Financiación autonómica y el truco de la letra pequeña
A Canarias le hablan de financiación autonómica como si fuera un debate para economistas. Pero es lo que paga el médico de tu centro de salud, la profesora del colegio, la ambulancia que llega tarde porque no hay suficiente personal, la dependencia que se eterniza y la residencia que nunca abre. Por eso, cuando desde Madrid se anuncia un nuevo modelo, lo primero no es aplaudir ni enfadarse. Lo primero es preguntar cuánto nos toca y por qué.
El Gobierno de España ha presentado una propuesta de reforma y asegura que en 2027 habría 20.975 millones de euros adicionales para el conjunto de comunidades, y que Canarias recibiría 611 millones más al año que con el sistema vigente. El delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Pestana, lo defiende como un refuerzo del Estado del Bienestar y como un reconocimiento de singularidades territoriales como la insularidad.
Suena bien. Y precisamente por eso conviene dudar. Porque la pregunta no es si sube una cifra en bruto, la pregunta es si sube lo que debe subir. Canarias presta servicios públicos con sobrecostes permanentes por la fragmentación territorial y la lejanía. Si el sistema mete 21.000 millones más, es legítimo preguntar qué parte de ese incremento nos corresponde por población y por coste real de prestar sanidad, educación y servicios sociales en un archipiélago desplazado.
Aquí aparece la trampa, el dinero no cae del cielo. Ese incremento se paga con deuda o con impuestos presentes y futuros. Dicho de forma llana, lo pagamos entre todos. Según el Gobierno de Canarias, el esfuerzo medio ronda los 450 euros por habitante, mientras que el retorno estimado para Canarias se quedaría alrededor de 270 euros por persona. Si esa comparación se acerca a lo que termina pasando, el titular de “más dinero” se convierte en otra cosa, “menos de lo que me toca”.
Por eso Fernando Clavijo ha pedido prudencia y ha insistido en conocer la letra pequeña, porque la clave es que la distribución sea la correcta. En financiación autonómica, la letra pequeña es la fórmula y la ponderación, y lo que se decide ahí se sufre o se disfruta durante años. Coalición Canaria, por su parte, ha advertido de que Canarias podría dejar de percibir cerca de 400 millones respecto a lo que le correspondería, y ha llegado a plantear oposición política y jurídica si se confirma un recorte.
Y entonces llega la palabra que lo cambia todo, ordinalidad. Suena extraña, pero es simple porque es mediocre. Ordinalidad significa mantener el puesto. Si una comunidad aporta mucho al sistema, quiere seguir quedando arriba cuando se reparte. El problema es evidente. Si blindas el puesto de quien tiene más músculo fiscal, qué ocurre con quienes tienen menos capacidad recaudatoria aunque tengan necesidades objetivas mayores o costes superiores de prestación. Este debate, impulsado por la negociación política con Cataluña, ha encendido alarmas en distintas autonomías y ha tensionado el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
No se trata de convertir a una comunidad en villano. Se trata de defender una idea democrática básica, la igualdad de derechos no debe depender del código postal. La solidaridad interterritorial existe para que un ciudadano de El Hierro o Fuerteventura no tenga menos servicios por el simple hecho de vivir donde vive. Si el nuevo sistema reduce diferencias, perfecto. Si en cambio consolida un mapa donde el que más presiona sale mejor parado, entonces no estamos ante una reforma técnica, estamos ante política fiscal condicionada por la aritmética parlamentaria.
A todo esto se suma un dato que alimenta el escepticismo. España ha empezado 2026 con los Presupuestos Generales del Estado prorrogados, porque no hay una nueva ley presupuestaria aprobada a tiempo. Es legal, sí. Pero políticamente retrata un país que gobierna a base de negociación continua, donde cada socio pone precio a su apoyo. Y cuando el Gobierno central negocia al día, a quien no entra fuerte en la mesa le toca conformarse con el resumen, no con el detalle.
En Canarias hay otra palabra que no puede faltar, Europa. Canarias es región ultraperiférica y el derecho europeo permite medidas específicas por ultraperiferia, lejanía e insularidad. Esto no es un capricho. Es el reconocimiento de un hecho, vivir y producir aquí cuesta más. El REF es parte de ese escudo, no un privilegio. Por eso la línea roja es clara, el REF no se puede diluir dentro del sistema común como si Canarias fuera una región peninsular más.
Entonces, qué debemos exigir, sin gritos pero sin ingenuidad. Transparencia total, comprobar si esos 611 millones son una mejora real o un espejismo estadístico. Defensa honesta de nuestra singularidad, con números que reflejen el coste real de prestar servicios públicos en islas. Multilateralidad, porque un sistema general no puede nacer de un acuerdo bilateral y luego pretender que todos lo acepten como si fuera neutral. Y una garantía final, que Canarias no quede por debajo de lo que le corresponde por población y por costes, porque eso no es solidaridad, es desequilibrio.
La financiación autonómica no es un debate de las élites. Es tu centro de salud, tu colegio, tu familia, tu negocio y tu futuro. Cuando te digan 611 millones más, la respuesta no debe ser aplauso automático. Debe ser una pregunta incómoda, cuánto nos tocaría si el reparto fuera justo. Si esa pregunta no se responde con claridad, no es financiación. Es truco.
Firmado:
YAIR RODRIGUEZ PEREZ
