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OCCC: “El coste de la justicia facilita la impunidad de los corruptos”

Mañana 26 de julio el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, comparecerá como testigo en el juicio de la primera época del caso Gürtel (entre 1999 y 2005), siendo la primera vez que lo hace un presidente del Gobierno en el ejercicio del cargo. Felipe González compareció ante el Tribunal Supremo unos años después de dejar el cargo, como testigo en el juicio del “caso Marey” en 1998.

Ser testigo significa que no se han encontrado pruebas que establezcan ninguna responsabilidad personal en el asunto que se enjuicia, pero está obligado a decir la verdad, extremo que no sería igual si fuese imputado, con derecho a no declarar contra sí mismo y por lo tanto a mentir.

Mariano Rajoy, tras una dilatada vida política, podría aprovechar para “tirar de la manta” y contar ante el tribunal todo aquello que conoce sobre la corrupción en España, que seguro que es bastante. Pero no ocurrirá. Rajoy está allí a la fuerza, por más que la hipocresía política que forma parte del código de conducta de la política y algunos medios de comunicación digan ahora, que está encantado de colaborar con la justicia. Rajoy ha sido citado por la falta de colaboración de su partido y solo por la existencia de una acusación popular que ha insistido hasta convencer al tribunal de la conveniencia de su interrogatorio como testigo.

La justicia en España funciona mal. ¿En cuántos otros casos, de no haberse solicitado fianzas a las organizaciones cívicas que se empeñan en combatir a los corruptos, se podría haber avanzado en el esclarecimiento de prácticas ilegales? Nunca se sabrá. Nosotros sí hemos visto pasar indicios muy sólidos de actuaciones irregulares que no hemos podido perseguir ante los tribunales porque algunos fiscales no hacen su trabajo, a veces desbordados, y sentido que el Estado, la Justicia, protege a los corruptos y obstaculiza la tarea de quienes quieren desenmascararlos. En estos momentos se está llevando a cabo un procedimiento en Crevillent, el conocido como “caso Abornasa”, gracias a que el colectivo Acción Cívica prestó los 4.000 euros de fianza demandados de los que solo se han recaudado mediante crowdfunding unos 1.000 euros. Y la pretensión del Gobierno es limitar aun más el ejercicio de la acción popular, que acabaría con el sentido de la justicia impartida en nombre del pueblo.

Exigimos a Rajoy que diga la verdad y que trabaje por un país más limpio, justo y decente que este cuyo gobierno hoy preside.

Source: Observatorio de la Ciudadanía Contra la Corrupción
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