Moratorias: pan para hoy, factura para mañana
- Proteger Canarias es imprescindible, pero convertir la política turística en una competición de prohibiciones puede terminar trasladando al ciudadano una factura que nadie explicó cuando se tomaron las decisiones.
- Una Administración que paraliza actividades o modifica derechos existentes debe saber exactamente qué está haciendo y qué consecuencias económicas puede asumir.
Hay decisiones políticas que ofrecen un buen titular en el presente y dejan una factura difícil de explicar varias décadas después. Canarias tiene delante uno de esos casos. Veinticinco años después del inicio de la llamada moratoria turística, el Archipiélago afronta el cierre de un larguísimo conflicto con promotores turísticos mediante acuerdos que, según las cifras publicadas, rondan los 485 millones de euros. Una cantidad suficientemente elevada como para obligarnos a mirar hacia atrás, no tanto para buscar un culpable único, sino para preguntarnos qué ocurre cuando una Administración adopta decisiones de enorme trascendencia económica sin medir correctamente todas sus consecuencias jurídicas. Porque gobernar no consiste únicamente en decidir qué queremos impedir hoy, sino también en calcular cuánto puede costar mañana.
La moratoria turística nació a comienzos de este siglo en un contexto muy diferente al actual. Canarias atravesaba entonces un fuerte crecimiento de plazas alojativas y existía una preocupación razonable por la presión que ese desarrollo podía ejercer sobre un territorio limitado. Bajo la presidencia de Román Rodríguez se pusieron en marcha a partir de 2001 distintas medidas de contención que posteriormente quedaron incorporadas a las Directrices de Ordenación General y del Turismo de 2003. El objetivo era controlar el crecimiento turístico y establecer límites a nuevas camas. Se puede estar de acuerdo o no con aquella filosofía, pero sería injusto negar que detrás existía un debate legítimo sobre el modelo de desarrollo de las Islas. El problema aparece cuando una intención política aparentemente razonable entra en contacto con derechos urbanísticos existentes, inversiones realizadas y una realidad jurídica mucho más compleja que cualquier consigna.
Por eso tampoco sería riguroso afirmar que un tribunal declaró simplemente «ilegal la moratoria de Román Rodríguez» y que ahora Canarias tiene que desembolsar casi 500 millones como consecuencia directa de aquella decisión. La historia no es tan sencilla. Las primeras reclamaciones patrimoniales vinculadas a las normas de 2001 y 2003 llegaron a obtener resoluciones favorables para algunos empresarios, pero posteriormente esas condenas fueron revocadas por el Tribunal Supremo. La actual factura tiene un recorrido jurídico posterior en el que resulta especialmente relevante la Ley 6/2009, aprobada durante la presidencia de Paulino Rivero, cuyo artículo 17 estableció un mecanismo para propietarios de determinados suelos turísticos afectados por la moratoria que contaban con derechos urbanísticos consolidados. A partir de ahí comenzaron numerosos procedimientos administrativos que terminarían convirtiéndose en un problema muchísimo mayor.
Aquella ley permitía que determinados propietarios solicitaran la reclasificación de sus terrenos y una indemnización por los derechos edificatorios afectados. El gran problema llegó cuando la propia Administración no resolvió numerosos expedientes dentro de los plazos establecidos. El Gobierno entendió inicialmente que aquel silencio administrativo era negativo, mientras que los tribunales terminaron reconociendo efectos favorables para los solicitantes en distintos procedimientos. Comenzó entonces una sucesión de recursos, sentencias, valoraciones de terrenos, ejecuciones judiciales y negociaciones que ha acompañado a gobiernos de distintos colores durante años. Lo que probablemente parecía un conflicto urbanístico controlable acabó creciendo hasta convertirse en una contingencia económica que llegó a situar las reclamaciones empresariales en cifras cercanas a los 1.000 millones de euros.
Ese recorrido debería hacernos reflexionar especialmente ahora que vuelve a hablarse en Canarias de establecer nuevas moratorias o paralizar determinados desarrollos turísticos. La cuestión no consiste en defender a las grandes cadenas hoteleras ni en asumir que cualquier proyecto empresarial deba construirse obligatoriamente. Canarias tiene derecho a decidir qué modelo económico quiere, a proteger su territorio y a establecer límites razonables a su crecimiento. Pero el territorio no se protege mejor por utilizar la palabra «moratoria», de la misma manera que una política no se convierte automáticamente en progresista por prohibir algo. La buena política pública exige conocer qué derechos están consolidados, qué inversiones se han realizado, qué licencias existen, cuáles son las competencias de cada Administración y qué responsabilidad patrimonial puede generarse si las reglas cambian después de iniciados determinados procedimientos.
