El Gobierno mantiene hasta septiembre las ayudas frente al impacto de la guerra en Oriente Próximo
El Gobierno de España mantiene durante el verano un paquete de medidas económicas, sociales y energéticas destinado a amortiguar las consecuencias de la crisis internacional provocada por la guerra en Oriente Próximo. El plan afecta a hogares, empresas, trabajadores, transportistas y al sector primario, e incluye rebajas temporales en los carburantes, ayudas directas, protección frente a cortes de suministros y actuaciones dirigidas a reducir la dependencia energética del exterior.
El conjunto de actuaciones parte del Plan Integral de Respuesta aprobado el pasado 20 de marzo y actualizado posteriormente mediante un real decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el 29 de junio. El Ejecutivo planteó entonces una retirada gradual de buena parte de las medidas hasta finales de septiembre de 2026, aunque determinadas ayudas para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores permanecerán íntegramente durante todo el periodo previsto.
Gasolina y diésel mantienen una rebaja fiscal en septiembre, aunque será menor
Uno de los principales efectos directos para los consumidores se encuentra en el precio de los carburantes. Tras las medidas adoptadas para contener el encarecimiento de las materias primas y de la energía, el Gobierno estableció una reducción temporal del Impuesto de Hidrocarburos de 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos durante agosto y 5 céntimos por litro en septiembre, aplicable tanto a la gasolina sin plomo como al gasóleo.
La normativa contempla, además, un mecanismo automático que permitiría volver a aplicar una reducción de 20 céntimos por litro en caso de que la inflación interanual de los carburantes supere el 15%. Paralelamente, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia ha recibido mayores facultades para solicitar información a los operadores del mercado de productos petrolíferos sobre precios, ventas, costes y otros datos relevantes con el objetivo de reforzar la supervisión y la transparencia.
El plan fue diseñado después de que la escalada del conflicto internacional provocara volatilidad en los mercados, problemas en el tráfico aéreo y el bloqueo del estrecho de Ormuz, una vía estratégica para el transporte internacional de petróleo y gas. Ante el incremento de los costes energéticos y de la inflación, el paquete inicial aprobado en marzo reunió 80 medidas con una movilización superior a los 5.000 millones de euros. Según los datos del Gobierno, las actuaciones han beneficiado a 20 millones de hogares y tres millones de empresas en España.
Bono social, ayudas al transporte y al campo: estas son las medidas que continúan
El denominado escudo energético mantiene durante todo 2026 descuentos extraordinarios en el bono social eléctrico. Los consumidores domésticos considerados vulnerables disponen de una reducción del 42,5% en su factura eléctrica, mientras que el descuento aumenta hasta el 57,5% para los consumidores vulnerables severos.
La protección incluye también una ayuda mínima de 50 euros mediante el bono social térmico y la prohibición de interrumpir los suministros básicos de energía y agua a los hogares vulnerables. Para la industria electrointensiva se establece una bonificación del 80% en los peajes eléctricos de transporte y distribución, mientras que empresas y trabajadores autónomos disponen de mayor flexibilidad para adaptar sus contratos de suministro energético sin costes adicionales.
Las ayudas se mantienen igualmente para actividades especialmente expuestas al incremento del precio de los combustibles. El Gobierno ha prorrogado los apoyos dirigidos a los sectores agrario y pesquero y ha incorporado 165 millones de euros adicionales para la adquisición de fertilizantes, que se suman a los 500 millones movilizados inicialmente.
En el transporte profesional continúan las ayudas directas vinculadas al combustible y se incorpora también una nueva línea destinada al transporte ferroviario. Estas ayudas directas al transporte, así como las destinadas a agricultores, ganaderos y pescadores, quedan al margen de la retirada gradual prevista para otras medidas hasta finales de septiembre.
La protección diseñada por el Ejecutivo se extiende asimismo al empleo. Las empresas que hayan recibido estas ayudas no podrán efectuar despidos por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza mayor hasta el 30 de septiembre de 2026.
El plan adelanta, además, al 5 de diciembre de este año la entrada en vigor de la obligación de disponer de planes de movilidad sostenible al trabajo en centros pertenecientes a empresas o entidades del sector público con más de 200 trabajadores, o con más de 100 empleados por turno. Estos planes deberán fomentar alternativas como el transporte colectivo, la movilidad activa, los desplazamientos compartidos, los vehículos de bajas emisiones o el teletrabajo.
El Gobierno acelera la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles
El paquete no se limita a medidas temporales. El Ejecutivo ha incorporado actuaciones estructurales destinadas a reforzar la soberanía energética española mediante el desarrollo de energías renovables, la electrificación de la economía y una menor dependencia de los combustibles fósiles.
Entre ellas figura la eliminación progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de la Energía Eléctrica. El gravamen, situado actualmente en el 7%, bajará al 5% a finales de 2026 y al 3,5% durante 2027, con el objetivo de desaparecer definitivamente en 2028.
También se recoge una deducción de hasta el 15% en el IRPF para quienes adquieran vehículos eléctricos enchufables o de pila de combustible y se recuperan las deducciones para determinadas rehabilitaciones de viviendas y edificios que permitan reducir las necesidades de calefacción o refrigeración.
Las empresas podrán acogerse durante 2026 a libertad de amortización en el Impuesto sobre Sociedades para determinadas inversiones en eficiencia energética, mientras que las administraciones locales quedan habilitadas para establecer bonificaciones de hasta el 50% del IBI a inmuebles que incorporen sistemas de aprovechamiento de energía solar o ambiental.
El plan amplía igualmente de dos a cinco kilómetros la distancia máxima permitida entre los puntos de generación y consumo para determinadas modalidades de autoconsumo y contempla medidas para aumentar la capacidad de almacenamiento eléctrico, reforzar las redes y facilitar el despliegue de energías renovables.
Buena parte de las medidas extraordinarias afrontan así su último mes de vigencia durante septiembre, dentro del proceso de retirada gradual establecido por el Ejecutivo. El Gobierno mantiene, sin embargo, las ayudas consideradas prioritarias para los sectores directamente afectados por los costes de los combustibles y desarrolla paralelamente reformas de carácter permanente dirigidas al sistema energético español.
