Canarias concentra al 36,2% de su población en zonas de renta baja y mantiene estancada la tasa de exclusión
- El Atlas de Renta de 2024 sitúa a las islas como la quinta comunidad con mayor proporción de residentes en secciones censales de ingresos bajos; Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife quedan por debajo de la media nacional.
- El riesgo de pobreza descendió al 22,9% en 2025, pero el indicador de pobreza o exclusión social se mantuvo en el 31,2%. EAPN reclama un pacto contra la pobreza y el Gobierno destaca el efecto de las prestaciones públicas.
Canarias mantiene una importante brecha de ingresos respecto a otros territorios españoles. El 36,2% de su población reside en secciones censales clasificadas en el tramo de renta neta media baja, según los datos de 2024 del Atlas de Distribución de Renta de los Hogares del Instituto Nacional de Estadística (INE). El porcentaje, ligeramente inferior al 36,6% de 2023, coloca al Archipiélago como la quinta comunidad autónoma con mayor proporción de habitantes en estas zonas.
Este diagnóstico territorial coincide con la publicación del informe de EAPN sobre la pobreza en Canarias, elaborado a partir de la Encuesta de Condiciones de Vida de 2025. Sus resultados muestran dos evoluciones distintas: el riesgo de pobreza por ingresos descendió al 22,9%, mientras que la tasa AROPE, que mide el riesgo de pobreza o exclusión social, permaneció en el 31,2%, alrededor de 704.000 personas. El deterioro del componente de baja intensidad laboral contribuye a explicar por qué la mejora de los ingresos no se traduce en una reducción del indicador conjunto.
¿Qué significa que el 36,2% viva en zonas de renta baja?
El Atlas del INE distribuye las secciones censales en cuatro grupos según su renta neta media anual por habitante y calcula qué proporción de la población reside en cada uno. Por tanto, el 36,2% describe la población que vive en áreas con una renta media situada en el tramo inferior: no significa que todos sus residentes tengan los mismos ingresos ni equivale a una tasa de pobreza individual.
Canarias se sitúa por detrás de Murcia, donde el porcentaje alcanza el 58,7%; Extremadura, con el 57,5%; Andalucía, con el 56%, y Castilla-La Mancha, con el 45,7%. En el extremo contrario aparecen País Vasco, con el 1,3%; Navarra, con el 3%; Asturias, con el 4,7%, e Illes Balears, con el 5%.
Dentro del Archipiélago, otro 30,9% de la población reside en secciones de renta media-baja; el 19,2%, en las de renta media-alta, y el 13,7%, en las de renta alta. Respecto a 2023, disminuye el peso de los dos primeros grupos y aumenta el de los dos superiores.
Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife, por debajo de la renta media española
La renta neta media anual por persona en España alcanzó los 15.948 euros en 2024, tras aumentar un 6,1% respecto al año anterior. Las dos provincias canarias quedaron por debajo: Las Palmas registró 14.794 euros y Santa Cruz de Tenerife, 14.286 euros.
La diferencia respecto al promedio nacional fue de 1.154 euros anuales por habitante en Las Palmas y de 1.662 euros en Santa Cruz de Tenerife. Estas cifras son provinciales y no permiten atribuir ese mismo nivel de renta a cada municipio de Gran Canaria ni, específicamente, a sus localidades del sur y sureste.
En el conjunto del país, Gipuzkoa encabezó la clasificación provincial, con 20.790 euros por persona, seguida de Bizkaia, con 19.858 euros, y Madrid, con 19.277 euros. Las rentas más bajas correspondieron a Almería, Huelva y Jaén.
Un tercio de los municipios canarios se sitúa en el tramo inferior
El análisis municipal del Atlas coloca al 33% de los municipios de Canarias en el grupo de renta baja, mientras que el 43,2% figura en el tramo medio-bajo, el 18,2% en el medio-alto y el 5,7% en el alto.
Esta clasificación divide los municipios españoles en cuatro grupos según su renta media por habitante. El límite del tramo inferior se sitúa alrededor de los 13.407 euros anuales. Se trata de una distribución diferente de la utilizada para analizar las secciones censales, por lo que sus umbrales no deben intercambiarse.
