Drago Canarias recurre el uso de las siglas UPC y reclama espacios en los medios públicos
- La formación cuestiona la denominación de la coalición integrada por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar al considerar que puede confundir al electorado.
- Drago solicita a la Junta Electoral Central 30 minutos de propaganda gratuita y su inclusión en entrevistas y debates por su participación en las candidaturas de Sumar de 2023.
Drago Canarias ha anunciado la presentación de dos acciones jurídicas y electorales relacionadas con las elecciones generales del próximo 29 de noviembre. La organización cuestiona ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife la proclamación de la coalición Unidad del Pueblo Canario bajo las siglas UPC y reclama ante la Junta Electoral Central (JEC) el reconocimiento de derechos de propaganda y cobertura informativa en los medios públicos.
Según explica en un comunicado, la primera actuación busca que la coalición modifique su denominación o retire las siglas que Drago considera susceptibles de generar confusión. La segunda pretende que se reconozca su participación en los resultados electorales obtenidos por las candidaturas de Sumar en Canarias en 2023 y que esta se traduzca en espacios de difusión durante la campaña.
Un recurso para cambiar la denominación, sin excluir a los candidatos
Drago Canarias sostiene que el uso de las siglas UPC por la coalición impulsada por Nueva Canarias, Podemos, Izquierda Unida y Movimiento Sumar puede inducir a confusión al evocar otras organizaciones políticas. Por ese motivo, afirma haber interpuesto un recurso contencioso-electoral contra el acuerdo de proclamación de la candidatura.
La formación fundamenta su reclamación en dos referencias. Por una parte, cita a la histórica Unión del Pueblo Canario, que obtuvo representación en las Cortes Generales y la Alcaldía de Las Palmas de Gran Canaria en 1979. Por otra, señala la existencia de Movimiento UPC, al que identifica como un partido inscrito en el Registro de Partidos Políticos y con sede en San Cristóbal de La Laguna.
Según Drago, Movimiento UPC también ha mostrado su discrepancia con la denominación utilizada por la nueva coalición. La organización considera que esta vulnera el artículo 46.4 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y encuadra su recurso en el artículo 49.1 de esa norma.
La petición, precisa el comunicado, no persigue excluir a las personas que integran la candidatura. Drago solicita que se active el trámite de subsanación que vincula al artículo 47.2 de la LOREG, para que la coalición cambie su denominación o retire las siglas UPC de la papeleta electoral. La formación defiende que esta modificación permitiría evitar confusiones y garantizar un voto informado.
Drago reclama derechos por su participación en Sumar en 2023
La segunda actuación se dirige contra el Acuerdo 322/2026 de la Junta Electoral Central, que, según sostiene Drago, distribuye los derechos electorales derivados de los comicios del 23 de julio de 2023 sin reconocer los que la organización considera que le corresponden.
En su recurso de reconsideración, Drago invoca su participación en la coalición Sumar y recuerda que encabezó la candidatura al Congreso por Santa Cruz de Tenerife. El comunicado cifra el respaldo obtenido por las candidaturas de aquella coalición en Canarias en 107.999 votos, el 10,55% de los sufragios válidos. Se trata de resultados de las candidaturas compartidas, no de una candidatura independiente de Drago.
La organización añade que la cláusula octava del pacto constitutivo registrado ante la JEC le atribuía expresamente un 20% de representación territorial. Sobre esa base, rechaza que los derechos derivados de aquella participación se atribuyan a la actual confluencia UPC y subraya que Nueva Canarias concurrió por separado en las elecciones de 2023.
Propaganda gratuita, entrevistas y participación en los debates
Drago solicita la asignación de 30 minutos de propaganda electoral gratuita en Radio Televisión Canaria y Radio Televisión Española, un tramo que considera que le corresponde por los resultados de 2023. Para sustentar su petición, cita los artículos 64 y 66 de la LOREG y la Instrucción 4/2011 de la Junta Electoral Central.
La formación reclama también su integración en la Comisión de Radio y Televisión encargada de supervisar el periodo electoral, así como su inclusión en los planes de cobertura informativa, las entrevistas y los debates de los medios públicos autonómicos y estatales.
Como argumento adicional, el comunicado alude a la trayectoria de Alberto Rodríguez y a las sentencias 8/2024 y 18/2024 del Tribunal Constitucional, a las que atribuye la restitución de sus derechos políticos y parlamentarios.
Dos reclamaciones pendientes de resolución
Drago presenta ambas actuaciones como una defensa de la pluralidad política y de los derechos de las personas que respaldaron las candidaturas en las que participó en 2023. La organización sostiene que debe evitarse tanto la confusión entre denominaciones electorales como su exclusión de los espacios de difusión de los medios públicos.
El comunicado informa de la presentación de las reclamaciones, pero no recoge una resolución sobre el fondo de ninguna de ellas ni incluye la posición de la coalición UPC. Por tanto, el cambio de denominación y la asignación de los espacios solicitados constituyen, por ahora, peticiones de Drago ante los órganos competentes.