Ahí es donde la experiencia de estos últimos veinticinco años da parte de razón a Fernando Clavijo cuando advierte sobre los riesgos de plantear otra moratoria turística como respuesta inmediata al debate actual sobre el crecimiento del Archipiélago. No significa que Clavijo tenga razón en todo ni que Canarias deba aceptar un crecimiento turístico ilimitado. Significa reconocer algo bastante más elemental: una Administración que paraliza actividades o modifica derechos existentes debe saber exactamente qué está haciendo y qué consecuencias económicas puede asumir. Resulta muy sencillo obtener rédito político anunciando que no se construirá «ni una cama más». Mucho más difícil es explicar posteriormente al contribuyente que aquella decisión obliga a reservar cientos de millones de euros porque determinadas empresas acudieron a los tribunales y consiguieron hacer valer derechos reconocidos por la propia legislación.
Sin embargo, no somos conscientes del peligro que corremos interviniendolo todo. Una parte de la política contemporánea ha convertido determinadas soluciones radicales en respuestas casi automáticas ante problemas reales. Si suben los alquileres, se plantea limitar precios; si crece el turismo, se propone una moratoria; si aumenta determinado uso del territorio, aparece inmediatamente la posibilidad de prohibirlo. Son planteamientos que pueden ser políticamente atractivos porque transmiten rapidez y contundencia, pero la economía y el Derecho rara vez funcionan con la misma sencillez que un eslogan electoral. Cada intervención altera decisiones empresariales, inversiones, expectativas, derechos y comportamientos. Algunas estarán perfectamente justificadas, pero todas deberían aprobarse después de analizar con enorme rigor sus consecuencias.
Eso tampoco significa abrazar el extremo contrario. Defender la seguridad jurídica no equivale a entregar el territorio a las empresas, como tampoco cuestionar una moratoria significa defender que Canarias continúe creciendo sin límite. El Archipiélago necesita discutir seriamente sobre su capacidad de carga, el consumo de agua, la movilidad, la energía, la vivienda, los salarios y la aportación real del turismo al bienestar de la población. Probablemente haya zonas donde resulte razonable limitar nuevos desarrollos y otras donde determinadas inversiones todavía puedan tener encaje. Pero ese debate debería hacerse desde los datos, el planeamiento y la seguridad jurídica, no desde la competición política por comprobar quién propone la prohibición más contundente. Porque esta forma de hacer política solo nos llevan al mismo puerto de siempre y es donde la ciudadanía, la gente, el pueblo, en ultima instancia, paga los paltos rotos.
Lo sucedido también demuestra otra debilidad habitual de la política: quien adopta una decisión rara vez termina pagando personalmente sus consecuencias. El gobernante consigue el titular hoy, termina su mandato y, veinte años después, son otros responsables públicos quienes tienen que gestionar las sentencias y son los ciudadanos quienes aportan el dinero. Los cerca de 485 millones de euros que ahora aparecen vinculados al cierre del conflicto de la moratoria no pertenecen a un Gobierno determinado. Son recursos públicos que salen del esfuerzo del conjunto de los contribuyentes canarios y que podrían tener otros destinos. Esa debería ser razón suficiente para exigir a cualquier Ejecutivo, sea del partido que sea, una enorme prudencia antes de aprobar medidas con capacidad para alterar derechos económicos consolidados.
Canarias tiene ahora una oportunidad para aprender de uno de los episodios urbanísticos y judiciales más largos de su historia reciente antes de repetir los mismos errores bajo nuevas consignas. Proteger el territorio es necesario. Ordenar el crecimiento turístico también. Pero hacerlo desde la improvisación, la demagogia o la inseguridad jurídica puede convertirse en el ejemplo perfecto de aquello que tantas veces olvidamos cuando la política busca resultados inmediatos: pan para hoy y factura para mañana.
Yair Rodríguez Pérez
