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Pleno ordinario de Mogán, marzo 2018
Grupo de gobierno de Mogán

NC recuerda que “el interventor advirtió a Bueno que su política de personal iba contra el espíritu de la ley de los PGE”

La pasada semana tuvimos conocimiento del requerimiento efectuado por la Viceconsejería de Administraciones públicas a la alcaldesa de Mogán, ante la comisión de unas infracciones al ordenamiento jurídico, cometidos por la administración local en relación al nombramiento de personal funcionario interino, recuerda Nueva Canarias en una nota de prensa.

Dicho requerimiento, obligó al Ayuntamiento de Mogán a subsanar dos decretos por los que se contrataban a dos auxiliares administrativos, ya que “obviaron incluir en el nombramiento el carácter excepcional del mismo, así como la existencia de necesidades urgentes e inaplazables que justificasen la contratación de las mismas”, añade la formación nacionalista progresista.

Esta situación no sorprende a la portavoz de Nueva Canarias Isabel Santiago, ya que “fue el mismo interventor municipa el que advirtió en la comisión informativa de servicios centrales, celebrada el 30 de enero, que declarar como prioritarias todas las categorías profesionales del Ayuntamiento de Mogán iba contra el espíritu de la Ley de los Presupuestos Generales del Estado, ya que considerar todo prioritario es una contradicción con el mandamiento legal”.

Según la concejala nacionalista, “la situación que plantea este escrito del servicio de administración local, pone en tela de juicio todas las contrataciones realizadas por el gobierno de Ciuca-Psoe, pues en todas se observan las mismas infracciones al ordenamiento jurídico”.

Isabel Santiago añade a su denuncia que “este nuevo tropiezo en la ejecución de la política de personal del gobierno de Onalia Bueno, se suma a las sentencias anulatorias de muchos de los traslados ejecutados contra determinados funcionarios municipales, al inicio de expedientes de suspensión de empleo y sueldo contra cuatro policías locales, cuestionados por los correspondientes autos judiciales, a la anulación de la concesión de productividades, y a la revocación del incremento de los complementos específicos a funcionarios simpatizantes de Ciuca”.

Para NC, esto es un suma y sigue en una modo de gestión de los Recursos Humanos que no tiene en cuenta que la administración debe organizarse para ser más eficaz en la prestación de los servicios públicos a los ciudadanos, sino todo lo contrario, “es un instrumento represor contra aquellos que se atreven a alzar la voz contra los abusos que, desde el sillón del poder, comete Onalia Bueno”, sentencia Isabel Santiago.

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