La alcaldesa de Mogán acusa a la consejera Jessica de León de inducir a errores legales que podrían provocar la pérdida de derechos a miles de propietarios.

La alcaldesa de Mogán, Onalia Bueno, ha instado a los propietarios de viviendas vacacionales de Canarias a desoír las recientes recomendaciones de la consejera de Turismo, Jessica de León. Según advierte, seguir las instrucciones difundidas por la Consejería podría provocar la pérdida definitiva de los títulos habilitantes, al solicitar darse de baja y tramitar nuevamente el alta antes de la entrada en vigor de la nueva Ley de Vivienda Vacacional.

Un conflicto institucional sobre la interpretación de la nueva Ley de Vivienda Vacacional

La polémica surge tras el comunicado emitido por la Consejería de Turismo el día anterior, en el que se recomendaba a los titulares de viviendas vacacionales dar de baja su actividad en los cabildos y tramitar nuevamente el alta antes de presentar la comunicación previa de actividades clasificadas en los ayuntamientos. Según Jessica de León, este sería el procedimiento adecuado ante los cambios introducidos por la nueva norma.

Onalia Bueno rechaza de forma frontal esta instrucción y la califica de “gravemente irresponsable”, al considerar que empuja a los propietarios a perder la consolidación mínima de un año que exige la legislación recién aprobada. A su juicio, las indicaciones “son inexactas, generan confusión y perjudican directamente a quienes dependen de este régimen jurídico”.

Críticas a la tramitación de la ley y acusaciones de mala información

La alcaldesa de Mogán cuestiona que la Ley aún no haya sido publicada en el Boletín Oficial de Canarias mientras la consejera reconoce ya la necesidad de reformarla. Para Bueno, esta situación evidencia “un proceso de elaboración deficiente, sin consenso y que desoyó las advertencias de los ayuntamientos sobre las actividades clasificadas”.

Asimismo, rechaza que la Consejería intente responsabilizar a otros grupos parlamentarios por no aceptar enmiendas de última hora, recordando que el texto final es resultado exclusivo del trabajo desarrollado por el área de Turismo durante más de dos años.

También critica que la consejera sugiera que la regularización solo sería posible con la renuncia a la declaración responsable y la presentación de una nueva solicitud. Bueno sostiene que esta interpretación es “jurídicamente falsa” y que conduciría a los titulares “al abismo”, dejándolos sin posibilidad de acogerse a la consolidación de la actividad previa.

Advertencias sobre la pérdida de derechos y la ausencia de tiempo para tramitar bajas

Uno de los puntos más controvertidos es la propuesta de la Consejería de que los propietarios tramiten una baja en los cabildos antes de solicitar un nuevo alta y, posteriormente, presentar la comunicación previa de actividades clasificadas en los ayuntamientos. Bueno subraya que esta recomendación es “inaplicable”, dado que la ley ya ha sido aprobada y no existe tiempo material para completar estos trámites antes de su publicación.

La alcaldesa lamenta que miles de propietarios hayan acudido a sus ayuntamientos siguiendo las indicaciones previas de la Consejería, mientras ahora se les propone un procedimiento contrario, sin garantías jurídicas y sin certeza sobre los efectos administrativos.

Un problema ampliado por la falta de datos oficiales

Bueno también reprocha que la consejera afirme que “muchas viviendas vacacionales han cumplido con las actividades clasificadas”, sin aportar datos verificables. Señala que no existe un registro actualizado que permita conocer cuántas unidades han completado realmente el trámite, lo que, a su juicio, demuestra que la norma se ha impulsado sin conocer el alcance real sobre la ciudadanía afectada.