Preocupación en Gran Canaria por el futuro del vertedero de Juan Grande
El PSC-PSOE en el Cabildo de Gran Canaria muestra su preocupación ante el hecho de que el próximo 21 de mayo de 2014 finalice el contrato en vigor con Urbaser S.A. para la explotación del Complejo Medioambiental de Juan Grande, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana.
Esta fecha era el límite para el traspaso del complejo a la nueva concesionaria, la UTE Cespa-Ayagaures. Sin embargo, la adjudicación de este contrato está suspendida por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) de 22 de febrero de 2013. En estos momentos, solo existen dos posibilidades: o bien que se cierre el vertedero de Juan Grande, con las consecuencias que ello lleve aparejadas; o bien que se prorrogue el contrato y, por tanto, se siga vertiendo en este vertedero de manera ilegal.
Ante la incertidumbre y la aproximación de la fecha tope para la toma de decisiones, los socialistas del Cabildo de Gran Canaria solicitarán en la próxima reunión de la Comisión de Pleno de Medio Ambiente, que tendrá lugar el próximo martes 15 de abril, que el gobierno insular defina cual es la estrategia que va a seguir en esta cuestión. “El asunto no es baladí. Si la opción que está barajando el gobierno de la isla es la de prorrogar el contrato con la actual concesionaria de Juan Grande, estaríamos ante la continuidad de una ilegalidad, de la que ha sido advertido por la Comisión Europea el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente”. Tal es así, –indica el consejero socialista Augusto Hidalgo- que en marzo de 2013 el Ministerio instó al Cabildo a establecer un plan, con plazos, para la definitiva clausura del vertedero, en cumplimiento de la Directiva 1999/31 CE.
Por tanto, explica Hidalgo que si no se pronuncia antes el TSJC, y lo hace autorizando la entrada de la nueva concesionaria, el 21 de mayo el Cabildo solo tendrá dos opciones: o prorrogar y continuar una ilegalidad, con las consecuencias que de ello se deriven; o cerrar definitivamente el vertedero (hasta el levantamiento de la suspensión judicial del nuevo contrato) y la derivación de todos los residuos al Complejo de Salto del Negro, que hoy sí se encontraría en condiciones de cumplir la legalidad.
Esta situación ya fue advertida por los socialistas en el pasado, cuando el gobierno insular paralizó un año los contratos de la dirección de obra y de coordinación de seguridad y salud de los dos complejos medioambientales de la isla. “En aquel momento, de no ser por la exigencia del PSOE de que se llevaran a la Mesa de Contratación los concursos reseñados, hoy nos encontraríamos con los dos Complejos Medioambientales paralizados”, matiza el viceportavoz socialista.
Por todo ello, y ante la gravedad de la situación, el viceportavoz del grupo socialista en el Cabildo, Augusto Hidalgo, comentó que “pediremos a la consejera que explique la situación, informando sobre las gestiones realizadas frente al TSJC para hacerles ver la importancia que para la salud y el medio ambiente tiene que se pronuncien ya sobre el incidente de nulidad presentado por el Cabildo”.
De igual forma, preguntará si el Cabildo ha diseñado un plan de contingencia sobre la situación que se va a producir el 21 de mayo, “que debe incluir, necesariamente, la transparencia e información precisa a los grupos de la oposición, a los alcaldes de los municipios y a los vecinos afectados”. En este sentido, Hidalgo resaltó que “no se puede establecer un operativo que puede tener unos costes y una posibles afecciones a los ciudadanos sin la connivencia de todos lo implicados. Ya nos estamos acostumbrando a cierta opacidad en esta materia. Y en la gestión de residuos la máxima en todos los manuales parte de la mayor complicidad con la ciudadanía posible. En este sentido, estaremos expectantes ante las actuaciones del Gobierno,” apuntó.
Un vertedero de suspenso en suspenso
Se da la circunstancia de que el 20 de febrero de 2012, por acuerdo unánime del Consejo de Gobierno, se procedió a adjudicar el contrato administrativo a la nueva concesionaria. Este quedó en suspenso, de forma automática, por presentación de recurso administrativo especial por una de las empresas licitadoras al concurso, hasta que se resolvió dicho recurso contra los recurrentes. Ante ello, presentaron un recurso contencioso administrativo, quedando de nuevo en suspenso.
Al pedir el Cabildo medidas cautelares que levantaran la suspensión, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, dictó Auto de levantamiento de la suspensión de la adjudicación del contrato el 22 de agosto de 2012.
El 7 de septiembre de 2012 se firmó el contrato del Cabildo con la nueva UTE. La licitadora que había recurrido apeló al TSJC contra el Auto de primera instancia y la Sala le da la razón el 22 de febrero de 2013, suspendiendo de nuevo el contrato.
Curiosamente, la misma Sala del TSJC, en las mismas circunstancias, dicta sentencia contra los recurrentes en el caso del Complejo de Salto del Negro. Como consecuencia de esto, si bien en Salto del Negro se está procediendo al sellado y construcción del nuevo vaso de vertido controlado, en Juan Grande sigue operando la antigua concesionaria vertiendo de forma ilegal hasta que se concluya el contrato, esto es, el 21 de mayo próximo.
El Cabildo ha presentado un incidente de nulidad de actuaciones ante esta resolución del TSJC, pero no se ha pronunciado aun el Tribunal.
