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El interventor de Mogán da la razón a NC y contradice a Onalia Bueno

Isabel Santiago (izq), en el pleno de Mogán
Isabel Santiago (izq), en el pleno de Mogán

El pasado 16 de febrero Nueva Canarias (NC) hizo pública la actuación ilegal del Ayuntamiento de Mogán en relación a la adjudicación de un contrato de asesoramiento, que incumplía lo preceptuado en el art. 138.3 del texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

En una nota informativa, NC explica que esta ilegalidad en el procedimiento de adjudicación del contrato de asesoramiento al despacho de abogados Jimenez Cisneros S.L., radicaba en el precio del mismo, y es que los contratos menores deben ser de cuantía inferior a 18.000 euros. En este caso, el Ayuntamiento de Mogán adjudicó el servicio por idéntico importe, lo que suponía una clara vulneración del precepto legal.

También recuerdan que desde NC se advirtió de “la ilegalidad cometida por el consistorio sureño, sin embargo la alcaldesa Onalia Bueno afirmó que todo era legal, porque contaba hasta con el visto bueno del interventor municipal”.

El interventor municipal, a instancias de la portavoz nacionalista Isabel Santiago emitió un informe al respecto, en el que “no solo da la razón a NC, sino que, además, pone de manifiesto que la alcaldesa de Mogán no se entera del procedimiento administrativo”, pues según la ley de haciendas locales, no procede la fiscalización de los contratos menores, al contrario de lo que afirmó en prensa la regidora local, afirman los progresistas.

En dicho informe, el interventor explica que “la adjudicación incumplía la ley”, tal y como afirmó Isabel Santiago, y que para solventar la situación, o se iniciaba un procedimiento de contratación, o este debía adjudicarse por un importe inferior a los 18.000,00 euros.

Finaliza el informe del interventor, indicando que se ha dictado un nuevo decreto, el nº 460/2016 que corrige el error, y se adjudica por importe de 17.950,00 euros.

Nueva Canarias opina que “este modo de proceder por parte de la regidora local, pone de manifiesto que Onalia Bueno y el cumplimiento de los procedimientos administrativos son incompatibles”.

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