente ha buscado una y otra vez manipular la realidad. Ya lo dejó claro Hannah Arendt: “La libertad de opinión es una farsa, a menos que se garantice la información objetiva y que no estén en discusión los hechos mismos”.
Ignacio Ramonet afirma que la información, concebida de esta manera, se ha convertido en uno de los principales problemas de la democracia. Su papel como contrapoder ha ido desapareciendo en muchísimos casos. Se ha ido convirtiendo en instrumento del propio poder; se manipula la verdad, se usan falsedades para defender sus privilegios y oponerse a los cambios sociales. Considera que los grandes grupos de opinión se han convertido en muchos casos en latifundistas mediáticos. Ya no son solo los poderes tradicionales los que atacan sino también los medios, que usan como fachada, como arma de combate, la defensa de la “libertad de expresión”. Contaminan la información con falsedades y la usan como mercancía. No respetan las leyes de la información sino que se manejan con las leyes del mercado.
Dice Iñaki Gabilondo que “el periodismo clásico, el veraz, el libre, el del respeto, el del rigor y el compromiso está arrinconado por esa invasión de la desvergüenza y el insulto. Por desgracia, el periodismo friki e insolvente ha invadido la profesión”. Algunos medios –el caso al que me refiero es el más fiel exponente- se han decidido, para vencer su situación de precariedad y su pérdida de lectores y alentar negocios paralelos, a abrazar lo peor de las redes sociales: convierten la información en una especie de vertedero fétido de manipulaciones, falsedades y calumnias. Han asumido su falta de rigor y fiabilidad, el falseamiento interesado de la realidad, y sus sistemas de chantaje, podredumbre y desinformación. No es cierto que las mentiras que nos invaden lleguen solo a través de las redes. La manipulación a nivel global de los poderes tecnológicos la intentan reproducir algunos a escala local, copiándola de la manera más burda. Y repiten una campaña tras otra para que se vayan quedando como las verdades subjetivas de las que hablaba Arendt. Se convierten en destructores bien pagados de prestigios, alentados por partidos políticos y por políticos cortoplacistas que lo usan como arma arrojadiza sin caer en la cuenta de que, más tarde o más temprano, serán víctimas chantajeadas de la misma manera. Que en algún momento también vendrán a por ellos.
Una de las causas más importantes de la crisis del periodismo es que ya no recurrimos a él –en sentido amplio, siempre existen excepciones loables- para encontrar la verdad. Como apunta Robert Skidelsky, terminan siendo “mayordomos intelectuales” de poderes políticos o empresariales. La feroz competencia empresarial, alimentada por el entreguismo al poder que subvenciona, se ha convertido en la principal causa de subsistencia de determinadas empresas de comunicación. Y no se escatiman medios para rendir pleitesía y servicios concretos a poderes políticos concretos. Se ponen en marcha campañas orquestadas para condicionar las decisiones políticas, para servir a poderes enquistados, para torcer la voluntad popular. Y vale todo en esta suerte de prostitución del medio y la verdad. Y se hacen cómplices de la quiebra de la democracia. Socavan la democracia.
Como plantea John Milton, en la dura pelea entre la Verdad y la Mentira “quién ha visto jamás que la Verdad salga mal parada en un combate justo y limpio”. A lo mejor terminará venciendo la Verdad, pero no sale gratis el precio para conseguirlo. Ni el combate es justo y limpio. En esta isla nos está costando mucho. Con el avance del monopolio en Canarias nos va a costar mucho a los hombres y mujeres de esta tierra que no compartimos el neoinsularismo.
La objetividad e imparcialidad de los medios de comunicación es proporcional al mejor postor. El capitalismo, como cualquier otro sistema, tiene sus ventajas e inconvenientes. El problema no son los medios de comunicación sino la dependencia de la supervivencia creada para alimentar al poder económico con el consentimiento de todos. Por acción u omisión.