Frente Amplio propone el fin del modelo de Muface: qué cambiaría para los funcionarios y la sanidad canaria

  • La propuesta electoral abarca a Muface, Mugeju e Isfas, que cubren a casi 2,2 millones de personas en España. Los mutualistas que hoy eligen una aseguradora concertada pasarían a recibir asistencia en la red pública.
  • En Canarias, el Ministerio de Sanidad estimó que integrar solo a los usuarios de Muface con asistencia privada aumentaría un 1,9 % la población atendida por el sistema público. El programa no concreta cuántos profesionales ni qué presupuesto adicional recibirían las islas.

Frente Amplio, la coalición que encabeza Ada Colau, ha incluido en su programa para las elecciones generales del 29 de noviembre la integración de la asistencia sanitaria de los funcionarios civiles del Estado, el personal de Justicia y las Fuerzas Armadas en el Sistema Nacional de Salud (SNS). Su objetivo es que la red pública asuma la atención que actualmente prestan aseguradoras privadas mediante conciertos financiados por el Estado. Es una propuesta electoral. Los mutualistas conservan hoy su cobertura y no tienen que cambiar de médico ni realizar ningún trámite por este anuncio. 31

¿Tienen doble seguro los profesores, los militares y los médicos?

El mutualismo permite elegir quién presta la asistencia sanitaria ordinaria. Un docente funcionario adscrito a Muface puede optar por el servicio público de salud o por una de las entidades concertadas, Adeslas o Asisa, en el concierto nacional vigente hasta 2027. La pertenencia a Muface, por sí sola, no da acceso indistinto a las dos redes para una misma consulta. Si ese docente ya ha elegido el Servicio Canario de la Salud (SCS), seguirá atendiéndose en la pública. Si eligió una aseguradora, la reforma pondría fin a la posibilidad de mantener esa modalidad con cargo al concierto estatal.

El alcance depende del régimen al que pertenece cada persona. Ser médico, profesor o empleado público no implica automáticamente estar en Muface. Esta mutualidad cubre a funcionarios civiles del Estado, entre ellos docentes de los cuerpos incluidos, así como a jubilados y familiares beneficiarios. Isfas protege, entre otros colectivos, a militares, guardias civiles y sus beneficiarios. Mugeju corresponde al personal incluido en el mutualismo judicial y a sus familiares beneficiarios. Al cierre de 2025, Muface cubría a 1.568.298 personas, Isfas a 531.415 y Mugeju a 89.141. Dentro de esos casi 2,2 millones están también quienes ya reciben asistencia pública.

Qué supondría para el Estado y quién asumiría el gasto

El Estado ya paga por atender a este colectivo. Solo el concierto nacional de Muface para 2025-2027 cuenta con un presupuesto global de 4.808 millones de euros para los tres años. Si se aplicara la reforma, habría que determinar cómo financiar a los servicios autonómicos de salud que asumirían las consultas, pruebas, operaciones y tratamientos de quienes hoy se atienden en centros concertados. Por eso, el importe del contrato tampoco permite calcular cuánto ahorraría el Estado: la atención seguiría teniendo un coste.

Para médicos, enfermeras y pacientes, la cuestión práctica es qué recursos acompañarían al traslado y cuándo llegarían. Frente Amplio recoge compromisos generales de inversión tecnológica para las comunidades autónomas y de publicación de datos sobre plantillas y tiempos de espera. Sin embargo, el apartado dedicado a las mutualidades no fija un calendario de incorporación, una partida específica para Canarias ni un número de contrataciones para el SCS. Son los datos que permitirían valorar si los centros podrían absorber la actividad adicional y garantizar la continuidad de los tratamientos.

¿Aumentarían las listas de espera en Canarias?

La referencia oficial para las islas está en un informe del Ministerio de Sanidad de 2024. En el escenario que analizó, incorporar a todos los usuarios canarios de Muface que habían elegido una aseguradora privada habría elevado un 1,9 % la población con asistencia pública en el archipiélago. Entre los mayores de 65 años, el incremento estimado alcanzaba el 3,48 %. El cálculo se limita a Muface y mide personas cubiertas. No pronostica cuántas consultas se pedirían ni cuántos días habría que esperar por una operación.

Isfas aporta otra referencia de la dimensión del cambio: al cierre de 2025, 21.808 personas de esta mutualidad estaban adscritas a Adeslas o Asisa en Canarias. Los datos disponibles, por tanto, no respaldan la cifra de medio millón de nuevos pacientes para el archipiélago. Tampoco ofrecen un cálculo conjunto por isla que incorpore la demanda de residentes, visitantes y población migrante. Para conocer el efecto en un centro de salud de Maspalomas o en un hospital de Gran Canaria haría falta saber cuántas personas se incorporarían en su zona, en qué plazo y con qué plantilla.

El sindicato CSIF ha rechazado la propuesta, defiende que los funcionarios conserven la elección de asistencia y advierte del riesgo de aumentar la presión sobre las consultas y las listas de espera. El informe de Sanidad permite estimar el aumento de población que supondría integrar Muface. El efecto final sobre las demoras en Canarias sigue sin cuantificarse.

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