Canarias recibirá otros 4 millones del Estado para atender a menores migrantes no acompañados

• Sira Rego anuncia en Lanzarote un nuevo desembolso para reforzar la acogida de la infancia migrante en las Islas
• El Ministerio de Juventud e Infancia llevará a la próxima Conferencia Sectorial un fondo de 35 millones para los territorios con mayor presión migratoria

El Gobierno de España destinará otros 4 millones de euros a Canarias para reforzar la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. El anuncio fue realizado este miércoles, 17 de junio, por la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, durante su visita a Arrecife, en Lanzarote, donde defendió el compromiso del Ejecutivo central con la acogida digna de la infancia migrante en los territorios de llegada.

La medida se enmarca en la política estatal de apoyo a las comunidades autónomas que soportan mayor presión en sus sistemas de acogida, especialmente Canarias, por su condición de frontera sur europea y territorio de llegada de rutas migratorias atlánticas. Según explicó Rego, durante 2025 el Gobierno central transfirió más de 140 millones de euros a Canarias para asegurar la atención de menores migrantes no acompañados, una cantidad que representa más de la mitad de los fondos distribuidos por el Ministerio de Juventud e Infancia con este objetivo.

Un nuevo fondo estatal de 35 millones para reforzar la acogida

Además del desembolso específico para Canarias, la ministra anunció que llevará a la próxima Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia un nuevo fondo de 35 millones de euros destinado a los territorios que atienden a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados. El objetivo, según el Ministerio, es garantizar que las comunidades autónomas cuenten con recursos suficientes para responder con garantías a la acogida, protección y acompañamiento de estos menores.

Canarias será una de las autonomías beneficiarias de esa nueva financiación, con una asignación de 4 millones de euros. La medida busca aliviar la presión sobre el sistema de protección de menores del Archipiélago y reforzar la capacidad de respuesta de las administraciones ante una realidad que mantiene una dimensión humanitaria, social y territorial.

Rego defendió que la acogida de la infancia migrante debe abordarse desde la garantía de derechos y la corresponsabilidad entre administraciones. La ministra vinculó el nuevo fondo al mecanismo de acogida vinculante y solidaria impulsado tras la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, una modificación legal orientada a distribuir la atención entre comunidades autónomas y evitar la saturación de los territorios de llegada.

Canarias, epicentro de la presión migratoria en la infancia no acompañada

La llegada de menores migrantes no acompañados a Canarias ha situado al Archipiélago en el centro del debate estatal sobre la acogida, la financiación y la responsabilidad compartida entre territorios. Las Islas han reclamado durante los últimos años más recursos y un reparto más equilibrado para poder garantizar una atención adecuada a niños, niñas y adolescentes que llegan sin referentes familiares.

El anuncio de los nuevos 4 millones se produce en un momento en el que la gestión de la infancia migrante sigue siendo uno de los asuntos sociales más sensibles para Canarias. La atención a estos menores requiere plazas de acogida, equipos profesionales, asistencia jurídica, acompañamiento educativo, cobertura sanitaria y protección administrativa, elementos que dependen de una coordinación constante entre el Estado, la comunidad autónoma, los cabildos y las entidades especializadas.

La ministra sostuvo que el mecanismo de acogida vinculante y solidaria ha permitido destensar los sistemas de protección de territorios de llegada como Canarias. Según Rego, el sistema ha funcionado con normalidad y ha contribuido a garantizar derechos en el proceso de derivación y acogida.

La representación jurídica de los menores, una de las claves del nuevo marco europeo

Durante su visita a Lanzarote, Sira Rego también mantuvo una reunión con representantes del Colegio de Abogados de Lanzarote. Tras ese encuentro, la ministra se refirió a la implementación del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo y defendió que los Colegios de Abogados asuman la representación judicial de los niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados tras su llegada.

Según explicó, esta propuesta es compartida por organizaciones no gubernamentales e instituciones como el Defensor del Pueblo. El planteamiento busca reforzar las garantías jurídicas de los menores desde el primer momento, especialmente en procedimientos relacionados con identificación, protección, documentación, derivación y tutela administrativa.

La dimensión jurídica es uno de los elementos centrales en la atención a la infancia migrante, ya que se trata de menores de edad que llegan solos a territorio español y que deben quedar bajo el amparo de los sistemas públicos de protección. Por ello, el Ministerio defiende que la representación judicial especializada puede mejorar la seguridad jurídica y la defensa de sus derechos.

Un asunto social con impacto directo en Canarias y en el debate estatal

La financiación anunciada por el Gobierno central tiene una lectura especialmente relevante para Canarias, donde la acogida de menores migrantes no acompañados combina una dimensión humanitaria, social, jurídica y territorial. El Archipiélago, por su posición geográfica, continúa siendo una de las principales puertas de entrada de la ruta atlántica, lo que convierte la atención a la infancia migrante en una responsabilidad que supera el ámbito estrictamente autonómico.

El nuevo desembolso de 4 millones de euros no cierra el debate sobre la suficiencia de los recursos, pero sí supone un refuerzo económico para un sistema sometido a una presión continuada. La clave estará ahora en cómo se articula el reparto del fondo de 35 millones, qué capacidad tendrá para responder a las necesidades reales de los territorios y cómo se coordina con el mecanismo de acogida solidaria entre comunidades autónomas.

Para Canarias, el reto continúa siendo garantizar una acogida digna, proteger los derechos de los menores y evitar que la atención recaiga de forma desproporcionada sobre los territorios de llegada. El anuncio de Rego sitúa de nuevo la infancia migrante en la agenda política y social, con las Islas como uno de los escenarios principales de una cuestión que afecta al conjunto del Estado.