Canarias reclama al Estado agilizar las boyas de seguridad antes del verano en las zonas de baño
- Los municipios alertan de retrasos en los permisos para proteger a bañistas y ordenar el paso de embarcaciones
- El Gobierno de Canarias pide más coordinación ante una temporada clave para playas, turismo y seguridad costera
Canarias ha reclamado al Estado que agilice la autorización de las boyas de seguridad en las zonas de baño para que los ayuntamientos puedan instalarlas antes del inicio de la temporada alta de playas. La petición fue trasladada por el viceconsejero de Emergencias y Aguas del Gobierno de Canarias, Marcos Lorenzo, durante unas jornadas de trabajo convocadas por la Secretaría General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior, celebradas en Zaragoza.
La demanda responde a la preocupación expresada por la Federación Canaria de Municipios ante los retrasos en los permisos necesarios para colocar estos sistemas de balizamiento. Se trata de una medida considerada prioritaria para delimitar correctamente las zonas destinadas a bañistas y los espacios de paso de embarcaciones, especialmente en una comunidad autónoma con más de 1.500 kilómetros de litoral y una intensa actividad turística, recreativa y náutica vinculada al mar.
La seguridad en las playas depende de permisos que deben llegar a tiempo
El Gobierno de Canarias ha advertido de que los municipios necesitan contar con las autorizaciones con suficiente antelación para poder planificar sus dispositivos de seguridad en la costa. La instalación de boyas no es solo una cuestión organizativa, sino una herramienta básica para prevenir accidentes entre bañistas y embarcaciones recreativas.
Marcos Lorenzo defendió que estos elementos son esenciales para garantizar la seguridad de las personas en las zonas de baño. “Los municipios necesitan disponer de estas autorizaciones con suficiente antelación para poder instalar los sistemas de balizamiento antes del inicio de la temporada alta de playas. Estamos hablando de elementos esenciales para la seguridad de las personas y para evitar accidentes entre bañistas y embarcaciones recreativas”, señaló.
La reclamación tiene una lectura especialmente importante para municipios turísticos y costeros de Canarias, donde las playas son un espacio de uso diario para residentes y visitantes. En zonas como el sur de Gran Canaria, con una alta presión turística y una actividad marítima constante, la delimitación de los espacios de baño contribuye a ordenar la convivencia entre bañistas, embarcaciones, actividades recreativas y servicios de vigilancia.
Canarias pide anticipación para no llegar tarde al verano
Durante el encuentro, el viceconsejero trasladó al Ministerio para la Transición Ecológica la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos. El objetivo es evitar que los permisos lleguen cuando la temporada de verano ya ha comenzado o cuando los ayuntamientos tienen cerrada gran parte de su planificación de seguridad.
“No resulta razonable que los permisos lleguen cuando el verano ya ha comenzado o cuando los ayuntamientos tienen prácticamente cerrada toda la planificación de seguridad de sus costas. La prevención requiere anticipación y coordinación entre administraciones”, afirmó Lorenzo.
La posición del Gobierno de Canarias incide en una cuestión clave para la gestión pública del litoral: la prevención debe prepararse antes de que aumente la ocupación de playas y zonas de baño. En el Archipiélago, donde el buen clima y el atractivo turístico mantienen actividad en la costa durante buena parte del año, la llegada del verano incrementa todavía más la necesidad de disponer de medidas claras de protección y ordenación.
Una reivindicación municipal con impacto en el turismo y la vida local
La preocupación trasladada por la FECAM refleja una demanda directa de los ayuntamientos canarios, que son las administraciones más cercanas a la gestión diaria de playas, servicios públicos, seguridad local y atención a residentes y turistas. La autorización de las boyas de seguridad afecta de forma directa a la planificación municipal, ya que permite organizar con tiempo la vigilancia, la señalización, la protección de bañistas y la coordinación con otros servicios.
En una comunidad como Canarias, el litoral no es solo un recurso natural, sino también un espacio social, económico y turístico de primer nivel. Las playas forman parte de la vida cotidiana de la ciudadanía y son uno de los principales atractivos para millones de visitantes. Por ello, cualquier retraso en medidas vinculadas a la seguridad puede tener consecuencias en la organización de los servicios y en la prevención de riesgos.
La reclamación del Gobierno autonómico pone el foco en la necesidad de que los trámites administrativos respondan a los tiempos reales de los municipios, especialmente antes de periodos de alta afluencia. La instalación de boyas permite ordenar el uso del litoral, evitar conflictos entre actividades y reducir riesgos en zonas donde coinciden bañistas, embarcaciones y deportes náuticos.
Canarias aportará su experiencia volcánica a las nuevas directrices de Protección Civil
Las jornadas celebradas en Zaragoza también sirvieron para analizar el estado de tramitación de los borradores de las nuevas directrices básicas de Protección Civil, especialmente las relacionadas con el riesgo químico y el riesgo volcánico.
En este ámbito, Canarias pondrá a disposición del Estado la experiencia acumulada durante la erupción del volcán Tajogaite, en La Palma, con el objetivo de enriquecer los documentos técnicos y mejorar los protocolos de respuesta ante futuras emergencias.
“Canarias ha vivido una experiencia única en Europa en los últimos años y creemos que ese conocimiento debe servir para reforzar los sistemas de protección civil y la capacidad de respuesta ante emergencias volcánicas”, comentó Marcos Lorenzo.
La aportación canaria resulta especialmente relevante por la experiencia adquirida durante la gestión de una emergencia volcánica reciente, compleja y de gran impacto social, territorial y económico. El Gobierno autonómico considera que ese aprendizaje debe incorporarse a los sistemas de planificación y respuesta del conjunto del Estado.
La campaña de incendios forestales y la Red Nacional de Alerta, otros asuntos clave
El encuentro también permitió iniciar formalmente la campaña de incendios forestales de 2026 y reforzar la coordinación entre administraciones para la movilización de medios estatales. Entre los avances destacados figura la confirmación de que los medios aéreos con base en la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales de Puntagorda, en La Palma, permanecerán operativos durante todo el año.
Marcos Lorenzo calificó esta medida como una reivindicación histórica de Canarias, al considerar que permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier emergencia forestal y apoyar el trabajo permanente de las brigadas especializadas.
Además, la Secretaría General de Protección Civil presentó los avances de la Red Nacional de Alerta, que incorporará información sobre distintos riesgos, entre ellos el de tsunami. Este punto tiene especial interés para Canarias por la extensión de su litoral y por la necesidad de contar con sistemas de información y respuesta eficaces ante posibles emergencias.
También se dio a conocer una nueva aplicación tecnológica que permitirá a la ciudadanía consultar en tiempo real las alertas y los planes de emergencia activados en función de su ubicación. Esta herramienta complementará los canales de información ya existentes en el Archipiélago a través del CECOES-112 Canarias.
Una petición urgente para proteger el litoral canario
La reclamación de Canarias al Estado sitúa la seguridad en playas como una prioridad antes del verano. Los municipios necesitan permisos ágiles para instalar boyas de protección, ordenar las zonas de baño y reducir riesgos en espacios donde conviven residentes, turistas, embarcaciones y actividades recreativas.
El mensaje trasladado por el Gobierno de Canarias es claro: la prevención no puede depender de autorizaciones que lleguen tarde. En un Archipiélago con más de 1.500 kilómetros de costa, una fuerte actividad turística y una relación directa entre litoral, economía y vida social, la coordinación entre administraciones resulta esencial para garantizar playas más seguras y mejor organizadas.
