Canarias pedirá al Estado que asuma el triaje de migrantes y la representación de menores
- Candelaria Delgado se reunirá este lunes con la ministra Elma Saiz para reclamar un procedimiento común ante la llegada y atención de personas migrantes
- El Ejecutivo canario quiere aclarar cómo se aplicará el Pacto Europeo de Migración y Asilo y qué responsabilidades corresponderán al Estado y a las comunidades autónomas
El Gobierno de Canarias volverá a plantear al Estado este lunes 7 de septiembre que asuma directamente el triaje de las personas migrantes que llegan a territorio español y la figura encargada de representar y proteger los intereses de los menores migrantes no acompañados. La petición será trasladada durante una reunión entre la consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias, Candelaria Delgado, y la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.
El encuentro servirá para abordar la aplicación en Canarias de las nuevas obligaciones derivadas del Pacto Europeo de Migración y Asilo, además de analizar la situación migratoria actual y la planificación prevista ante posibles llegadas por vía marítima, aérea y terrestre durante los próximos meses.
En la reunión también participarán el viceconsejero de Bienestar Social, Francis Candil, y la secretaria general técnica, Ángeles Bogas. La consejera canaria ha solicitado además la presencia de algún representante del Ministerio competente en materia de Infancia y Adolescencia.
Canarias vuelve a plantear quién debe realizar el triaje
Uno de los principales puntos de discusión será el procedimiento inicial que debe seguirse cuando una persona migrante llega a la frontera exterior española.
El Gobierno de Canarias sostiene que el triaje debe ser asumido por el Estado y fundamenta su posición en la regulación europea que desarrolla el Pacto de Migración y Asilo. Según la interpretación trasladada por el Ejecutivo autonómico, esta primera valoración puede realizarse en la propia frontera exterior y forma parte de las responsabilidades estatales.
Candelaria Delgado ya defendió esta posición durante la última Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia celebrada en Madrid, donde también planteó que corresponde al Estado garantizar una figura de representación para los menores migrantes no acompañados.
La cuestión adquiere especial importancia en Canarias por su condición de territorio de llegada de la ruta atlántica y por la responsabilidad autonómica posterior en materia de protección de menores.
Un procedimiento común para todas las comunidades
El Ejecutivo canario aprovechará el encuentro para solicitar al Ministerio una explicación más detallada sobre las obligaciones que introduce la nueva normativa europea.
Canarias reclama que se establezca un procedimiento homogéneo para el conjunto de comunidades autónomas, evitando interpretaciones diferentes dependiendo del territorio y delimitando de manera clara qué funciones corresponden a la Administración General del Estado y cuáles deben ser asumidas por las autonomías.
El Gobierno regional sostiene que lleva meses trasladando esta cuestión por escrito a los departamentos ministeriales implicados y considera necesaria una mayor coordinación institucional antes de aplicar las nuevas exigencias.
La intención, según el Ejecutivo canario, es disponer de un marco común que ofrezca seguridad jurídica tanto a las administraciones como a los profesionales encargados de atender a las personas migrantes y, especialmente, a niños y adolescentes que llegan sin referentes familiares.
La atención a los menores vuelve al centro del debate
La situación de los menores migrantes no acompañados será uno de los ejes principales de la reunión.
Canarias plantea que estos menores deben disponer desde el comienzo del procedimiento de una persona que actúe como representante de sus intereses y garantías, de acuerdo con lo previsto en la normativa europea.
El Ejecutivo autonómico vincula esta cuestión al debate sobre el reparto de competencias y considera necesario distinguir entre la primera intervención vinculada a la entrada en territorio español y las posteriores obligaciones relacionadas con la protección de menores.
El Gobierno de Canarias asegura que mantendrá su colaboración con el Estado en la protección de niños y adolescentes migrantes, pero reclama que las actuaciones se desarrollen mediante coordinación entre administraciones y con una delimitación previa de responsabilidades.
Canarias preguntará por la previsión de nuevas llegadas
La reunión no se limitará al debate jurídico y competencial.
La delegación canaria pedirá información al Ministerio sobre la situación migratoria actual y las previsiones para los próximos meses, tanto en relación con las llegadas por mar como con las entradas por vía aérea o terrestre.
Para Canarias, esta planificación resulta especialmente relevante ante la posibilidad de nuevos episodios de presión migratoria en la ruta atlántica y la necesidad de dimensionar con antelación los recursos de primera atención y protección.
El encuentro se produce además en un momento en el que la gestión migratoria continúa ocupando un lugar central en las relaciones entre Canarias y el Gobierno del Estado.
El impacto del nuevo reglamento de Extranjería, también sobre la mesa
El Gobierno autonómico solicitará igualmente información sobre la aplicación del Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, que modifica el reglamento de desarrollo de la Ley de Extranjería.
Canarias quiere conocer tanto el alcance práctico de las modificaciones como su impacto económico y su relación con las obligaciones que deben asumir las diferentes administraciones.
La reunión del lunes permitirá así abordar conjuntamente varias cuestiones: el triaje de quienes llegan a territorio español, la representación de los menores no acompañados, la aplicación del Pacto Europeo de Migración y Asilo, la coordinación con las comunidades autónomas y la planificación ante futuras llegadas.
El Ejecutivo canario pretende que de este encuentro salga una definición más clara de las responsabilidades de cada Administración en un ámbito que afecta de manera directa a Canarias por su posición en la frontera sur europea.
