Canarias no puede seguir siendo el muelle de las decisiones tomadas en Madrid
El caso del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ya ha dejado tres personas fallecidas y varios casos vinculados al buque, no puede analizarse únicamente como una emergencia sanitaria internacional. Tampoco debería reducirse a una discusión simplista entre solidaridad o insolidaridad. La verdadera cuestión política es otra: quién decide, cómo decide y con qué respeto institucional se trata a Canarias cuando una crisis toca las puertas del Archipiélago.
Según la información conocida este miércoles, el Gobierno de España ha confirmado que el barco llegará a Tenerife, previsiblemente al puerto de Granadilla, después de que la Organización Mundial de la Salud solicitara colaboración para gestionar la situación. Los pasajeros extranjeros serían repatriados desde Canarias y los 14 españoles trasladados a Madrid, al Hospital Gómez Ulla, para guardar cuarentena. Además, los tres pacientes infectados han sido evacuados a Países Bajos.
Hasta ahí, el relato oficial puede sonar ordenado. Pero Canarias tiene derecho a preguntarse por qué una decisión de este calibre se comunica como un hecho consumado, por qué no se ha explicado con absoluta transparencia el protocolo sanitario, por qué no se ha aclarado con suficiente detalle la evaluación real del pasaje y por qué se elige al Archipiélago como punto de entrada cuando el buque se encontraba en aguas próximas a Cabo Verde. El propio Gobierno de España ha defendido que actúa por razones humanitarias, legales y porque Canarias dispone de capacidades sanitarias para afrontar la emergencia. Pero tener capacidad no significa aceptar que se actúe sobre Canarias sin coordinación política real.
La reacción del Gobierno de Canarias, con Fernando Clavijo al frente, ha puesto el foco precisamente en esa falta de información técnica suficiente para garantizar la seguridad pública y en la necesidad de una reunión urgente con Pedro Sánchez. Reuters recoge que el Ejecutivo canario se opuso al atraque por considerar insuficiente la información disponible sobre los criterios técnicos y las garantías sanitarias. Y ahí aparece el fondo del problema: Canarias no puede ser tratada como una simple plataforma logística del Estado cuando las consecuencias sanitarias, sociales y políticas recaen primero sobre su territorio y su población.
El hantavirus no es un asunto menor. Aunque se transmite habitualmente por contacto con excrementos, orina o saliva de roedores, la cepa Andes es una excepción relevante porque se ha documentado transmisión entre personas, especialmente en contactos estrechos. Algunos expertos subrayan que el riesgo poblacional general puede ser bajo si se aplican bien los protocolos, pero eso no elimina la obligación de informar con claridad, anticipación y rigor.
El debate, por tanto, no debería ser si Canarias debe ayudar o no. Canarias ha demostrado muchas veces que sabe ayudar. Lo hizo durante la pandemia, lo hizo en la crisis migratoria y lo hace cada día con recursos limitados. La pregunta es otra: ¿por qué cuando hay que asumir una carga, Canarias aparece siempre como solución de urgencia, pero cuando Canarias exige planificación, financiación, respeto competencial o presencia en la toma de decisiones, Madrid mira hacia otro lado?
La memoria reciente pesa. Durante la pandemia aprendimos que una crisis sanitaria mal comunicada puede generar miedo, desconfianza y consecuencias difíciles de controlar. En la crisis migratoria, Canarias también vivió decisiones improvisadas, saturación institucional y escenas indignas que jamás debieron producirse. Ahora, con el MV Hondius, vuelve a repetirse una sensación conocida: la de un Estado que decide desde lejos, invoca la solidaridad cuando le conviene y convierte al Archipiélago en el punto de gestión de problemas que no siempre ha querido prevenir ni compartir.
Canarias no necesita discursos de alarma ni marcos de odio. Tampoco necesita que la ultraderecha utilice este caso para deshumanizar a personas enfermas o vulnerables. Pero rechazar el miedo no puede significar aceptar la obediencia ciega. Defender los derechos humanos no obliga a callar ante el desprecio institucional. Se puede exigir una atención sanitaria humana, segura y eficaz, y al mismo tiempo denunciar que el Gobierno de España no puede actuar como si Canarias fuera un puerto sin voz política.
La gestión de este crucero también deja una contradicción evidente. Si los pasajeros españoles serán trasladados finalmente a Madrid para guardar cuarentena en un centro con unidades de aislamiento de alto nivel, ¿por qué Canarias debe ser el punto intermedio de una operación que, según se explica, terminará fuera del Archipiélago? Si los pasajeros extranjeros serán repatriados a sus países, ¿por qué no se ha detallado públicamente de forma más contundente por qué esa evacuación debe pasar necesariamente por Tenerife? Son preguntas legítimas, no gestos de insolidaridad.
El problema de fondo es que Canarias continúa atrapada en una relación política desigual. Madrid decide, Canarias recibe. Madrid comunica, Canarias gestiona. Madrid habla de responsabilidad de Estado, pero demasiadas veces olvida que un Estado responsable también escucha a los territorios afectados antes de imponer decisiones que pueden alterar su vida sanitaria, portuaria, social y política.
La crisis del MV Hondius pasará. Los pasajeros serán atendidos, los protocolos se aplicarán y las autoridades intentarán cerrar el episodio con una rueda de prensa y un mensaje de normalidad. Pero quedará una pregunta incómoda: ¿cuántas veces más tendrá Canarias que enterarse por la prensa o por comunicados de decisiones que afectan directamente a su seguridad, a su sistema sanitario y a su ciudadanía?
Canarias no puede seguir siendo el muelle de las decisiones tomadas en Madrid. La solidaridad debe existir, sí. Pero la solidaridad sin respeto institucional se convierte en imposición. Y la imposición, aunque venga envuelta en lenguaje humanitario, sigue siendo una forma de desprecio político.
