Uberización en Canarias: quién gana y qué queda en las islas
- El trabajo mediante plataformas plantea retos para los derechos laborales y la autonomía de los pequeños negocios en una economía estrechamente vinculada al turismo.
- La defensa del comercio local y de la soberanía económica abre una pregunta: quién controla las condiciones del servicio y cómo se distribuyen los ingresos.
Reservar un alojamiento, contratar un desplazamiento o pedir comida desde el móvil permite conectar a consumidores y negocios de forma inmediata. Pero detrás de esa facilidad también importa quién establece las condiciones, organiza el trabajo y cobra por cada operación. La denominada uberización de la economía sitúa estas cuestiones en el centro del debate sobre la digitalización, el empleo y el futuro de las empresas locales.
En Canarias, este análisis adquiere especial relevancia por el peso del turismo. Según los datos de Impactur difundidos por Turismo de Islas Canarias, la actividad turística alcanzó en 2025 los 23.375 millones de euros, equivalentes al 37,7 % de la economía regional, y sostuvo 413.064 empleos directos e indirectos. Estas cifras permiten dimensionar la importancia de cómo se comercializan los servicios y se distribuye la riqueza que generan.
El debate tiene, además, un horizonte normativo próximo: los Estados miembros de la Unión Europea deben completar en diciembre de 2026 la transposición de la directiva sobre trabajo en plataformas digitales, aprobada en 2024 para mejorar la protección de quienes desarrollan su actividad a través de estas empresas.
¿Qué significa la uberización de la economía?
El término describe una transformación en la que plataformas digitales conectan la demanda de un servicio con quienes lo prestan. En su dimensión laboral, puede incluir actividades como el reparto, el transporte o determinados trabajos profesionales que se encargan mediante una aplicación. El Consejo de la Unión Europea define el trabajo en plataformas precisamente a partir de esa conexión entre una solicitud y una prestación remunerada.
Los textos de referencia aportados ofrecen dos perspectivas sobre este fenómeno. La Fundación Innovación Bankinter abordaba en 2018 las posibilidades del acceso a servicios bajo demanda y sus riesgos laborales. El artículo de opinión publicado en 20minutos en noviembre de 2021 ponía el foco en la precariedad y en la dilución de las responsabilidades del empleador.
Conviene diferenciar, por tanto, la herramienta tecnológica de las condiciones bajo las que funciona. Una plataforma puede facilitar clientes y oportunidades de negocio. El conflicto aparece cuando la autonomía anunciada no se corresponde con la capacidad real de decidir cómo trabajar o en qué condiciones prestar el servicio.
¿Quién decide cuando el trabajo depende de una aplicación?
La gestión mediante algoritmos puede intervenir en la organización del servicio y en decisiones que afectan al empleo. Por eso, la cuestión laboral no se resuelve únicamente comprobando si una persona utiliza su propio vehículo o dispone de cierta flexibilidad horaria: también importa quién ejerce realmente las facultades de dirección y control.
En España, la Ley 12/2021 estableció una presunción de laboralidad para el reparto mediante plataformas cuando la empresa organiza, dirige o controla la actividad a través de la gestión algorítmica. La norma también reconoció el derecho de la representación legal de los trabajadores a recibir información sobre los parámetros de los algoritmos que influyen en sus condiciones laborales, en el acceso al empleo o en su mantenimiento. Esa presunción específica se refiere al reparto y no convierte automáticamente cualquier actividad digital en una relación asalariada.
La directiva europea aprobada en 2024 amplía la respuesta comunitaria al trabajo en plataformas. Entre sus objetivos figuran determinar correctamente la situación laboral, mejorar la transparencia de los sistemas automatizados y garantizar supervisión humana y vías para impugnar decisiones.
¿Qué está en juego para Canarias y el sur de Gran Canaria?
Desde una perspectiva de análisis económico, la importancia del turismo en Canarias obliga a prestar atención a algo más que el número de visitantes o el volumen de ventas. También resulta relevante la capacidad de los negocios para conservar márgenes, mantener una relación directa con sus clientes y decidir cómo comercializan sus servicios.
En destinos como Maspalomas y otros núcleos turísticos del sur de Gran Canaria, este debate puede trasladarse a preguntas concretas: qué condiciones acepta un establecimiento para acceder a clientes, cuánto le cuesta esa intermediación y qué alternativas tiene si cambian las reglas del servicio.
La intermediación digital puede ampliar la visibilidad de una empresa. Al mismo tiempo, depender de un único canal puede reducir su margen de decisión. Se trata de un riesgo que debe evaluarse en cada actividad, sin equiparar automáticamente una plataforma de reservas, una aplicación de reparto y un servicio de transporte: sus funciones y relaciones contractuales son diferentes.
Las fuentes consultadas no permiten cuantificar qué parte de los ingresos generados en Canarias sale del archipiélago por esta intermediación ni atribuirle una cifra concreta de pérdida de empleo. Afirmar ese impacto exigiría datos específicos.
Soberanía económica: capacidad para decidir y conservar valor
En este debate, la soberanía económica puede entenderse como la capacidad del tejido productivo canario para participar en las decisiones que condicionan su actividad y retener una parte de la riqueza que genera.
Aplicada a una pequeña empresa, esa capacidad se traduce en cuestiones prácticas: disponer de distintos canales de venta, conocer sus costes, negociar condiciones y mantener acceso a su clientela. Para las personas trabajadoras, implica que la organización digital del servicio permita identificar responsabilidades y ejercer los derechos que correspondan.
Desde esa perspectiva, fortalecer la economía local puede incluir la venta directa, la cooperación entre negocios y el desarrollo de herramientas digitales compartidas. Son posibles vías de actuación, cuya utilidad dependerá del sector y de los recursos disponibles; no constituyen medidas anunciadas en las fuentes consultadas.
¿Cómo apostar por la economía local?
La defensa del comercio y de los servicios de proximidad puede incorporar la tecnología como una herramienta para mejorar su competitividad. La formación digital, la diversificación comercial y la colaboración empresarial ofrecen un marco para debatir cómo reducir dependencias y ampliar oportunidades.
Esa apuesta también requiere valorar las condiciones del empleo. El origen local de una empresa no garantiza por sí solo un trabajo digno, del mismo modo que operar mediante una aplicación no demuestra automáticamente una irregularidad. El criterio debe ser el cumplimiento de las obligaciones y la realidad de cada relación laboral.
Para Canarias, el reto consiste en vincular la digitalización con una mayor capacidad de decisión de sus empresas y con la protección de quienes trabajan. Analizar quién organiza el servicio, quién asume sus costes y cómo se reparten los ingresos permite llevar el debate sobre la uberización a sus consecuencias concretas para la ciudadanía.
