Canarias impulsa la reforma de la Ley del Suelo con más reservas para vivienda pública
- El proyecto eleva del 30% al 40% la reserva para vivienda pública en suelo urbanizable y del 10% al 20% en suelo urbano consolidado, en los supuestos previstos en el texto.
- La propuesta incorpora sanciones de hasta 600.000 euros para reforzar la protección territorial y plantea reducir la documentación y los plazos del planeamiento urbanístico.
El Consejo de Gobierno de Canarias ha aprobado este lunes, 5 de octubre, el texto definitivo del proyecto de actualización de la Ley del Suelo y de los Espacios Naturales de Canarias, que será remitido al Parlamento autonómico para su debate y aprobación. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, busca facilitar el acceso a la vivienda, reforzar la protección del territorio y agilizar la planificación urbanística en el Archipiélago.
El consejero responsable del área, Manuel Miranda, ha presentado la reforma como una herramienta para responder a los desafíos de vivienda, demografía y adaptación a la normativa relacionada con el cambio climático. El documento, aprobado inicialmente en junio, fue objeto de un informe del Consejo Consultivo en septiembre y culmina ahora su tramitación dentro del Gobierno, antes de pasar a la fase parlamentaria.
Más suelo reservado para vivienda pública
Una de las principales medidas del proyecto es el incremento de las reservas de suelo destinadas a vivienda pública. Según la información facilitada por el Ejecutivo, la propuesta eleva estos porcentajes del 30% al 40% en suelo urbanizable y del 10% al 20% en suelo urbano consolidado, en las circunstancias contempladas por la reforma.
El objetivo es aumentar la disponibilidad de suelo para impulsar la construcción de vivienda pública. Miranda ha defendido el papel de esta normativa en la respuesta al problema habitacional: “La Ley del Suelo es un instrumento clave para mejorar el acceso a la vivienda. Debemos ir de la mano para mejorar la disponibilidad de inmuebles para la sociedad”.
El consejero ha señalado que la actualización mantiene la filosofía de la ley de 2017, a la que atribuye haber permitido impulsar más de 250 modificaciones del planeamiento. No obstante, considera necesario adaptar ese marco a la realidad actual de las islas y a sus necesidades territoriales y sociales.
Sanciones de hasta 600.000 euros para proteger el territorio
La protección territorial constituye otro de los ejes de la propuesta. El proyecto contempla un endurecimiento de las sanciones, que podrán alcanzar los 600.000 euros, y una ampliación de los plazos de tramitación de los procedimientos sancionadores, con el objetivo de evitar que las infracciones prescriban.
Estas medidas se integran en una reforma que, según ha explicado Miranda, se articula en cinco ámbitos: protección del territorio, agilización del planeamiento, impulso a la vivienda pública, apoyo a los municipios ante el reto demográfico y refuerzo de la seguridad jurídica del sector primario.
Menos documentación y una tramitación urbanística más ágil
El Gobierno plantea reducir en un 40% la documentación del planeamiento. Además, estima una disminución del 30% en los plazos de tramitación de los instrumentos de ordenación, como parte de las medidas destinadas a agilizar estos procedimientos.
El texto también incorpora mejoras derivadas de la intervención del Consejo Consultivo. Según Miranda, estas aportaciones permiten precisar las condiciones de la evaluación ambiental, los proyectos de interés insular o autonómico y los nuevos planes de renovación de suelos industriales.
Con estos cambios, el Ejecutivo pretende dotar de mayor claridad a los procedimientos y facilitar la actualización de los instrumentos que ordenan el territorio.
Apoyo a los municipios con retos demográficos y al sector agrario
La reforma contempla medidas dirigidas a favorecer la permanencia de población en los municipios que afrontan el reto demográfico. Entre ellas figura el acceso prioritario a ayudas o subvenciones para actualizar su planeamiento.
En el ámbito del sector primario, el proyecto prevé permitir viviendas unifamiliares en asentamientos agrícolas siempre que estén vinculadas a una actividad agraria real. Esta medida forma parte del objetivo de reforzar la seguridad jurídica de las actividades agrarias.
Un texto participado que deberá debatirse en el Parlamento
La elaboración de la propuesta se ha desarrollado durante más de un año mediante un proceso de participación en el que, según ha señalado el consejero, intervinieron alrededor de 700 profesionales en diecisiete foros.
Tras la aprobación del texto definitivo por el Consejo de Gobierno, el documento será remitido al Parlamento de Canarias. Las medidas anunciadas forman parte de un proyecto y todavía están pendientes de aprobación parlamentaria.
Miranda ha indicado que los portavoces de los grupos políticos en la comisión parlamentaria correspondiente disponen del documento desde este verano. Según ha explicado, esta entrega anticipada buscaba ampliar el tiempo disponible para su análisis y favorecer la transparencia durante la tramitación de la reforma.
