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El pleno de Santa Lucía aboga por mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso

Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Santa Lucía
Casas Consistoriales del Ayuntamiento de Santa Lucía

El pleno ordinario de la corporación de Santa Lucía de Tirajana, celebrado este jueves en las Casas Consistoriales del Casco Histórico y presidido por la alcaldesa Dunia González, ha aprobado una moción, que ha convertido en Declaración Institucional, en la que insta al Gobierno de Canarias a “mejorar las condiciones laborales de las camareras de piso, mediante la adopción de medidas que adecúen la carga de trabajo, donde se adapte el número de habitaciones y control del mobiliario que tienen que rodar y manipular, cuando son apartamentos, así como, las cargas del menaje, vajilla, cubertería, cristalería, entre otros”.

La moción expone que “son muchas las mujeres de nuestro municipio que desarrollan su actividad profesional en el sector turístico y que se encuentran padeciendo condiciones de explotación laboral y viviendo situaciones en las que su salud y calidad de vida se ven perjudicadas por esta razón” e insta a la realización de estudios ergonómicos y psicosociales reales “en los que se recoja el número de habitaciones o apartamentos a realizar en su jornada de trabajo, contemplando también el trabajo que realizan a las primeras horas de la mañana estas mismas mujeres en las zonas comunes y pasillos de su área de trabajo y que se establezca el número de salidas que puede realizar una persona”.

En la misma sesión plenaria, la corporación de Santa Lucía también ha aprobado una moción, con la abstención solo del grupo popular, en la que muestra su “enérgica oposición a la propuesta de acuerdo de la UE y Turquía, con la que se pretende solventar la situación en la que se encuentran los refugiados e inmigrantes que han llegado a Europa huyendo de la guerra o el hambre, en un intento de silenciar este drama que cuestiona nuestras políticas internacionales”.

En su propuesta, el pleno de Santa Lucía condena y denuncia “toda violación e incumplimiento sistemático que se hace de los acuerdos y las normativas internacionales encargadas de velar y garantizar los derechos fundamentales de las personas”.

El pleno exige a las instituciones y organismos internacionales de la Unión Europea y de España, “el desarrollo de una estrategia común, desde la unidad y la solidaridad, de ayuda al refugiado, con el diseño de un Plan de Acogida Integral” y solicita “el desarrollo de una agencia específica para la gestión del sistema de asilo, refugio y protección subsidiaria, reforzando los programas de reasentamiento en coherencia con el número de refugiados existentes”.

La Corporación municipal de Santa Lucía, que ha acordado dar traslado del acuerdo al Cabildo de Gran Canaria, a la Fecam, al Gobierno de Canarias, a la FEMP, Gobierno de España y UE, explica que “estamos en el camino para que el siglo XXI sea recordado históricamente, por la inconcebible situación en que se encuentran actualmente más de 60 millones de personas refugiadas y desplazadas. Miles de personas salen diariamente de sus países en busca de seguridad, unos 10.000 niños y niñas han desaparecido en el trayecto, 400.000 personas sin acceso a la ayuda humanitaria, más de 4.000 personas que han perecido en el mar huyendo del hambre y la guerra, 13 millones de desplazados sólo desde Siria durante los más de cinco años que dura el conflicto”.

El documento recoge que “actualmente, las mujeres y niños suponen el 600 por cien de las personas desplazadas, que se han visto obligadas a huir de sus hogares a causa de los conflictos y la persecución”.

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