El derribo de la vivienda decimonónica de Mogán llega a la fiscalía
Los portavoces de Ciuca y Nueva Canarias, Mencey Navarro e Isabel Santiago, respectivamente, tras la finalización del pasado pleno ordinario de la corporación del Ayuntamiento de Mogán, iniciaron las consultas jurídicas oportunas, conocedores de que el modo de proceder del alcalde Francisco González y su concejal de vías y obras, Julio Mejías, era, posiblemente, “constitutivo de un grave delito penal”, pues ambos “consagraron el derribo” de una de las viviendas que integran un caserío del siglo XIX, protegido por la Carta Etnográfica de Gran Canaria.
Ambos portavoces afirman que en la carta se puede comprobar que el nivel de protección del caserío es de 8, y el valor científico es alto. Así las cosas, el acta de inspección levantada por el Servicio Insular de Cultura y Patrimonio Histórico, confirma que la vivienda, parcialmente demolida, estaba protegida, y por tanto era improcedente proceder a su demolición como hizo el Ayuntamiento de Mogán, motivo este por el que los siete concejales, integrantes de los grupos políticos de Ciuca y Nueva Canarias, pusieron lo ocurrido en conocimiento de la fiscalía. “Estos hechos ponen de manifiesto, en primer lugar, que o bien el alcalde mintió o que es un perfecto desconocedor del patrimonio etnográfico, histórico y cultural del municipio que preside, sentencian Navarro y Santiago, quienes también recuerdan lo que el alcalde dijo a través de un medio público, el pasado 8 de enero, donde aseguraba que “la vivienda demolida parcialmente en el caserío de El Tostador no está recogida dentro de la Carta Etnográfica de Gran Canaria, y por lo tanto no tiene protección”.
En este sentido se expresó igualmente el alcalde en el salón de plenos, en la última sesión celebrada el 9 de enero, contestando a una moción presentada por Ciuca y Nueva Canarias, por medio de la cual solicitaban la creación de un catálogo municipal que diera protección al patrimonio histórico, cultural y etnográfico de Mogán, “afirmando que esa casa no estaba protegida. Hoy el alcalde cambia de versión, y dice que tiene valor etnográfico”, manifiestan en su nota de prensa.
Los portavoces de ambas formaciones mantienen que “fue el Ayuntamiento de Mogán, con sus propios recursos”, quien procedió a la demolición parcial de la vivienda “bajo la supervisión del concejal de Vías y Obras, Julio Mejías, y con el pleno conocimiento de todo cuanto acontecía del alcalde Francisco González”.
“Después de las advertencias sobre el nivel de protección de dicha vivienda, realizadas por Ciuca y NC al grupo de gobierno de Mogán, sorprende que sea ahora, cuando el daño ya es irreparable, el momento en el que el consistorio se preocupa por la conservación del patriminio histórico, etnográfico y cultural del municipio”, afirman los dos portavoces.
Mencey Navarro e Isabel Santiago opinan que estos hechos “ponen en evidencia el desinterés con el que el alcalde de Mogán trata los asuntos públicos, pues si de verdad estuviera preocupado por el patrimonio del municipio, no tendría ningún problema en haber apoyado la moción que desde Ciuca y NC, pedían al pleno; precisamente lo que hoy pide el alcalde, mejores medios para proteger todo aquello que define la identidad y la idiosincrasia de Mogán y de los moganeros”.
