“La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT) lleva su denuncia a Bruselas: ‘Nos están quitando nuestras casas para dárselas al negocio turístico’”
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística (PALT), encabezada por su presidenta Maribe Doreste y su vicepresidente Manuel Batista, ha denunciado públicamente lo que califican como una injusticia histórica que afecta a cientos de propietarios en Canarias: ser multados por vivir en sus propias viviendas ubicadas en zonas turísticas.
Respaldados por años de movilización social y lucha legal, la plataforma advierte que están siendo víctimas de una “expropiación encubierta” que, aseguran, está siendo impulsada directamente por la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Jéssica de León. En sus palabras, el nuevo decreto de residencialización es un intento por disfrazar una medida que sigue despojando a los ciudadanos de sus derechos.
“Nos obligan a solicitar un uso residencial que ya tenemos, con gastos que alcanzan los 64.000 euros en estudios urbanísticos, y sin garantía alguna de que nos lo concedan. Nos están sacando de nuestras viviendas legales para entregárselas al explotador turístico, que además no tributa como nosotros. Una vivienda vacacional tributa mucho más que una explotación turística”, afirmó Doreste.
Desde la plataforma se preguntan: “¿Por qué este empecinamiento en beneficiar siempre al explotador turístico? ¿Por qué nuestras casas deben acabar en manos de quienes ni siquiera aportan a las arcas públicas como lo hacemos los residentes?”
Recientemente, representantes de la PALT viajaron a Bruselas, donde presentaron documentación legal de sus viviendas —escrituras, notas simples y licencias— que sorprendieron a eurodiputados de varias formaciones, quienes consideraron estos hechos como algo inaceptable en un Estado democrático de la Unión Europea.
“La consejera dice que las multas están paralizadas, pero eso no es cierto. A los vecinos les siguen llegando sanciones por vivir en su casa de toda la vida. Es indignante”, denunció Batista.
La plataforma va más allá en su denuncia, advirtiendo que Canarias vive un proceso de “limpieza étnica inmobiliaria” que está empujando a los canarios fuera de las zonas turísticas. “Hoy es en el sur, mañana será en Agaete, en Sardina, en Las Canteras. No se trata solo de Maspalomas: esta es una amenaza para toda la ciudadanía”.
Además, subrayan que pese a sus intentos de diálogo con todos los grupos políticos, el único que no los recibió en Bruselas fue el Partido Popular, formación a la que pertenece la actual consejera. Sin embargo, insisten en mantener la mano tendida al diálogo: “Nosotros queremos soluciones, pero no vamos a tolerar más atropellos”.
La Plataforma de Afectados por la Ley Turística continúa su labor de asesoramiento desde su sede en la Avenida de Moya (Maspalomas), donde atienden semanalmente a nuevos casos de personas que se enfrentan a multas y órdenes de desalojo.
“Esta es una lucha de todos. Por nuestros derechos, por nuestras casas, por nuestra tierra”, concluyen con firmeza.
