Los consejos sociales de las universidades canarias piden acelerar el plan de financiación para que esté operativo en 2027
- Las universidades públicas canarias reclaman estabilidad financiera, infraestructuras e inversión en I+D+i para afrontar sus retos hasta 2027.
- La propuesta incluye 100 millones extra por universidad en diez años y medidas para abaratar residencias universitarias en Canarias.
Los consejos sociales de las dos universidades públicas canarias han trasladado al Gobierno de Canarias la necesidad de culminar con rapidez el futuro plan de financiación plurianual del sistema universitario público para que pueda desplegarse plenamente a partir de 2027. En la reunión, celebrada este 16 de abril de 2026, también plantearon inversiones complementarias en infraestructuras, investigación, transferencia de conocimiento y medidas para mejorar el acceso del estudiantado.
Un plan de financiación que buscan cerrar antes de 2027
Los presidentes de los Consejos Sociales de las universidades públicas canarias, Francisco Almeida y Ana B. Suárez, acompañados por los secretarios generales Víctor Díaz y Miguel Ángel Acosta, mantuvieron un encuentro con el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, y con la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín. Durante esa reunión expusieron al Ejecutivo autonómico varias propuestas para reforzar la estabilidad, la suficiencia financiera y la proyección estratégica del sistema universitario público de las islas.
En ese contexto, una de las cuestiones centrales fue el estado de elaboración del futuro plan de financiación plurianual de las universidades públicas canarias. Los Consejos Sociales defendieron la importancia de concretarlo a la mayor brevedad para que sirva como instrumento estable, suficiente y predecible y pueda entrar en plena operatividad en 2027, una fecha que también ha sido señalada por el Ejecutivo autonómico en sus comunicaciones públicas recientes sobre esta materia.
La propuesta económica: más fondos para infraestructuras, I+D+i y transferencia
Entre las medidas trasladadas al Gobierno destaca la propuesta de que, en el marco de la revisión del Fondo de Desarrollo de Canarias, se contemple una dotación específica de 100 millones de euros para cada universidad pública en un periodo de diez años. Esa cantidad equivaldría a 10 millones de euros anuales por universidad y estaría destinada a financiar infraestructuras universitarias, impulsar la I+D+i y desarrollar programas de transferencia de conocimiento, todo ello con carácter complementario al futuro plan de financiación.
Los Consejos Sociales también defendieron que estas inversiones se articulen mediante un programa plurianual que permita consolidar actuaciones estratégicas en el tiempo. Además, plantearon reforzar el papel de estos órganos en el seguimiento y validación de los proyectos susceptibles de financiación, en línea con su función de conexión entre la universidad y la sociedad.
El Gobierno canario mantiene el compromiso de cerrar el marco este año
Durante la reunión, Fernando Clavijo reiteró el compromiso del Gobierno de Canarias de disponer antes del próximo verano de un marco de financiación plurianual para las universidades públicas. Según lo trasladado en el encuentro, ese documento sigue en elaboración y su cierre depende todavía de la incorporación de determinados datos por parte de las propias instituciones académicas.
Ese compromiso ya había sido avanzado por el Ejecutivo y por la propia consejera Migdalia Machín en las últimas semanas, cuando se señaló que el contrato programa plurianual busca dar estabilidad financiera a la Universidad de La Laguna y a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y facilitar una mejor planificación de nuevas titulaciones y necesidades estructurales.
Residencias universitarias, precios públicos y estrategia de educación superior
Más allá de la financiación general, los Consejos Sociales trasladaron otras propuestas vinculadas al acceso y la equidad. Entre ellas figura la posibilidad de aplicar un tipo cero del IGIC a los precios públicos de residencias y colegios mayores universitarios, con el objetivo de abaratar estos servicios y facilitar el acceso del estudiantado a los recursos de alojamiento vinculados a la educación superior.
Asimismo, defendieron la elaboración de una estrategia de educación superior para Canarias que defina un marco compartido de actuación para las universidades públicas. La intención es que esa estrategia sirva para responder mejor a las necesidades sociales del archipiélago y reforzar el posicionamiento competitivo internacional del sistema universitario canario, incorporando para ello a instituciones, agentes económicos y sociales, universidades y consejos sociales.
Qué está en juego para Canarias
La petición de acelerar el plan de financiación llega en un momento en el que el sistema universitario canario busca mayor certidumbre presupuestaria para afrontar la modernización de sus campus, el desarrollo de infraestructuras, la mejora de la investigación y una oferta académica más conectada con la realidad económica y social de las islas. En los últimos meses, distintas voces institucionales han venido reclamando un marco estable que permita dejar atrás la planificación anual y avanzar hacia una política universitaria con visión de medio plazo.
Con esta reunión, los Consejos Sociales han puesto sobre la mesa una hoja de ruta que combina financiación estable, inversión complementaria y medidas de acceso para el alumnado. El objetivo compartido que trasladan al Ejecutivo autonómico es que el sistema universitario público de Canarias llegue a 2027 con una base económica y estratégica más sólida.
