Hasta 4.506 mujeres migrantes podrían trabajar sin contrato en hogares de Canarias
- Un estudio de ODESOCAN sitúa al Archipiélago entre los territorios con mayor informalidad en el empleo doméstico
- La regularización extraordinaria de 2026 abre una oportunidad para visibilizar a trabajadoras atravesadas por precariedad, cuidados y falta de documentación
Hasta 4.506 mujeres migrantes podrían estar trabajando como empleadas de hogar en Canarias sin contrato ni alta en la Seguridad Social, según un estudio del Observatorio de Derechos Sociales de Canarias. El informe, con datos correspondientes a abril de 2026, estima que la cifra real se sitúa entre un mínimo de 718 y un máximo de 4.506 trabajadoras en situación administrativa irregular, en vísperas de la entrada en vigor del Real Decreto 316/2026 de regularización administrativa extraordinaria.
Canarias afronta una bolsa invisible de empleo doméstico irregular
El Observatorio de Derechos Sociales de Canarias ha puesto cifras a una realidad laboral difícil de medir: la presencia de mujeres migrantes que trabajan en hogares del Archipiélago sin contrato ni alta en la Seguridad Social. Según el estudio, entre 718 y 4.506 trabajadoras del hogar podrían encontrarse en esta situación en Canarias.
La estimación se realiza en un momento especialmente relevante, tras la aprobación del Real Decreto 316/2026, que inicia un proceso de regularización administrativa extraordinaria con capacidad para beneficiar a unas 500.000 personas en el conjunto del Estado. Para ODESOCAN, este contexto abre una ventana de oportunidad para abordar una realidad marcada por la precariedad, la falta de reconocimiento y la invisibilidad estadística.
El informe sitúa a Canarias entre los territorios con mayor informalidad del Estado en este sector, a partir del cruce de fuentes oficiales, registros administrativos de la Seguridad Social, encuestas sectoriales nacionales y el peso demográfico del Archipiélago.
Un cálculo entre el suelo estadístico y el techo estructural
El estudio parte de las 2.153 mujeres extranjeras afiliadas al Sistema Especial de Empleadas del Hogar en Canarias. A partir de esa base, ODESOCAN aplica dos métodos complementarios para estimar la dimensión de la irregularidad.
El primer cálculo, considerado conservador, toma como referencia el ratio documentado por la Universidad de A Coruña y la Plataforma por un Empleo del Hogar y de Cuidados con Plenos Derechos en 2024. Según esa aproximación, una de cada cuatro mujeres migrantes del sector se encuentra en situación irregular. Aplicado a Canarias, ese método arroja una cifra mínima de 718 trabajadoras.
El segundo método compara el peso demográfico de Canarias en el conjunto del Estado, situado en el 4,62%, con su peso en las afiliaciones al empleo del hogar, que apenas alcanza el 1,49% del total estatal. Esa diferencia de 3,13 puntos porcentuales, la segunda mayor del Estado tras Andalucía, se traduce en un déficit de afiliación de 4.506 trabajadoras. Esa cifra se toma como techo estructural de la estimación.
La falta de datos también forma parte del problema
ODESOCAN intentó aplicar un tercer método basado en microdatos de la Encuesta de Población Activa, pero tuvo que descartarlo por inviabilidad muestral. El cruce entre comunidad autónoma, género, nacionalidad y ocupación en Canarias arrojó un número de casos demasiado reducido para obtener resultados publicables con garantías estadísticas.
Para el observatorio, este vacío no es un elemento menor. La dificultad para medir con precisión el fenómeno refleja hasta qué punto el empleo doméstico irregular permanece fuera del radar institucional. La ausencia de datos suficientes no elimina el problema, sino que lo hace más difícil de detectar, dimensionar y corregir.
En el caso de las trabajadoras migrantes del hogar, la invisibilidad estadística se suma a una situación ya marcada por varias capas de vulnerabilidad: ser mujer, trabajar en el ámbito de los cuidados, ser migrante y, en muchos casos, carecer de documentación regularizada.
