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Brígida Mendoza, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, con el alcalde de Santa Lucía de Tirajana

Más de 48.000 personas siguen sin acceso al derecho a la salud en Canarias

Brígida Mendoza, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, con el alcalde de Santa Lucía de Tirajana
Brígida Mendoza, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, con el alcalde de Santa Lucía de Tirajana

Las organizaciones Acciónenred-Canarias, Amnistía Internacional, Cáritas , CEAR, Coordinadora Canaria por la Sanidad y la Salud Pública, Plataforma Yo Sí atiendo y Médicos del Mundo denuncian que las medidas especiales puestas en marcha por el Servicio Canario de la Salud no funcionan, ya que solo 42 personas han podido obtener la tarjeta especial. Las nefastas consecuencias de la norma también preocupan a la comunidad científica internacional, que se ha hecho eco en medios especializados.

El 1 de septiembre se cumple un año desde la retirada de tarjetas sanitarias a consecuencia de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 16/2012. El decreto ha expulsado a las personas inmigrantes en situación administrativa irregular del sistema público de salud, y ha introducido medidas, como el copago de medicamentos, que afectan también a la población española, especialmente a la más vulnerable. Las organizaciones sociales firmantes alertan de que el cambio de modelo abre la posibilidad a que las pérdidas de derechos aumenten y afecten a un mayor número de personas a medida que avance la aplicación de la reforma sanitaria.

La legislación dejó sin cobertura sanitaria normalizada a 48.652 personas que residen en Canarias. Las medidas especiales puestas en marcha por el Servicio Canario de Salud no funcionan, pues solo 42 personas han podido obtener la Tarjeta Especial debido a las dificultades burocráticas que entraña el conseguir la documentación del país de origen solicitada por la Orden 14 de diciembre de 2012. Además, las personas que consigan obtener esta Tarjeta Especial tienen que costearse el cien por cien de los tratamientos, algo que en la mayoría de los casos supone una barrera económica insalvable.

Advertencias en la prensa científica internacional

Las consecuencias de esta normativa y de los efectos de otras políticas de austeridad han tenido reflejo en medios tan prestigiosos como The Lancet1 o Medical British Journal2. Algunos autores ya han alertado del previsible aumento de las enfermedades transmisibles como resultado de la dificultad actual para realizar un diagnóstico precoz y un seguimiento adecuado de las personas excluidas.

El caso de Alpha Pam, el joven senegalés fallecido por tuberculosis en Baleares que resultó ser la fuente primaria de un brote de esta enfermedad, es un claro ejemplo de ello. Como consecuencia de la aplicación del RDL16/2012, Alpha Pam no tenía asignado médico de familia y su historial clínico ya no figuraba en las bases de datos, lo que impidió que su enfermedad fuera diagnosticada a tiempo y que se aplicara el protocolo médico correspondiente.

¿Quién será responsable en Canarias de los fallecimientos de personas que, por estar en una situación similar, pudieran producirse?

Otros expertos, como el psiquiatra y consultor de la OMS Manuel Desviat, han advertido de un probable aumento de los trastornos mentales, e incluso de suicidios, entre la población afectada.

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