Seguimos bailando mientras Clavijo nos lleva al abismo
Como cuando el hundimiento del Titánic y tal afirmación puede referirse a varias políticas decisivas para la población canaria, no obstante, como es nuestra obligación y vocación, nos centraremos en el terreno de la salud y la sanidad en el que se vienen manifestando profundas contradicciones políticas que son evidencias del más absoluto naufragio del modelo de atención a la salud imperante en nuestro archipiélago desde hace 23 años, los que lleva Coalición Canaria en el Gobierno de Canarias.
Los datos del mencionado naufragio son de sobra conocidos, las listas de espera cuya tendencia incesante al empeoramiento no tiene visos de solución reflejando una gestión marcadamente inoperante y una planificación muy deficiente, determinada por un modelo neoliberal que huye de potenciar la priorización de los recursos públicos como instrumento más eficiente y eficaz para la prestación asistencial a la población. Su apuesta es abandonarla a merced de la privatización, de la “ley de la selva” que supone la “selección de riesgos” que discrimina entre pacientes con recursos y sin ellos para suscribir seguros privados, Canarias es la región con mayor porcentaje de centros hospitalarios privados de todo el Estado español. El 57,9% de los hospitales canarios son privados con ánimo de lucro, mientras que solo el 36,8% son públicos. Así se recoge en el catálogo anual de hospitales 2016 elaborado por el Ministerio de Sanidad, con datos recopilados a 31 de diciembre de 2015.
Otro aspecto decisivo del actual “modelo” es la ausencia de una política seria de prevención de la enfermedad que es por donde pasa la “sostenibilidad” del sistema sanitario tanto desde el punto de vista del bienestar de la población como desde la racionalidad del control del gasto farmacéutico así como de la sobreutilización tecnológica. En Canarias, en este terreno, aún no tenemos la organización acorde tanto con los principios de la Salud Pública como con lo previsto en la Ley estatal 33/2011, de 4 de octubre, de Salud Pública. Así mismo están por desarrollar mecanismos reales de participación social y profesional, claves para el funcionamiento adecuado tanto de la estructura asistencial como de las intervenciones preventivas.
Todo ello fue objeto, por parte de la Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias y de otros colectivos sanitarios y sociales, de una propuesta para cambiar el modelo, mediante una Ley de Salud y Sanidad, planteada a través de una ILP que aún espera en el Parlamento de Canarias para ser tramitada de modo que sirva para propiciar un mínimo acuerdo en torno a las cuestiones básicas para la asistencia sanitaria y la salud pública.
A pesar de la situación que pone continuamente de manifiesto que la atención a la salud es un tema extremadamente sensible desde todos los puntos de vista, la pasividad es la nota dominante. Pasividad de los grupos parlamentarios, de los sindicatos, de las sociedades profesionales y de la ciudadanía. Salvo momentos puntuales y circunstancias particulares pareciera que todo conduce al callejón sin salida del deterioro paulatino y del “sálvese quien pueda” sin expectativa de solución. Sin embargo, no nos resignamos, sabemos que continuamente repuntarán las manifestaciones del problema que próximamente tendrá una reagudización muy seria y por mucho que Clavijo y su gobierno, el que fuera (con PSOE o sin él), maniobren no podrán evitar que llegue la hora de salir de la impotencia. Es evidente que la UE y los gobiernos seguidistas de Madrid y Canarias querrán imponer nuevos recortes en el gasto público, que de producirse, repercutirán muy negativamente sobre la Sanidad Pública. En este contexto carecen de credibilidad las medidas “correctoras” que desde la Consejería de Sanidad se vienen anunciando, son sobre todo de carácter cosmético.
Debemos prepararnos para dar la respuesta correspondiente que tendrá que ser lo suficientemente contundente no solo para evitar nuevos retrocesos, sino además para hacer volver sobre sus pasos al neoliberalismo en su conjunto. Es hora de agrupar las luchas que están candentes, como la planteada frente a la especulación con el territorio rechazando la pretendida Ley del Suelo, un territorio libre de especulación y sostenible es esencial para garantizar unas condiciones de vida sostenibles también desde el punto de vista de la salud pública, de la prevención de la enfermedad y por tanto de la sostenibilidad del sistema sanitario. También la lucha que desarrollan las familias demandantes de la necesaria atención temprana digna y de calidad, pública y gratuita, además se avecinan las luchas que traerán los contenidos de los distintos proyectos de presupuestos gubernamentales debiendo continuar con la necesaria defensa de los servicios públicos, del sistema público de pensiones, etc.
Hay que pasar a la ofensiva frente al enemigo común, frente a la misma raíz sobre la que hay que actuar. La ADSPC quiere animar a que vayamos todos y todas a una, a los distintos colectivos sociosanitarios, de profesionales, de pacientes y sus familias con los que estamos en contacto, participando en la necesaria movilización ya que sabemos que solo con la unidad más amplia de nuestro pueblo y la mayor determinación para la lucha conseguiremos parar a los poderes económicos y políticos que nos arruinan la vida.
