El PP de Mogán se opone a una propuesta de NC para “proteger” al taxi
Nueva Canarias (NC), a través de su portavoz municipal Isabel Santiago, presentó una iniciativa ante el Ayuntamiento de Mogán para establecer mecanismos que “protejan” al sector del taxi municipal frente a las nuevas formas de intrusismo.
La concejala nacionalista se refería entre otros agentes al “Urber”, una aplicación móvil de intermediación y contratación de vehículos particulares para traslado de personas mediante cobro, que podría ser ilegal pues fomenta la realización de un “transporte pirata” y sin garantías legales de ningún tipo para los viajeros.
De las medidas propuestas por NC, destacamos la creación de una comisión municipal -con representación de los grupos políticos y miembros del sector del taxi- para estudiar las medidas a aplicar, así como exigir a los ministerios con competencias en la materia y al Gobierno de Canarias que acaben con estas prácticas que ponen en peligro más de 100.000 puestos de trabajo.
Isabel Santiago planteó la necesidad de actuar cuanto antes, “así serán más eficaces las medidas” contra el “Urber” que, “aunque no ha llegado a Canarias, ya son muchos los taxistas locales que piensan que no tardará en aparecer”. Por su parte, el PP de Mogán entiende que el “Urber” no es un problema para Canarias y mucho menos para Mogán, así como el intrusismo tradicional para el que “son incapaces de buscar soluciones”.
La iniciativa de NC de establecer mecanismos de protección al sector del taxi fue rechazada únicamente por el equipo de gobierno del PP, a la vez que se plateaban “eliminar” de la comisión a los representantes de los grupos políticos de la oposición porque “estorbaban”. La concejala de NC le espetó al alcalde que si para él, defender el interés general era estorbar, ella iba a seguir estorbando.
Santiago enfatizó en el rechazo de esta propuesta que “es un suma y sigue en el castigo con el que el grupo de gobierno del PP y alcalde de Mogán tratan al sector del taxi”. También recordó que recientemente se incrementaron las tasas por la expedición de licencias “en un 266 por ciento, afectando principalmente a los asalariados del sector”.
