UPC propone nuevas moratorias mientras Canarias paga la factura de las anteriores

La propuesta de Luis Campos para limitar el crecimiento turístico exige una explicación sobre sus costes, su aplicación y sus garantías jurídicas. La experiencia canaria demuestra que anunciar restricciones resulta más sencillo que gestionar sus consecuencias.
Canarias necesita respuestas al problema de la vivienda. Las necesitan quienes trabajan y no encuentran un alquiler asumible, quienes deben abandonar su municipio y quienes no pueden iniciar un proyecto de vida independiente. Precisamente por la gravedad de esa situación, las propuestas políticas deben someterse a algo más exigente que un buen titular. Anunciar una moratoria turística no equivale a entregar una vivienda, y proponer cambios en el uso del suelo no explica por sí solo cómo se construirán hogares asequibles.
Unidad del Pueblo Canario ha presentado en Fuerteventura una batería de medidas que incluye moratorias turísticas adaptadas a cada isla, la desclasificación de suelo turístico para destinarlo a uso residencial, una tasa turística y actuaciones sobre las viviendas vacías. Luis Campos, candidato al Congreso por Las Palmas, las defendió durante una visita a Rosa Vila, en Puerto del Rosario, junto al aspirante al Senado por Fuerteventura, Rubén Reyes.
El diagnóstico expresado por ambos candidatos merece atención: el crecimiento económico debe traducirse en bienestar para la población. Sin embargo, compartir la preocupación no obliga a dar por demostrada la eficacia de las soluciones anunciadas. Entre denunciar una emergencia habitacional y resolverla hay decisiones presupuestarias, urbanísticas y administrativas que la presentación de UPC deja pendientes de concretar.
La factura de la moratoria: qué dicen realmente los antecedentes
El antecedente económico obliga a extremar la prudencia. El pasado 12 de noviembre, el consejero de Política Territorial, Manuel Miranda, informó en el Parlamento de que Canarias había abonado 275,1 millones de euros correspondientes a 27 acuerdos con promotores turísticos. La información de EFE situó en 316 millones la cuantía pactada para 36 acuerdos, de los cuales 32 habían obtenido homologación judicial. Estas cifras actualizan el escenario de 485 millones difundido meses antes. EFE
Ahora bien, utilizar ese precedente contra UPC exige contarlo correctamente. La factura no permite afirmar que los tribunales declararon ilegal, en su conjunto, la moratoria iniciada en 2001. El origen de estas indemnizaciones se encuentra en el mecanismo introducido por la Ley de Medidas Urgentes de 2009 y en los procedimientos posteriores sobre determinados terrenos turísticos y sus derechos edificatorios. EFE
La distinción importa. Atribuir todo el coste a una sola decisión o a un único dirigente convertiría una crítica legítima en otra simplificación política. Lo que acredita este recorrido es que una regulación mal gestionada, los expedientes sin resolver y los conflictos sobre derechos urbanísticos pueden mantener abiertas obligaciones económicas durante años.
Además, el cierre del conflicto también merece fiscalización. Nueva Canarias ha cuestionado la valoración de los acuerdos y que los propietarios conserven sus posibilidades de aprovechamiento urbanístico. El Gobierno defiende, por su parte, que la negociación reduce la exposición económica y evita nuevos litigios. Exigir rigor a quienes proponen otra moratoria también obliga a exigir transparencia a quienes negocian y pagan las indemnizaciones. EFE
UPC debe explicar cómo sus restricciones se convertirían en vivienda
La principal debilidad de la propuesta presentada por Campos es la distancia entre su contundencia y su desarrollo. El comunicado expone objetivos, pero no detalla la duración de las moratorias, los criterios para aplicarlas en cada isla, las excepciones, el tratamiento de los proyectos en marcha ni una estimación de sus posibles costes.
La iniciativa de destinar suelo turístico a uso residencial plantea preguntas igualmente relevantes: qué terrenos se transformarían, mediante qué procedimiento, con qué servicios y quién promovería las viviendas. Tampoco se concreta qué mecanismos garantizarían que esas futuras casas fueran asequibles para la población. Cambiar el destino de un suelo no basta para explicar el precio, los plazos y las condiciones de acceso a las viviendas que se pretende construir.
Aquí reside el riesgo de populismo: presentar una decisión compleja como una solución inmediata, mientras sus condiciones quedan fuera del discurso. La demagogia aparece cuando se da por resuelto el problema con la contundencia del anuncio y se deja para después la explicación de sus consecuencias.
Campos sostiene que no tiene sentido seguir construyendo hoteles cuando los trabajadores no encuentran dónde vivir. Es una afirmación políticamente potente. Pero la propuesta debe demostrar cómo la paralización de nuevos desarrollos se traduciría en oferta residencial, en qué plazo y para cuántas familias. El comunicado presentado no aporta esa evaluación.
Sucede también con la movilización de viviendas vacías de fondos, entidades financieras y grandes propietarios. UPC anuncia intervención, pero no desarrolla en esta presentación los instrumentos, los recursos ni los plazos. La tasa turística incorpora una posible vía de financiación para vivienda y protección territorial, aunque tampoco se acompaña de una previsión de recaudación o de un reparto concreto.
Estas ausencias no demuestran que las medidas sean inviables. Demuestran que todavía no se ha explicado suficientemente su viabilidad. Y esa diferencia debe mantenerse si se pretende combatir la simplificación con hechos.
La experiencia canaria tampoco permite concluir que toda intervención pública fracase o que cualquier límite turístico termine en los tribunales. Sí obliga a evaluar derechos afectados, costes y capacidad administrativa antes de aprobar decisiones de gran alcance. Según Miranda, prolongar los litigios anteriores habría supuesto seguir acumulando intereses y mantener una elevada incertidumbre para las cuentas públicas. europapress.es
Canarias tiene derecho a ordenar su crecimiento y a proteger su territorio. La ciudadanía tiene el mismo derecho a conocer cuánto cuestan las propuestas, cómo se aplicarán y qué resultados pueden ofrecer. UPC debe responder a esas preguntas si quiere que sus medidas sean algo más que una declaración electoral.
La vivienda necesita políticas que puedan ejecutarse y evaluarse. Sin esa explicación, la moratoria corre el riesgo de convertirse en otro titular para hoy y otra factura para mañana.