Entre los municipios españoles de más de 2.000 habitantes, Pozuelo de Alarcón, Matadepera y Boadilla del Monte volvieron a encabezar las rentas medias. Iznalloz, El Palmar de Troya y Albuñol ocuparon las últimas posiciones.
¿Por qué baja el riesgo de pobreza y se estanca la tasa AROPE?
El informe de EAPN sitúa el riesgo de pobreza por ingresos en el 22,9% en 2025, frente al 24,6% de 2024. La carencia material y social severa también mejora, del 10,8% al 9,3%. Sin embargo, la baja intensidad de empleo en los hogares aumenta del 10,4% al 11,6%.
El indicador AROPE incluye a las personas afectadas por al menos una de esas tres situaciones. Sus componentes se solapan y no se suman directamente. Así, puede disminuir la pobreza monetaria sin que baje el porcentaje total de población en riesgo de pobreza o exclusión.
La tasa AROPE canaria permanece en el 31,2%, 5,5 puntos por encima del promedio estatal. Es la cuarta más elevada entre las comunidades autónomas, por detrás de Andalucía, Castilla-La Mancha y Murcia.
La vivienda y los imprevistos presionan a los hogares
Según la información difundida sobre el informe de EAPN, el 54,2% de la población canaria tiene dificultades para llegar a fin de mes y el 49,9% no puede afrontar un gasto imprevisto. Además, el 39,3% no puede permitirse una semana de vacaciones fuera de casa al año.
El acceso y el mantenimiento de la vivienda concentran otra parte de las dificultades. La tasa AROPE alcanza el 45,4% entre quienes viven de alquiler a precio de mercado, frente al 27,2% entre quienes residen en una vivienda en propiedad.
La información facilitada cifra en unas 293.000 las personas con retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca y en alrededor de 252.000 las que acumulan retrasos en suministros básicos. Otras 430.000 no pueden mantener su vivienda a una temperatura adecuada.
Estas dificultades se producen en un contexto de encarecimiento residencial. Entre 2015 y 2025, el precio de compraventa aumentó un 74,5% en Canarias, mientras que el incremento de la vivienda nueva alcanzó el 101,7%. El gasto mensual medio en alquiler pasó de 339 euros en 2014 a 588 euros en 2025, un 73,5% más.
EAPN reclama un pacto y el Gobierno destaca la protección social
El vicepresidente de EAPN Canarias, Fernando Rodríguez, reclama un pacto contra la pobreza que implique a las administraciones, las empresas y las organizaciones sociales. Entre las prioridades planteadas figuran mejorar el acceso y la suficiencia de las prestaciones, garantizar una vivienda asequible y avanzar hacia un empleo estable con salarios suficientes.
El Gobierno de Canarias, por su parte, destaca que la caída de 1,7 puntos del riesgo de pobreza supone unas 34.000 personas menos en esta situación respecto a 2024. También subraya que la tasa AROPE se ha reducido en 2,6 puntos respecto a 2023, una comparación compatible con su estancamiento entre 2024 y 2025.
El Ejecutivo señala que, sin el conjunto de transferencias sociales, incluidas las pensiones, la tasa de riesgo de pobreza por ingresos alcanzaría el 44,2%, frente al 22,9% actual. Este cálculo refleja el efecto conjunto de la protección social y no únicamente el de las ayudas autonómicas.
La respuesta del Ejecutivo: más gasto social y menos expedientes pendientes
En su balance, el Gobierno vincula la mejora de la atención a un gasto en servicios sociales de 724,3 euros por habitante, frente a los 575,1 euros de media estatal. También destaca la cuarta posición de Canarias en el Índice DEC 2025, con una valoración de 6,35 puntos.
Según los datos aportados por el Ejecutivo, el tiempo medio de tramitación de la dependencia ha pasado de 782 días en julio de 2023 a 214. Los expedientes pendientes de la Renta Canaria de Ciudadanía se han reducido de más de 7.500 a unos 1.400, mientras que el plazo medio de resolución ha bajado de 24 a siete meses.
El Gobierno añade que las personas usuarias de teleasistencia han aumentado de 2.352 a 17.589 y que el área de discapacidad acumula más de 57.000 resoluciones. EAPN, entretanto, insiste en reforzar la coordinación entre administraciones y en establecer compromisos compartidos para reducir la pobreza estructural.
