Clavijo pide a Sánchez defender en Bruselas la conectividad aérea y marítima de Canarias
- El presidente canario reclama al Estado que mantenga las exenciones de los derechos de emisión para las regiones ultraperiféricas más allá de 2030
- El Gobierno autonómico advierte de subidas en billetes, riesgos para el turismo y pérdida de competitividad en los puertos canarios
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha reclamado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, que defienda ante la Comisión Europea el mantenimiento de las exenciones de los derechos de emisión en el transporte aéreo y marítimo para las regiones ultraperiféricas más allá de 2030. El Ejecutivo canario advierte de que la aplicación plena del Sistema Europeo de Comercio de Emisiones podría encarecer la conectividad de las Islas, afectar al turismo, al comercio y al desarrollo socioeconómico del Archipiélago.
Canarias eleva la presión ante Madrid por los derechos de emisión
Fernando Clavijo ha enviado una carta a Pedro Sánchez para pedir al Gobierno central una posición “firme y contundente” en Bruselas en defensa de las exenciones que actualmente protegen a Canarias, como región ultraperiférica, en la legislación climática europea.
La petición se produce en un momento clave, ya que la Comisión Europea ultima la evaluación del impacto de los derechos de emisión en el transporte aéreo y marítimo durante sus dos primeros años de aplicación. Las conclusiones de este informe se conocerán antes de verano y serán determinantes para saber si se mantiene la exención para las regiones ultraperiféricas y si se introducen cambios en las tasas que afectan a los puertos.
El Gobierno de Canarias considera que el Estado debe implicarse de manera directa en esta negociación, especialmente después de que Francia y Portugal hayan iniciado acciones en defensa de sus regiones ultraperiféricas. Clavijo sostiene que España debe sumarse a esa posición común para trasladar un mensaje de unidad ante las instituciones europeas.
La conectividad, una cuestión estratégica para el Archipiélago
El núcleo de la reclamación está en la dependencia absoluta de Canarias del transporte aéreo y marítimo. A diferencia de otros territorios europeos, el Archipiélago no cuenta con alternativas de conectividad por tierra, por lo que cualquier incremento en los costes de transporte tiene un impacto directo en la movilidad de residentes, mercancías, turismo y actividad económica.
Clavijo advierte en su carta de que la aplicación plena de los ETS en Canarias podría provocar un aumento de los costes del transporte y el desvío del tráfico marítimo hacia rutas alternativas. Según el presidente canario, ese escenario tendría consecuencias negativas para el turismo, el comercio y el desarrollo socioeconómico de las Islas.
La defensa de las exenciones no se plantea únicamente como una cuestión fiscal o sectorial, sino como una condición necesaria para garantizar la igualdad real de los territorios ultraperiféricos dentro de la Unión Europea.
Billetes más caros entre islas y con la Península
El Gobierno de Canarias sustenta su posición en un informe ejecutivo encargado por el Ejecutivo autonómico para evaluar el impacto que tendría la aplicación plena de los derechos de emisión en la conectividad del Archipiélago.
Según ese estudio, el precio de cada billete entre islas podría subir entre 2 y 3 euros. En el caso de los vuelos entre Canarias y la Península, el incremento estimado se situaría entre 15 y 20 euros por trayecto.
Estos aumentos tendrían un efecto directo sobre la ciudadanía canaria, especialmente en un territorio donde la movilidad aérea y marítima no es una opción complementaria, sino una necesidad cotidiana para desplazamientos familiares, laborales, sanitarios, académicos y administrativos.
Bruselas escucha, pero Canarias pide que España actúe
La carta enviada a Pedro Sánchez llega después de la agenda de trabajo que Fernando Clavijo mantuvo en Bruselas hace unas semanas. Durante esos encuentros, el presidente canario se reunió con la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para una Transición Limpia, Justa y Competitiva, Teresa Ribera; con el comisario europeo de Transporte y Turismo, Apostolos Tzitzikostas; y con el equipo del gabinete del comisario europeo del Clima, Wopke Hoekstra.
En esas reuniones, Clavijo defendió que existen razones de peso para mantener la exención de los ETS para Canarias y el resto de regiones ultraperiféricas más allá de 2030. El Ejecutivo canario señala que el comisario Tzitzikostas mostró un respaldo claro al blindaje de estas exenciones, mientras que Teresa Ribera confirmó que Bruselas se encuentra actualmente en un “proceso de escucha”.
Por ese motivo, Canarias considera que este es el momento de elevar la presión política y diplomática ante la Comisión Europea, de la mano de España y en coordinación con Francia y Portugal.
Los puertos canarios también reclaman protección
Además del transporte aéreo y marítimo con la Península, Clavijo pide al Estado que defienda un cambio en las directivas vigentes sobre derechos de emisión para garantizar la competitividad de los puertos canarios frente a los de terceros países.
La normativa actual aplica solo el 50% de las emisiones a las conexiones marítimas con terceros países, mientras que impone el 100% a las rutas con Canarias. El Gobierno autonómico considera que esta diferencia penaliza a los puertos del Archipiélago y puede favorecer el desvío de tráfico marítimo hacia instalaciones del norte de África.
El Ejecutivo canario plantea aprovechar el retoque normativo que prepara el equipo de Ursula von der Leyen para corregir esta situación y evitar que los puertos de las Islas pierdan competitividad en el marco del comercio marítimo internacional.
Una negociación europea con impacto directo en Canarias
La reclamación de Canarias se sitúa en el cruce entre política climática, conectividad, turismo, comercio y cohesión territorial. El Gobierno autonómico defiende que los objetivos medioambientales de la Unión Europea deben aplicarse teniendo en cuenta las singularidades de las regiones ultraperiféricas, reconocidas en el artículo 349 del Tratado de la Unión Europea.
Para el Archipiélago, la decisión que adopte Bruselas no será un asunto técnico menor. Puede afectar al precio de los vuelos, al coste del transporte marítimo, a la competitividad de los puertos, al sector turístico y a la economía de familias y empresas.
La posición del Gobierno de Canarias es clara: mantener las exenciones más allá de 2030 y adaptar la normativa europea para que la transición climática no se traduzca en una pérdida de conectividad ni en una penalización económica para un territorio alejado, fragmentado y dependiente del transporte aéreo y marítimo.
