El STAP acusa a José Carlos Álamo de anunciar inversiones en la Policía Local tras el “varapalo” de la Inspección de Trabajo
- El sindicato sostiene que las mejoras anunciadas por la Concejalía de Seguridad llegan después de años de denuncias y de 16 requerimientos obligatorios
- La organización denuncia más de medio centenar de deficiencias en dependencias policiales, vestuarios, armero, vehículos y condiciones laborales
El Sindicato de Trabajadores de las Administraciones Públicas, STAP, ha acusado al concejal de Seguridad de San Bartolomé de Tirajana, José Carlos Álamo, de presentar como una iniciativa de gestión unas inversiones en la Policía Local que, según la organización sindical, llegan después de años de reclamaciones, denuncias y de la intervención de la Inspección de Trabajo. El sindicato sostiene que las actuaciones anunciadas por el Ayuntamiento no responden a una planificación preventiva propia, sino a una “rectificación forzada” tras la detección de graves deficiencias en las dependencias policiales.
La denuncia se produce en San Bartolomé de Tirajana, donde el STAP, que cuenta con dos de los cinco delegados de personal de la Policía Local, afirma que las instalaciones, los medios materiales y las condiciones laborales de la plantilla acumulan más de medio centenar de deficiencias, incumplimientos o medidas correctoras pendientes de ejecución.
El sindicato sitúa el origen del conflicto en las denuncias de 2025
Según expone el STAP, los hechos se remontan a principios de 2025, cuando la organización presentó diversas denuncias por las condiciones existentes en las dependencias de la Policía Local de San Bartolomé de Tirajana. El sindicato señala que esas denuncias advertían de problemas en las instalaciones, falta de medios materiales y deficiencias que afectaban a la seguridad y salud laboral de la plantilla.
Como consecuencia de aquellas denuncias, una inspectora de Trabajo se personó el 2 de febrero de 2025 en las dependencias policiales para realizar una actuación inspectora. De acuerdo con la versión sindical, esa inspección no pudo desarrollarse con normalidad, lo que habría motivado la apertura de un procedimiento sancionador por presunta obstrucción a la labor inspectora contra el Ayuntamiento. Según el STAP, dicho procedimiento continuaría pendiente de resolución.
La organización sindical sostiene que este episodio evidencia la gravedad del conflicto y la falta de respuesta efectiva por parte de la Concejalía de Seguridad ante unas advertencias que, según afirma, venían siendo trasladadas desde hacía tiempo por los representantes de los trabajadores.
La Inspección de Trabajo formuló 16 requerimientos obligatorios
El STAP señala que, ante la persistencia de las denuncias, el 18 de febrero de 2026 dos inspectoras de Trabajo volvieron a desplazarse a las dependencias policiales para realizar una inspección completa de las instalaciones y requerir documentación preventiva al Ayuntamiento.
Entre la documentación solicitada figuraba la evaluación de riesgos laborales de la Policía Local. Según el sindicato, del análisis realizado se desprende que esa evaluación no había sido objeto de una actualización integral durante más de una década, pese a los cambios experimentados en las instalaciones, los medios y la organización del servicio.
Como resultado de la actuación inspectora, la Inspección de Trabajo habría formulado 16 requerimientos obligatorios con un plazo de subsanación de tres meses. Entre las deficiencias señaladas por el sindicato figuran la inexistencia de vestuarios adecuados, problemas de seguridad en duchas y aseos, insuficiencia de taquillas y equipamientos, deficiencias en puestos administrativos, ausencia de protocolos de limpieza de vehículos policiales y carencias en las condiciones de seguridad del armero.
Más de 50 deficiencias entre requerimientos y medidas preventivas
Además de los requerimientos de la Inspección de Trabajo, el STAP afirma que la evaluación y planificación preventiva elaborada por la empresa especializada contratada por el propio Ayuntamiento identificó otras 37 medidas correctoras adicionales.
Entre ellas, según la organización sindical, se incluyen deficiencias en la zona fría del armero, riesgos de caída en cubierta y azotea, problemas en instalaciones eléctricas, deterioros estructurales, carencias en la señalización de emergencias y falta de determinados medios y equipos policiales exigidos por la normativa aplicable.
