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IUC dice que las pistas aeroportuarias canarias están al 27 por ciento de su capacidad

Pistas del aeropuerto de Gran Canaria
Pistas del aeropuerto de Gran Canaria

Izquierda Unida Canaria (IUC) asegura que ha recibido una respuesta escrita del Gobierno del Estado, donde se informa que las pistas de los aeropuertos de Canarias, gestionados por Aena, utilizan el 27,2% de su capacidad para el tráfico de aeronaves y tienen un 72,8% de capacidad libre.

Los datos proporcionados por el Gobierno a IUC muestran que el aeropuerto que utiliza un mayor porcentaje de su capacidad para el tránsito de aeronaves es el Aeropuerto de Gran Canaria, con un 40,37%, en 2013. Esto supondría que, con las pistas y las ratios de pasajeros actuales podría mover más de 26 millones de viajeros, una cifra muy superior a los 9,7 millones de pasajeros de 2013.

Por su parte, el aeropuerto Tenerife-Sur, el otro gran aeropuerto canario por volumen de pasajeros, únicamente utiliza el 25,82% de su capacidad para el tráfico de aeronaves, una cifra que, con las ratios actuales, permitiría mover más de 33 millones de pasajeros al año por una infraestructura que, en 2013, fue utilizada por 8,7 millones de viajeros.

IUC afirma que los datos objetivos demuestran que Canarias no necesita nuevas pistas en sus aeropuertos y que, si hay proyectos de construcción de tales infraestructuras en Gran Canaria y Tenerife, lo único que ello refleja es el excesivo poder de determinados empresarios del sector y la pésima calidad de la democracia en Canarias. Es inconcebible que un sistema democrático, que funcione representando el interés público, asuma dilapidar cientos de millones de euros en pistas aeroportuarias innecesarias, como lo han planteado los tres partidos grandes de Canarias.

Con respecto al resto de los aeropuertos canarios, puede señalarse que el de Tenerife-Norte usa el 32,15% de su capacidad, el de Lanzarote el 39,37%, el de La Palma el 19,62%, el de La Gomera el 6,48%, el de Fuerteventura el 31,58% y el de El Hierro el 22,25%. Se trata de datos que demuestran que en Canarias se demandan infraestructuras muy costosas y claramente innecesarias y que la corrupción no se refiere únicamente a actividades de carácter ilegal.

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