Canarias reduce un año la espera para la ayuda a la Dependencia tras firmar nuevos convenios
El Gobierno autonómico y los cabildos sellan acuerdos por 1.630 millones para reforzar el sistema hasta 2028
El Gobierno de Canarias ha activado nuevos convenios de Dependencia con los cabildos insulares que permitirán reducir los tiempos de espera para acceder a las ayudas, reforzar los servicios y garantizar financiación estable durante los próximos cuatro años. Los acuerdos, firmados este jueves por el presidente Fernando Clavijo y representantes de los cabildos de Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, contemplan una inversión total de 1.630 millones de euros hasta 2028.
Una inversión histórica para fortalecer el sistema
Los nuevos convenios establecen una financiación global de 1.630 millones de euros para el periodo 2025-2028, con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025. De esta cantidad, 726 millones se destinan específicamente a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura para garantizar la atención a personas en situación de dependencia o discapacidad.
Estos fondos permitirán cubrir los costes de servicios esenciales, tanto residenciales como de centros de día, así como la Prestación de Asistencia Personal y otros recursos clave para la calidad del sistema.
Reducción de los tiempos de espera
Durante el acto, el presidente Fernando Clavijo destacó que Canarias ha logrado reducir en un año el tiempo medio de espera para obtener la ayuda a la dependencia. Según los datos oficiales del IMSERSO, a cierre de 2025 el plazo medio se situó en 14 meses, frente a los 26 meses registrados al inicio de la legislatura.
Clavijo subrayó que este avance refleja el compromiso del Ejecutivo con la atención a las personas más vulnerables y lo atribuyó a la implantación del nuevo decreto que regula el sistema monofásico de valoración.
Más personas dentro del sistema
A 31 de diciembre de 2025, el Sistema de Dependencia canario contaba con 68.259 personas con derecho reconocido, frente a las 44.506 registradas en julio de 2023. Esto supone un incremento de 23.753 personas, superando ampliamente las incorporaciones realizadas en toda la legislatura anterior.
El ritmo de acceso mensual también ha aumentado de forma notable: se ha pasado de una media de 271 personas al mes a 848, lo que representa un incremento del 213%.
Incremento de prestaciones concedidas
El número de personas con ayuda concedida ha crecido hasta las 65.832, frente a las 38.957 existentes al inicio de la legislatura. Este aumento de 26.875 personas equivale a un incremento del 68,99% en las prestaciones reconocidas.
Para el Ejecutivo autonómico, estos datos consolidan el avance estructural del sistema y evidencian una gestión más ágil y eficaz.
Coordinación institucional
Los acuerdos fueron rubricados por Fernando Clavijo junto a la consejera de Bienestar Social, Candelaria Delgado, y la consejera de Sanidad, Esther Monzón, con el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales; la presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Lola García; y el consejero de Bienestar Social e Inclusión del Cabildo de Lanzarote, Marci Acuña.
Antonio Morales calificó el convenio como “absolutamente necesario” para garantizar la financiación de plazas durante los próximos cuatro años. Por su parte, Lola García destacó el respaldo institucional a la atención de las personas más vulnerables, mientras que Marci Acuña puso el foco en la importancia de la coordinación entre administraciones.
Reparto de fondos por islas
En Gran Canaria, la financiación asciende a 615,28 millones de euros, de los que la Comunidad Autónoma asume el 70,48%. Se financiarán 4.328 plazas (2.444 diurnas y 1.884 residenciales), de las cuales 722 se crearán en 2025.
En Fuerteventura, el importe alcanza los 35,73 millones, con un reparto del 74,12% a cargo del Gobierno autonómico. Se financiarán 308 plazas, 31 de ellas de nueva creación en 2025.
En Lanzarote, el convenio contempla una inversión de 75,71 millones para financiar 647 plazas asistenciales.
Retos pendientes
El Gobierno de Canarias reconoce que aún quedan retos por resolver. A cierre de 2025, 2.427 personas tenían grado reconocido sin Plan Individual de Atención (PIA), una cifra que se ha reducido más de un 67% gracias al nuevo decreto.
Además, existen 17.130 personas con prestación concedida pendiente de ejecución por causas ajenas a la administración. Para estos casos, el Ejecutivo ha sacado a licitación el servicio de ayuda a domicilio especializada y prepara un nuevo Plan de Infraestructuras para ampliar plazas residenciales.
