Condenan al Ayuntamiento de Mogán a pagar 4,3 millones de euros en tres meses
El Ayuntamiento de Mogán fue condenado en el anterior mandato, por sentencia firme, al pago de 4,3 millones de euros, por la expropiación de los terrenos anexos al cementerio de Mogán Casco. Según recogen informes del Gobierno de Canarias, del Cabildo Insular y de los mismos funcionarios municipales, dichos terrenos fueron tasados como urbanos cuando en realidad eran rústicos.
La situación generada por esta realidad, supone que el ayuntamiento de Mogán, fracionará el pago de dicha deuda, a razón de 300.000 euros al año, de la que tan sólo ha satisfecho uno 900.000,00 euros, cuantía que genera a su vez sus correspondientes intereses. A este respecto el interventor general de fondos del Ayuntamiento de Mogán, a través de un informe del mes de marzo, y otro del pasado nueve de septiembre del 2015, aconseja la concertación de un crédito con alguna entidad financiera, para liquidar en parte o en su totalidad, los 4,3 millones de euros, ya que las cuantías que se están generando en intereses, podrían superar el principal, lo que supondría que el Ayuntamiento de Mogán llegaría a pagar más de 8 millones de euros.
Ahora, y a través del auto de fecha 2 de diciembre de 2015, dictado por la sección segunda de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, y tras las alegaciones realizadas por el interventor, estima el recurso interpuesto por la familia Sánchez-Valerón, y obliga al Ayuntamiento al abono del justiprecio expropiatorio, valorado en 4,3 millones.
Para Nueva Canarias, que siempre ha defendido la postura expresada por el interventor municipal, para evitar el crecimiento de los intereses de demora, es importante no sólo cumplir con las resoluciones judiciales, sino que además es importante que todos asuman la responsabiliad de los errores cometidos en el procedimiento, por ello no entiende como tanto el PP de Paco González, como el actual gobierno de Ciuca-PSOE, no acatasen las recomendaciones realizadas por el interventor municipal, para saldar una deuda, que ponía en jaque los intereses generales de los vecinos de Mogán.
Según explicó la edil nacionalista, Isabel Santiago, fue el Gobierno de Canarias, en 1987 el que aprobó las normas subsidiarias del Planeamiento de Mogán, y el que por tanto dio el visto bueno a que unos terrenos que eran rústicos fuesen calificados como urbanos. Este hecho, supuso que, en el momento de establecer el justiprecio, por parte del Ayuntamiento, la cuantía fuese muy superior que si se hubiesen considerados rústicos.
Por ello, la portavoz de Nueva Canarias, planteó en el peno del pasado 25 de septiembre que por parte de la alcaldía se encargase un informe jurídico que valore las acciones administrativas y/o judiciales a emprender contra el Gobierno de Canarias, para que este asuma su responsablidad en el error, y proceda a abonar al Ayuntamiento los 4,3 millones a los que asciende la expropiación, sin contar con los intereses de demora, propuesta que fue aprobada por todos los grupos políticos.
La portavoz nacionalista, explica que la asesoría jurídica municipal no ha sido requerida por la alcaldía para que emita el informe que acordó el pleno el pasado mes de septiembre, lo que pone de manifiesto el escaso interés de la alcaldesa para depurar las responsabilidades en un error que ahora van a pagar los vecinos de Mogán.
Desde NC, no entienden cómo es posible que el actual grupo de gobierno, no actuase con diligencia ante este asunto, y pusiera sobre la mesa los mecanismos que hicieran posible la ejecución de los planteamientos del Interventor municipal, ya que ahora a las prisas y a las carreras deben concertar una operación de crédito para acatar la resolución judicial. Este retraso en la solución de un problema que, tanto Ciuca como el PSOE, conocían perfectamente, ha supuesto un nuevo incremento en los intereses de demora.
Es evidente que en estos 6 meses de gobierno no han abordado los temas importantes que Mogán tiene pendientes, siendo la prueba más evidente de ello el desprecio con el que han asumido las recomendaciones del interventor y de Nueva Canarias en este asunto.