Violencia laboral, pobreza y precariedad en el sector de los cuidados
El informe también incorpora evidencia recopilada por Oxfam Intermón en 2026 y respaldada por 150 organizaciones del Estado. Según esos datos, el 49,2% de las trabajadoras del hogar encuestadas afirma haber vivido alguna forma de violencia laboral.
Entre las situaciones más frecuentes figuran el control excesivo mediante cámaras, llamadas y mensajes constantes, señalado por el 49,2% de las encuestadas; las faltas de respeto e insultos, con un 47,8%; el impago de salarios, con un 29,7%; las proposiciones sexuales, con un 17,1%; la violencia física, también con un 17,1%; y los tocamientos sin consentimiento, con un 8,5%.
La precariedad económica también aparece como una de las principales consecuencias de este modelo laboral. Tres de cada diez trabajadoras del sector no obtienen ingresos suficientes para salir de la pobreza, lo que evidencia que el empleo doméstico y de cuidados continúa siendo uno de los espacios laborales más frágiles, feminizados y menos protegidos.
El precedente de 2005 y el riesgo de volver a la informalidad
ODESOCAN recuerda que la regularización de 2005 fue la única con impacto documentado en este sector. En aquel momento, la tasa de irregularidad se redujo del 70% al 45% en un año. Sin embargo, el efecto no se mantuvo en el tiempo y la irregularidad volvió a crecer hasta que la reforma de 2012 obligó a cotizar desde la primera hora.
El informe advierte de que la regularización extraordinaria de 2026 puede repetir esa misma paradoja si no va acompañada de medidas estructurales. Es decir, puede producir un impacto inicial positivo, pero insuficiente si no se refuerzan la inspección laboral, la protección de derechos, la política fiscal y el reconocimiento económico del trabajo de cuidados.
Desde 2018, las afiliadas al Sistema Especial de Empleadas del Hogar han caído un 17% en el conjunto del Estado, pasando de 419.000 a 347.000 en mayo de 2025. Para el observatorio, esta evolución refleja una tendencia preocupante en un sector esencial para el sostenimiento de la vida cotidiana.
El valor económico de los cuidados en Canarias
El estudio vincula la situación de estas trabajadoras con un debate más amplio sobre el valor real del trabajo de cuidados en Canarias. Según el Diagnóstico de Cuidados de Larga Duración de Acufade citado por ODESOCAN, el trabajo de cuidados alcanza en el Archipiélago un valor de 3.174 millones de euros anuales, una cantidad equivalente a cuatro veces el presupuesto de la Consejería de Bienestar Social y al 5% del PIB regional.
Este dato permite dimensionar la importancia económica y social de una actividad que, pese a ser imprescindible, continúa desarrollándose muchas veces en condiciones de informalidad, bajos salarios, falta de derechos y escaso reconocimiento público.
La regularización administrativa puede ser un primer paso, pero ODESOCAN insiste en que no garantiza por sí sola la equiparación de derechos ni el cierre de la brecha de género. Para que el proceso tenga un impacto duradero, el observatorio plantea la necesidad de acompañarlo de políticas públicas que aborden la raíz de la precariedad en el empleo doméstico y los cuidados.
Una oportunidad para transformar el empleo doméstico en Canarias
La entrada en vigor del proceso de regularización extraordinaria sitúa a Canarias ante un reto social y laboral de primer orden. La cuestión no se limita a regularizar situaciones administrativas individuales, sino a reconocer un sector que sostiene a miles de hogares y que sigue dependiendo, en buena medida, del trabajo de mujeres migrantes en condiciones de alta vulnerabilidad.
El estudio de ODESOCAN plantea una advertencia clara: sin medidas complementarias, el proceso de 2026 puede aliviar temporalmente la situación, pero no resolver el problema estructural. La informalidad en el empleo doméstico, la violencia laboral, la pobreza y la falta de reconocimiento de los cuidados seguirán presentes si no se refuerzan los mecanismos de protección, inspección y dignificación del sector.
En un territorio como Canarias, donde el envejecimiento, la dependencia, la conciliación familiar y la desigualdad social están cada vez más presentes en el debate público, la situación de las trabajadoras del hogar migrantes deja de ser un asunto invisible para convertirse en una cuestión central de derechos sociales, igualdad y justicia laboral.
