El PSOE acusa a Alejandro Marichal de “improvisación” tras un informe que frena la municipalización de la publicidad en San Bartolomé de Tirajana
- Un informe jurídico bloquea la gestión a través de Gesvisur y obliga a licitar el servicio
- Los socialistas denuncian “desgobierno” y exigen volver a la legalidad administrativa
El grupo municipal socialista de San Bartolomé de Tirajana ha denunciado este 6 de abril de 2026 un nuevo conflicto en la gestión del área de Urbanismo y Patrimonio tras la emisión de un informe jurídico que paraliza la intención del primer teniente de alcalde, Alejandro Marichal, de municipalizar el servicio de publicidad en la vía pública a través de la sociedad municipal Gesvisur. La oposición considera que este episodio evidencia una forma de gobernar basada en la improvisación, mientras el documento técnico apunta a que la vía planteada no se ajusta a la legalidad vigente.
Qué ha ocurrido: un informe técnico frena la estrategia del gobierno local
El origen del conflicto se sitúa en la intención del área dirigida por Alejandro Marichal de encomendar a la sociedad municipal de viviendas Gesvisur la gestión del contrato de explotación publicitaria en mobiliario urbano, como vallas o mupis, un servicio que históricamente ha estado en manos de la empresa Mompex.
Sin embargo, un reciente informe jurídico ha paralizado esta iniciativa al considerar que la explotación publicitaria no constituye un servicio público, sino un uso privativo del dominio público con finalidad lucrativa. En este sentido, el documento concluye que no está jurídicamente justificado el encargo a un medio propio como Gesvisur, y determina que la vía adecuada es la licitación mediante una concesión administrativa.
El contenido del informe: dudas legales y advertencias sobre el procedimiento
El informe no solo cuestiona el modelo planteado por el gobierno local, sino que también pone el foco en la situación actual del servicio. Según el documento, no existen razones de interés público que justifiquen la prolongación del acuerdo transaccional con la empresa que venía prestando el servicio.
Además, se advierte de la necesidad de que la mercantil justifique de forma urgente los ingresos trimestrales desde el tercer trimestre de 2024, ya que no consta en el expediente la documentación que acredite que las cantidades abonadas al Ayuntamiento se corresponden con el porcentaje estipulado del 3% de sus ingresos.
Cabe recordar que el contrato original finalizó en 2012 y se extinguió en 2020, lo que, según el informe, agrava la situación de interinidad en la gestión de este servicio.
La reacción del PSOE: críticas a la gestión y petición de responsabilidades
Desde el grupo municipal socialista, su portavoz, Conchi Narváez, ha sido especialmente crítica con la actuación del primer teniente de alcalde, al que acusa de actuar al margen de los procedimientos administrativos.
Narváez ha calificado a Marichal como un “kamikaze de la política”, asegurando que su forma de gobernar se caracteriza por “saltarse los requisitos, los plazos y los procedimientos básicos de la administración pública”. En esta línea, los socialistas sostienen que este no es un hecho aislado, sino parte de una dinámica reiterada en distintos expedientes municipales.
Asimismo, el PSOE ha señalado que ya habían advertido de situaciones similares en otros procesos, como el relacionado con el convenio con VISOCAN, insistiendo en que los técnicos municipales han tenido que intervenir en varias ocasiones para corregir actuaciones del área.
Qué piden los socialistas: volver a la licitación pública
Ante este escenario, el grupo socialista exige al gobierno local que acate el contenido del informe jurídico y restablezca la legalidad en el procedimiento. En concreto, reclaman que se convoque un concurso público para adjudicar el servicio de explotación publicitaria en mobiliario urbano.
Según la oposición, esta sería la vía adecuada para garantizar la transparencia, la seguridad jurídica y el retorno económico para las arcas municipales mediante el correspondiente canon, tal y como establece la normativa vigente.
Contexto político: tensión en la gestión urbanística del municipio
Este episodio se enmarca en un contexto de creciente tensión política en torno a la gestión urbanística y patrimonial en San Bartolomé de Tirajana, donde la oposición viene denunciando de forma recurrente la falta de rigor en determinados procedimientos.
El informe jurídico supone, en este caso, un elemento clave que condiciona la hoja de ruta del gobierno local y obliga a replantear el modelo de gestión de un servicio vinculado a la explotación económica del espacio público.
