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“Canarias tiene un límite” denuncia que las instituciones desvían el debate y eluden la moratoria turística

El movimiento alerta de que las medidas anunciadas por las administraciones solo abordan aspectos superficiales del colapso turístico que vive el archipiélago.

Desde el movimiento social y ecologista “Canarias tiene un límite” advertimos con preocupación que la clase política está respondiendo a la presión social con medidas que esquivan el núcleo del problema: el turismo masivo y descontrolado que está saturando nuestras islas. En lugar de asumir con valentía la necesidad de una moratoria turística y vacacional, las instituciones optan por acciones superficiales que generan la apariencia de cambio sin transformar el modelo de fondo.

Mientras se anuncian tasas de acceso a espacios naturales, limitaciones en enclaves como el Roque Nublo o debates sobre leyes de residencia, no se menciona ni una sola vez la palabra “moratoria”, a pesar de ser una de las exigencias más claras y repetidas por la ciudadanía. En Gran Canaria, el caso es particularmente escandaloso: el Cabildo ha aprobado la creación de más de 129.000 nuevas camas turísticas, lo que supondría duplicar la oferta actual. Y todo esto, bajo el discurso de una supuesta “ecoísla”.

Esta contradicción entre el discurso institucional y las decisiones políticas reales evidencia una estrategia de distracción que busca maquillar el crecimiento turístico bajo una capa de sostenibilidad aparente.

Desde “Canarias tiene un límite” denunciamos que esta forma de actuar no solo no resuelve los problemas estructurales que atraviesa el archipiélago —colapso de servicios, pérdida de biodiversidad, presión sobre la vivienda, y saturación territorial—, sino que desacredita la demanda legítima de quienes defendemos un futuro vivible para estas islas.

Uno de los ejemplos más recientes de esta política errática es el del Roque Nublo, símbolo natural de Gran Canaria, donde se ha impuesto un sistema de acceso restringido mediante aplicación digital y cupos que no diferencian entre turistas y población residente, e incluso reservan plazas a empresas turísticas. “Canarias tiene un límite” considera que este tipo de medidas sientan un precedente peligroso, que incluye en el.mismo orden población residente y turistas hacia una mercantilizacion de los espacios protegidos, mientras otros con sobrecarga no tienen limitaciones como el Monumento Natural de Guayadeque o la Reserva de las Dunas de Maspalomas.

Este tipo de medidas se está extendiendo a otras islas: en Tenerife, ya se cobra una ecotasa por acceder al Barranco de Masca, y se está valorando aplicar medidas similares en el Parque Nacional del Teide. En Fuerteventura, representantes políticos han anunciado que estudian implementar una ecotasa en Cofete y en las Dunas de Corralejo. Todas estas acciones confirman una tendencia institucional a limitar el acceso al entorno sin cuestionar el volumen total de turistas ni el crecimiento del negocio turístico.

Del mismo modo, la aplicación de una ecotasa en espacios naturales no puede sustituir ni desviar el foco del verdadero debate. Lo que exigimos no es únicamente una tasa por visitar espacios protegidos, sino una ecotasa finalista por pernoctación, aplicada únicamente a personas no residentes, que contribuya directamente a la restauración de los ecosistemas, la mejora de servicios públicos y la resiliencia del territorio. Esta medida, además de ser justa, es ampliamente utilizada en otros destinos del mundo.

Por tanto, desde “Canarias tiene un límite” reclamamos un compromiso político firme y estructural, que incluya:

• Una moratoria turística y vacacional indefinida, que detenga la creación de nuevas camas turísticas y ponga freno al crecimiento sin control del sector.

• Una ecotasa finalista por pernoctación exclusivamente para personas no residentes, aplicada a la patronal turística, que financie la restauración ambiental y los servicios públicos.

El movimiento advierte que todo lo que no pase por estas medidas integrales seguirá siendo propaganda y cosmética verde, mientras el territorio, el medio ambiente y la calidad de vida de quienes aquí vivimos continúan deteriorándose. Canarias no puede seguir soportando este modelo. La moratoria no es una opción: es una urgencia.

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