Canarias exige voz propia en la Unión Europea para evitar que el Pacto Migratorio colapse el archipiélago
El Gobierno de Canarias ha trasladado este martes a Bruselas una advertencia firme sobre el futuro de la gestión de fronteras en el Atlántico. La administración autonómica sostiene que el nuevo Pacto de Migración y Asilo de la Unión Europea, cuya entrada en vigor está prevista para el próximo mes de junio, carecerá de eficacia real si persiste en ignorar la singularidad y las necesidades de las regiones frontera. El Ejecutivo regional reclama un giro en la política comunitaria que garantice solidaridad obligatoria y una financiación adaptada a la realidad insular.
Esta postura fue defendida por el viceconsejero del Gabinete del Presidente, Octavio Caraballo, durante la reunión del grupo de trabajo sobre Migración de la Conferencia de Regiones Periféricas y Marítimas (CRPM). En este foro internacional, el representante canario manifestó la profunda preocupación del archipiélago ante un acuerdo que, según denunció, se ha diseñado sin consultar a quienes gestionan el fenómeno migratorio en primera línea de costa.
La Ruta Atlántica demanda un reconocimiento específico frente al Mediterráneo
Uno de los puntos clave de la reivindicación canaria es la distinción técnica y política de la Ruta Atlántica. El Ejecutivo insiste en que la Unión Europea debe reconocer formalmente este trayecto como un sistema migratorio específico, diferenciado de los flujos del Mediterráneo. Esta distinción no es solo nominal, sino operativa: implica el diseño de estrategias propias de prevención, salvamento y cooperación internacional ajustadas a travesías de más de 2.000 kilómetros realizadas en embarcaciones precarias.
Caraballo subrayó que la falta de un enfoque atlántico en el Pacto podría agravar la presión sobre las islas. La preocupación radica especialmente en el Reglamento de Triaje, que contempla controles prolongados. Bajo esta normativa, las personas migrantes podrían permanecer en Canarias hasta seis meses (un periodo inicial de 12 semanas prorrogables por otras 12), frente a la media actual de un mes. El Gobierno autonómico califica este escenario como inasumible para un territorio limitado y fragmentado, alertando del riesgo de que el archipiélago se convierta en un espacio de retención permanente.
Protección de menores y rechazo a la externalización de centros de acogida
La gestión de los menores migrantes no acompañados se sitúa como otra de las prioridades absolutas. Con aproximadamente 3.000 jóvenes bajo tutela autonómica, Canarias urge a la creación de un sistema europeo de protección con reubicación obligatoria y rápida, alejándose del actual modelo de solidaridad voluntaria. Caraballo defendió la necesidad de estándares comunes de tutela en todos los Estados miembros y una financiación estable que cubra no solo la acogida básica, sino también la educación y la atención a la salud mental de estos menores.
En el plano financiero, el Gobierno de Canarias rechaza el concepto de externalización de centros de acogida a cambio de fondos y demanda la regionalización de los presupuestos europeos. Esta medida permitiría flexibilizar las normas comunes y adaptar los recursos a las condiciones estructurales de las islas. Finalmente, el viceconsejero lamentó la exclusión de Canarias en la elaboración de los planes nacionales por parte del Estado español, una omisión que dificulta la implementación de respuestas ajustadas a la realidad de la comunidad autónoma con mayor presión migratoria del país.
