Drago Canarias sitúa la vivienda en el centro del debate político en Las Palmas de Gran Canaria
- La formación plantea regular el alquiler vacacional, declarar el municipio zona tensionada, rehabilitar vivienda vacía y construir vivienda pública
- Mar Domínguez denuncia el encarecimiento de los alquileres, la pérdida de identidad de los barrios y la expulsión residencial de vecinos y trabajadores
Drago Las Palmas de Gran Canaria ha presentado oficialmente su plan en materia de vivienda para el municipio, una propuesta estructurada en cuatro ejes principales para responder a la crisis habitacional que afecta a la capital grancanaria. La formación plantea regular el alquiler vacacional, declarar todo el municipio como zona tensionada, rehabilitar vivienda vacía y construir vivienda pública, en un contexto marcado por el alto precio de los alquileres, la pérdida de poder adquisitivo y la transformación de los barrios.
Un plan de vivienda presentado desde el barrio de Schamann
Drago Las Palmas de Gran Canaria eligió el barrio de Schamann para presentar su estrategia municipal en materia de vivienda. La organización sitúa este asunto como uno de los pilares de su proyecto político para la ciudad, en un momento en el que la dificultad de acceso a una vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de Canarias.
La propuesta nace, según la formación, como respuesta al encarecimiento del alquiler, al aumento de viviendas destinadas al uso turístico, a la existencia de pisos vacíos y a la pérdida progresiva de identidad en barrios tradicionales de Las Palmas de Gran Canaria. Drago sostiene que la crisis habitacional no solo afecta a quienes buscan independizarse, sino también a familias, personas mayores, trabajadores y vecinos que ven cada vez más difícil vivir cerca de su entorno habitual.
Cuatro ejes para intervenir en el mercado residencial
El plan de vivienda presentado por Drago Las Palmas de Gran Canaria se articula en cuatro líneas principales. La primera es la regulación del alquiler vacacional y el endurecimiento de las sanciones en los casos de alquiler turístico fraudulento. La segunda plantea la declaración de todo el municipio como zona tensionada en materia de vivienda. La tercera se centra en la rehabilitación de viviendas vacías. La cuarta apuesta por la construcción de vivienda pública.
La formación defiende que estas medidas deben abordarse de forma conjunta para actuar sobre el problema estructural de la vivienda. Desde su perspectiva, las ayudas puntuales o los bonos al alquiler no son suficientes si no se interviene sobre las causas que están elevando los precios y reduciendo la oferta residencial disponible para la población local.
El alquiler vacacional y la vivienda vacía, en el centro de la crítica
La portavoz de Drago Las Palmas de Gran Canaria, Mar Domínguez, ha señalado directamente al Gobierno municipal por permitir, según afirmó, que cada vez haya más viviendas vacacionales destinadas a turistas, más pisos anunciados en portales inmobiliarios a precios elevados y alquileres de temporada que dificultan el acceso a una vivienda estable.
Domínguez también puso el foco en la existencia de viviendas vacías que, según denunció, permanecen a la espera de ser adquiridas por grandes fondos de inversión. Para la portavoz, esta situación refleja un problema de falta de voluntad política y de ausencia de medidas eficaces para proteger el derecho de los vecinos y vecinas a vivir en su ciudad.
La dirigente de Drago afirmó que muchas entidades prefieren alquilar viviendas a personas extranjeras durante una temporada antes que destinarlas a residentes durante todo el año. Con esta crítica, la organización vincula la presión turística, la especulación inmobiliaria y la precariedad residencial como parte de un mismo problema urbano.
Salarios medios y alquileres altos en una ciudad cada vez menos accesible
Drago Las Palmas de Gran Canaria enmarca su propuesta en una realidad económica concreta. Según los datos aportados por la formación, una persona trabajadora en Las Palmas de Gran Canaria cobra en torno a 1.400 euros de media, mientras que el precio medio de la vivienda se sitúa alrededor de los 1.000 euros.
Esta diferencia entre ingresos y coste residencial es uno de los argumentos centrales del plan. La organización sostiene que la situación está generando consecuencias directas sobre la vida cotidiana de la ciudadanía: jóvenes que no pueden emanciparse, familias que no pueden cambiar de vivienda aunque lo necesiten, personas mayores cuyos hijos no pueden vivir cerca y trabajadores que se ven obligados a residir lejos de su lugar de empleo.
Mar Domínguez planteó esta realidad con una pregunta directa vinculada a la movilidad y al modelo de ciudad: desde cuándo se ha normalizado, en un territorio insular, tener que pasar hora y media en una guagua para poder llegar al puesto de trabajo.
Una crítica directa al Gobierno municipal
La portavoz de Drago Las Palmas de Gran Canaria dirigió también un mensaje al equipo de gobierno del Ayuntamiento capitalino. Según Domínguez, actualmente no hay ningún partido dentro del Gobierno municipal que defienda los intereses de la mayoría de vecinos y vecinas de la ciudad.
Con esta afirmación, Drago busca situar la vivienda como un eje central del debate político municipal de cara a los próximos años. La formación asegura que tiene “las cosas claras” y un plan para Las Palmas de Gran Canaria, con medidas que, según explicó, ya se están trabajando y que se irán adaptando a la evolución de la crisis habitacional y al horizonte electoral de 2027.
La vivienda como conflicto social, económico y urbano
El plan de Drago Las Palmas de Gran Canaria no se limita a una propuesta sectorial sobre alquileres o construcción pública. La formación presenta la vivienda como un problema que afecta al modelo de ciudad, al arraigo vecinal, a la convivencia en los barrios y a la posibilidad de que las personas trabajadoras puedan residir donde desarrollan su vida.
La crisis habitacional se ha convertido en uno de los grandes debates de Canarias, especialmente en zonas sometidas a una fuerte presión turística, inmobiliaria y demográfica. En ese contexto, la propuesta de Drago introduce en la agenda municipal una batería de medidas centradas en limitar los efectos del alquiler vacacional, recuperar vivienda vacía, ampliar el parque público y declarar Las Palmas de Gran Canaria como zona tensionada.
La cuestión de fondo, según la organización, es si la ciudad debe seguir orientándose hacia un mercado residencial cada vez más condicionado por el turismo, la inversión y el alquiler temporal, o si debe recuperar capacidad política para garantizar que sus vecinos y vecinas puedan seguir viviendo en sus barrios.
