En el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, más capacidades, más empleo
Los momentos que nos han tocado vivir desde el punto de vista económico no han sido los mejores. La crisis que se desarrolla nivel mundial azota a la población y tiene su traducción más real en la pérdida de puestos de trabajo y en el crecimiento del desempleo. Bien es cierto que los datos más recientes reflejados en la Encuesta de Población Activa son algo más halagüeños, al tiempo que esperanzadores. Pero si algo está muy claro es que no todos los colectivos sufren esta situación de igual modo.
Uno de los sectores que suele padecer más dificultades de inserción e inclusión laboral es el de las personas con discapacidad. Además del problema estrictamente económico, existen otros factores que lo hacen, si cabe, más difícil. Nos referimos a los prejuicios sociales, al desconocimiento de las distintas capacidades, a la desconfianza en la persona, etc.
La tasa de empleo de las personas con discapacidad en España es del 24,5%; es decir, 33,3 puntos inferior a la de la población sin discapacidad, que se sitúa en el 57,8%; según indican los datos del reciente ‘Informe Cero’ del Observatorio de la Discapacidad y Mercado de Trabajo en España.
El informe concluye que las personas con discapacidad siguen en desventaja con respecto al resto de la ciudadanía al tener una tasa de empleo inferior, ganar de media un 10% menos o encontrar más trabas para acceder al sistema educativo reglado (Bachillerato, Formación Profesional, Universidad, etc.) que las personas sin discapacidad.
Por si esto no fuera poco, de dicho informe se desprende además que los empleados con discapacidad ganan de media un 10% menos que el resto y que trabajan, sobre todo, en el sector servicios y en ocupaciones elementales, como limpieza de oficinas y hoteles, peones de industrias manufactureras o conserjes y bedeles de edificios, ya sean públicos o privados.
En referencia a la educación, el número de jóvenes que abandonan de forma temprana la formación aumenta entre la población con discapacidad con respecto a la población sin discapacidad. En el primer grupo la cifra ronda el 43%, mientras que en el segundo se situa en el 25%. En este mismo apartado, el porcentaje de estudiantes que alcanzan la educación superior entre la población con discapacidad es del 15%, justo la mitad que entre la ciudadanía sin discapacidad (30%). Confirma igualmente el estudio del que hablamos que el porcentaje de alumnos con discapacidad que afirman encontrar barreras para acceder a la educación es superior (70%) que el de estudiantes sin discapacidad (50%).
En esta situación general, nos encontramos con la Ley 18/2014 de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobada recientemente. En ella se incluyen medidas dirigidas a aumentar la competitividad y fomentar el funcionamiento eficiente de los mercados y mejorar el acceso a la financiación, así como fomentar la empleabilidad y la ocupación, al tiempo que se avanzan algunas medidas de la reforma fiscal.
Las personas con discapacidad, y según recoge el CERMI (Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad), no están ausentes en esta importante ley, y son protagonistas en dos de sus medidas, como la Iniciativa de Empleo Juvenil y la Estrategia Española de Activación para el Empleo.
Con respecto a la Garantía Juvenil, cuya finalidad principal es que el colectivo de jóvenes no ocupados ni integrados en los sistemas de educación o formación puedan recibir una oferta de empleo, educación continua, formación de aprendiz o periodo de prácticas-, destaca la singularidad de la edad de acceso por las personas con discapacidad, que se amplía hasta los menores de 30 años para aquellos con un grado de discapacidad igual o superior al 33%.
Además, también hay un reconocimiento “muy importante” relativo a la transversalidad de la discapacidad en el acceso a los programas formativos y al empleo de jóvenes con discapacidad o en riesgo de exclusión social, ya sea a través del empleo ordinario o protegido. Asimismo, se permite el acceso no telemático al sistema establecido para estas personas.
También se ha determinado una nueva bonificación por la contratación de personas beneficiarias del Sistema Nacional de Garantía Juvenil, de la cual podrán beneficiarse las personas con discapacidad menores de 30 años y el importe de la bonificación es de 300 euros al mes con una duración de seis meses, con la obligación de mantener un contrato indefinido inicialmente pactado.
Con respecto a la Estrategia Española de Activación para el Empleo, el informe resalta una serie de modificaciones en la Ley que la regula y que la articula en una serie de ejes de las políticas de activación para el empleo, en los que se integrarán los objetivos en materia de políticas de activación para el empleo y el conjunto de los servicios y programas desarrollados por los Servicios Públicos de Empleo, poniendo énfasis en las personas con discapacidad como colectivo prioritario.
Estos ejes se centran en la orientación; formación; emprendimiento; mejora del marco institucional; o el de oportunidades de empleo, cuyas actuaciones están dirigidas, especialmente, para aquellos colectivos con mayor dificultad en el acceso o permanencia en el empleo, con especial consideración a la situación de personas con discapacidad, entre otros.
Hay que resaltar la especial referencia a programas específicos destinados a fomentar el empleo de personas con especiales dificultades de integración en el mercado de trabajo; otro establece la aplicación en todo el Estado de medidas estatales de políticas activas de empleo dirigidas de manera integrada a favorecer la inclusión laboral de personas con discapacidad; y, en el caso del artículo que regula las Agencias de colocación, obliga al cumplimiento de normas de Accesibilidad Universal y a la garantía del principio de igualdad en el acceso al empleo.
No quiero concluir sin hacer especial mención al Plan de Acción de Estrategia Española sobre Discapacidad donde el 95% de los recursos van destinados al empleo, siendo este la mejor forma de integración y normalización social de las personas con discapacidad.
Tenemos que abogar por que las administraciones públicas sigan realizando un importante esfuerzo en el fomento de la inclusión y autonomía de las personas con discapacidad, y que se insista en la transversalidad, ya que esta situación afecta a varias áreas como Sanidad y Servicios Sociales, Educación y Cultura, Transportes, Urbanismo y Obras Públicas, y por supuesto, el Empleo.
Desde el Cabildo de Gran Canaria hemos comenzado el camino, una hoja de ruta que ya no tiene marcha atrás y que viene caracterizada por llevar a cabo programas transversales donde se fomente una Isla en igualdad de oportunidades, para los grancanarios y para los que nos visitan.
Antonio Hernández Lobo
Consejero de Cooperación Institucional y Solidaridad del Cabildo de Gran Canaria
