UGT sitúa la huelga por la vivienda el 11 de noviembre
- Pepe Álvarez asegura que la fecha está acordada con CCOO, mientras las organizaciones preparan una reunión esta tarde para concretar la convocatoria del paro de 24 horas.
- La movilización se plantea 18 días antes de las elecciones generales y coincide con la publicación de nuevas medidas para proteger a los inquilinos vulnerables frente a los desahucios.
La huelga general por el acceso a la vivienda se perfila para el miércoles 11 de noviembre, después de que el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, haya asegurado este miércoles que la fecha está acordada con CCOO. Los sindicatos y las organizaciones de inquilinos tienen previsto reunirse esta tarde para cerrar los detalles y formalizar la convocatoria de una movilización de 24 horas en toda España.
La Confederación de Sindicatos de Inquilinas también ha propuesto el 11 de noviembre, tras mantener contactos con representantes de la acampada de la Puerta del Sol de Madrid. La reunión entre las organizaciones está prevista para las 19:00 horas en Madrid, las 18:00 en Canarias.
La protesta vincula las dificultades de acceso a la vivienda con los salarios y reclama respuestas tanto a las administraciones públicas como a las organizaciones empresariales.
¿Está confirmada la fecha de la huelga?
Las declaraciones de Pepe Álvarez avanzan un acuerdo entre los dos sindicatos mayoritarios, aunque la convocatoria conjunta todavía debe concretarse con el resto de participantes. En una entrevista en TVE, el dirigente de UGT afirmó: “Tenemos el día cerrado con CCOO”.
La distinción es relevante: el 11 de noviembre cuenta con el respaldo anunciado por UGT y coincide con la propuesta de los sindicatos de inquilinos, mientras que la reunión de esta tarde debe cerrar los detalles de la movilización. RTVE recoge también la confirmación de esa fecha por parte de CGT.
En su comunicado previo, UGT y CCOO habían anunciado un paro general de 24 horas durante el otoño y señalado que el acuerdo debía ser ratificado por sus máximos órganos de dirección. También habían indicado que la fecha se analizaría con las organizaciones sociales y el movimiento de inquilinos.
Salarios y alquileres, en el centro de las reivindicaciones
Los sindicatos justifican la movilización en la necesidad de que los ingresos laborales permitan acceder a una vivienda digna. Su planteamiento interpela a las administraciones con competencias en vivienda y a las empresas, a las que reclaman avances salariales y en la negociación colectiva.
Las demandas de CCOO y UGT incluyen propuestas de incrementos salariales de entre el 4 % y el 7 %, con cláusulas de revisión, dentro de la negociación del VI Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva. En materia de vivienda, defienden un pacto social y político, un parque público protegido de carácter permanente, la limitación de los alquileres y la aplicación efectiva de la Ley por el Derecho a la Vivienda.
Según la información publicada por El País, la protesta cuenta también con el respaldo de organizaciones de ámbito autonómico como CIG, ELA y LAB. La iniciativa conecta con las manifestaciones y acampadas que reclaman medidas ante la crisis de acceso a la vivienda.
Una movilización a las puertas de la campaña electoral
Si se formaliza la fecha anunciada, el paro se celebrará 18 días antes de las elecciones generales del 29 de noviembre y dos días antes del inicio de la campaña electoral, previsto para el viernes 13.
La proximidad a los comicios ha generado críticas de las patronales CEOE y Cepyme, que cuestionan la naturaleza laboral de las reivindicaciones y rechazan que las empresas y la actividad económica soporten el coste de una medida de presión dirigida al Gobierno. PP y Vox también han criticado la iniciativa.
Por su parte, Pedro Sánchez manifestó este martes que el Ejecutivo respetará el derecho constitucional de huelga y reconoció que el acceso a la vivienda afecta a numerosos trabajadores y a sus familias, según recoge El País.
La movilización sería la primera huelga general estatal respaldada por CCOO y UGT desde el 14 de noviembre de 2012, cuando protestaron contra los recortes derivados de la crisis económica. Ese mismo año, ambas centrales habían convocado otro paro, el 29 de marzo, contra la reforma laboral del Gobierno de Mariano Rajoy.
Nuevas obligaciones públicas para evitar determinados desahucios
El anuncio coincide con la publicación este miércoles en el BOE del Real Decreto-ley 29/2026, cuya entrada en vigor general está prevista para el jueves 8 de octubre, con las excepciones establecidas en el propio texto.
La norma refuerza la intervención pública en determinados desahucios por impago con vulnerabilidad económica acreditada. En los supuestos regulados, la Administración competente dispone de dos meses desde la notificación para ofrecer una alternativa habitacional adecuada o pagar o consignar la deuda y las costas procesales.
Si transcurre ese plazo sin alternativa ni abono íntegro, la Administración pasa a ocupar la posición deudora del inquilino. En ese supuesto, la norma impide resolver el contrato o ejecutar el lanzamiento por esas cantidades. El mecanismo está sujeto a los requisitos y exclusiones legales.
Límites a determinadas compras y cambios en los alquileres
El decreto también extiende hasta el 31 de diciembre de 2030 las restricciones a determinadas adquisiciones de vivienda por las entidades definidas en la norma. Regula operaciones por debajo del 70 % del valor de mercado ajustado y exige documentación de tasación en los términos previstos.
La información de El País aportada sobre el paquete aprobado por el Gobierno recoge, además, nuevas prórrogas del alquiler, medidas de transparencia en los anuncios y protección del parque público de Casa 47. Un segundo decreto aborda la prolongación de los contratos de arrendamiento.
Estas medidas y la preparación de la huelga sitúan el acceso a la vivienda en el centro de la actualidad social y política. La siguiente decisión sobre la movilización está prevista para la reunión de esta tarde, en la que las organizaciones deberán concretar su convocatoria conjunta.