En total, la documentación examinada por el sindicato reflejaría la existencia de más de medio centenar de deficiencias, incumplimientos o medidas correctoras pendientes. Para el STAP, este conjunto de irregularidades constituye “el mayor fracaso” de la gestión de José Carlos Álamo al frente de la Concejalía de Seguridad.
Vestuarios, duchas y armero: las carencias más sensibles
El sindicato pone especial atención en varias deficiencias que considera especialmente graves por afectar directamente a la dignidad y seguridad de los agentes. Entre ellas, denuncia que las mujeres policía no disponen de vestuario ni duchas independientes, y que parte de la plantilla sigue viéndose obligada a cambiarse en los aseos por falta de espacios adecuados.
El STAP también cuestiona el estado del armero y de la zona destinada a la seguridad de las armas reglamentarias. Según la denuncia sindical, el Ayuntamiento habría sustituido un sistema homologado de descarga de armas por una solución provisional consistente en un barril metálico relleno de arena, utilizado por los agentes para descargar sus armas antes de depositarlas en el armero.
Para la organización, esta situación refleja el deterioro de unas dependencias policiales que deberían garantizar estándares básicos de prevención, seguridad operativa y protección laboral. El sindicato entiende que no se trata de problemas menores, sino de carencias que afectan tanto a los trabajadores como al servicio público que recibe la ciudadanía.
El STAP acusa al concejal de anunciar tarde las inversiones
La crítica principal del sindicato se dirige al momento en que el concejal de Seguridad ha anunciado las inversiones para la Policía Local. El STAP sostiene que José Carlos Álamo intenta presentar como un éxito de gestión unas actuaciones que llegan después de las denuncias sindicales, de la intervención inspectora y de los requerimientos legales.
Según la organización, a unos veinte días de que expire el plazo concedido por la Inspección de Trabajo, no consta que se hayan corregido materialmente las principales deficiencias requeridas ni que se hayan ejecutado las actuaciones preventivas calificadas como Prioridad I por la empresa contratada por el propio Ayuntamiento.
El sindicato afirma que los anuncios de inversión deben analizarse en su contexto real. A su juicio, primero llegaron las denuncias de los representantes de los trabajadores, después los requerimientos de la Inspección de Trabajo y solo entonces los anuncios públicos de inversión por parte de la Concejalía de Seguridad.
Falta de diálogo con los representantes sindicales
El STAP también denuncia la falta de diálogo social por parte del concejal de Seguridad. La organización sostiene que José Carlos Álamo lleva más de nueve meses incumpliendo su compromiso de reunirse con los sindicatos y que ni siquiera ha respondido a una propuesta reciente de colaboración para valorar conjuntamente las inversiones urgentes que necesita la Policía Local.
Para el sindicato, esta falta de respuesta demuestra un “desprecio” hacia los agentes y sus representantes legítimos. La organización considera que una situación de este alcance debería abordarse con transparencia, seguimiento y participación de quienes conocen de primera mano las necesidades reales de la plantilla.
El STAP reclama la subsanación inmediata de los requerimientos formulados por la Inspección de Trabajo, la ejecución efectiva de las medidas preventivas pendientes y la creación de un mecanismo de seguimiento que permita verificar públicamente el cumplimiento de todas las actuaciones comprometidas.
Una cuestión que afecta a la seguridad de agentes y ciudadanía
La denuncia sindical traslada el debate más allá de la confrontación política. El estado de las dependencias policiales, los vestuarios, el armero, los vehículos y los protocolos de limpieza no afecta únicamente a la plantilla, sino también al funcionamiento de un servicio esencial para San Bartolomé de Tirajana.
El municipio, uno de los principales destinos turísticos de Canarias, necesita una Policía Local con medios adecuados, instalaciones seguras y condiciones laborales dignas. Para el STAP, la pregunta que debe responder ahora el concejal no es solo cuánto dinero piensa invertir, sino por qué tuvo que intervenir la Inspección de Trabajo para que el Ayuntamiento comenzara a afrontar problemas que, según el sindicato, llevaban años siendo denunciados.
La organización concluye que los agentes de la Policía Local merecen trabajar con dignidad y seguridad, y que la ciudadanía tiene derecho a contar con un cuerpo policial que no vea condicionado su servicio por deficiencias básicas en sus propias dependencias.
